Los rivales de Telefónica alertan de que desregular los conductos encarecerá Internet 1,5 euros al mes
Los operadores alternativos rechazan una subida del 116% en las tarifas mayoristas en cinco años, mientras la compañía de Murtra defiende que el incremento será solo de 8 céntimos por línea
La propuesta de Telefónica para sustituir la regulación del acceso mayorista a sus infraestructuras físicas por un esquema de compromisos voluntarios ha desatado una confrontación en el sector español de las telecomunicaciones. Según fuentes de los operadores alternativos, la liberalización de las tarifas de arrendamiento de conductos, registros y postes —la denominada oferta MARCo— incrementaría el coste de acceso a la red de fibra óptica al cliente final será de 1,50 euros mensuales. Las compañías rivales señalan que este alza afectará a sus márgenes operativos y a la competencia minorista, pudiendo trasladarse a las facturas de los consumidores según las decisiones comerciales de cada firma.
La advertencia forma parte del conjunto de alegaciones preparado por los operadores alternativos para solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el rechazo de la propuesta de la compañía cotizada. Fuentes del bloque de competidores sostienen que el plan contempla un incremento acumulado del 116% en el precio del servicio MARCo en un plazo de cinco años, con una subida del 30% el primer año, así como la multiplicación por tres de las tarifas de coubicación de equipos en las instalaciones de la operadora histórica.
El impacto económico estimado obedece a la elevada dependencia que el mercado mantiene sobre la obra civil de Telefónica. Según los datos del informe sectorial elaborado por las compañías alternativas, la operadora controla el 99,2% de la infraestructura física ofertada en el mercado mayorista regulado y el 85% de la infraestructura total disponible en España. Asimismo, la documentación de los rivales indica que más del 80% de los despliegues de fibra óptica realizados por los competidores en los últimos 15 años —unos 120.000 kilómetros de subconductos— utilizan estas canalizaciones, prestando servicio a unos nueve millones de clientes.
La iniciativa de Telefónica solicita poner fin a la regulación tradicional basada en la orientación a costes. En su lugar, la operadora propone sustituir la norma regulada MARCo por un esquema de compromisos voluntarios vinculantes a cinco años. Este modelo mantendría los sistemas de tramitación de solicitudes de acceso, pero otorgaría libertad a la compañía para fijar la senda tarifaria de su obra civil, aplicando revisiones anuales en sustitución de la intervención del regulador.
Las fuentes de las operadoras rivales aseguran que la infraestructura física representa uno de los principales costes operativos de las redes fijas y que su réplica resulta técnicamente inviable o económicamente desproporcionada en la mayor parte del territorio. Cuestionan además la existencia de justificaciones financieras para el alza propuesta, argumentando que las tarifas del servicio ya registraron una subida del 11% en 2025 y que la contabilidad regulatoria de Telefónica atribuía a esta actividad un margen del 46% sobre ingresos en 2023, cifra que superaría el 50% tras la última actualización.
Frente a esta postura, el cálculo de que Telefónica hace en sus alegaciones difiere radicalmente del de sus competidores. Señalan que la subida maxima al final del periodo serían 8 céntimos hasta los 16 céntimos por línea y mes. El plan de la cotizada contempla alzas acumuladas del 60% en tres años y un incremento anual del 2% a partir de ese momento. La empresa sostiene que las tarifas de la obra civil han registrado una tendencia deflacionista continuada y que, aun tras la revisión de 2025, sus precios se sitúan un 39% por debajo de los niveles registrados en 2011.
Los operadores alternativos indican que el cálculo del coste para el cliente final que hace Telefónica incluye también a los abonados propios de Movistar (que son pagos intragrupo) en lugar de contabilizar solo las líneas de los rivales, que son los que pagan esas tasas mayoristas.
Argumentos de Telefónica
En sus alegaciones ante el regulador, Telefónica argumenta que sus tarifas se sitúan sustancialmente por debajo de las vigentes en otros países europeos y acusa expresamente a Orange de respaldar en España una oposición a la subida de precios mientras que las tarifas mayoristas que aplica en Francia son hasta 14 veces superiores a los valores medios nacionales, tras haber registrado un incremento acumulado del 540% entre 2018 y 2026.
Sin embargo, los operadores alternativos contraatacan afirmando que las estructuras tarifarias de ambos países no son directamente comparables, dado que el modelo francés imputa costes vinculados al volumen de cable y a las unidades inmobiliarias conectables dentro de un plan de transición progresiva del cobre a la fibra. Citando los datos de la Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (ARCEP), el regulador francés de las telecomunicaciones, a partir de la métrica normalizada de coste anual por kilómetro de infraestructura, el coste unitario equivalente de acceso en España continúa siendo un 110% superior al registrado en el mercado francés.
El conflicto regulatorio se encuentra pendiente de la resolución definitiva de la CNMC. Fuentes del organismo regulador prevén concluir el análisis de las alegaciones y remitir la notificación formal a la Comisión Europea entre finales del presente ejercicio y el primer mes de 2027. La decisión del consejo del regulador determinará si se mantiene la obligación de orientación a costes en el mercado o si se valida el marco de compromisos propuesto por Telefónica.