La CNMC inicia consulta sobre la propuesta de Telefónica para elevar un 116% el alquiler de sus conductos
Los competidores califican de “monopolio” la infraestructura y rechazan la desregulación
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el inicio de un proceso de consulta pública sobre la propuesta de compromisos voluntarios de Telefónica para gestionar el acceso a sus infraestructuras físicas de telecomunicaciones. El documento presentado por el operador histórico plantea sustituir la regulación tradicional, denominada oferta MARCo, por un marco contractual a cinco años que contempla un incremento acumulado en los precios de alquiler de conductos y postes de aproximadamente el 116% al término del periodo. Todos los competidores de Telefónica, con MasOrange a la cabeza, rechazan esta subida al considerarla abusiva.
La apertura de este test de mercado marca el comienzo de una tramitación regulatoria que se extenderá hasta finales de 2026 o principios de 2027. Durante esta fase, las empresas del sector, la Comisión Europea, los reguladores de los 26 estados miembros restantes de la Unión Europea, las comunidades autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios podrán presentar alegaciones al texto. El consejo de la CNMC, que experimentará una renovación con la incorporación de un nuevo presidente y tres vocales, emitirá una resolución definitiva que podría modificar los términos de la propuesta.
La propuesta de Telefónica establece un mecanismo de actualización de tarifas de carácter no lineal que concentra los mayores incrementos en los primeros ejercicios. La senda de precios detallada por el operador contempla una subida inicial del 30% sobre las cuotas recurrentes actuales, seguida de incrementos anuales del 16,96% durante los tres años posteriores, para concluir con un ajuste ligado al Índice de Precios de Consumo (IPC) previsto del 2% en el cuarto y quinto año de vigencia, según la propuesta a la que ha tenido acceso este diario. Las cuotas no recurrentes asociadas al servicio permanecerán sin variaciones respecto a los niveles vigentes. Al final del periodo, el aumento sería del 116% respecto a las tarifas actuales.
La existencia de esa infraestructura pasiva con conductos subterráneos que recorren las ciudades y localidades de toda España ha permitido el rápido despliegue de varias redes de fibra óptica cuyo coste se ha abaratado notablemente gracias a esa red de ductos que se creó para las líneas de cobre cuando Telefónica era un monopolio público y que se ha usado para desplegar las de fibra. Actualmente, unas 370 compañías utilizan este servicio para acceder a más de 120.000 kilómetros.
El impacto financiero de esta medida reportaría a Telefónica España una aportación económica directa a sus cuentas operativas. Estimaciones de analistas del mercado señalan que el operador percibe en la actualidad unos 130 millones de euros anuales por el arrendamiento de estas infraestructuras a terceros. De aplicarse el esquema de subidas propuesto, la facturación anual por este concepto se incrementaría en 143 millones de euros al cabo de cinco años, alcanzando un total de 273 millones de euros anuales. Al no requerir inversiones o costes adicionales asociados, el incremento se trasladará íntegramente al resultado bruto de explotación (ebitda) y al flujo de caja de la compañía.
El documento remitido el 15 de junio de 2026 introduce variaciones respecto a una primera versión presentada por Telefónica el 21 de febrero de 2025, la cual planteaba una subida inicial próxima al 300% que fue desestimada por el regulador. En la oferta inicial, Telefónica proponía un sistema de “precios razonables” sin baremos específicos y eliminaba el servicio mayorista de coubicación en centrales de cabecera. Asimismo, aquel borrador duplicaba los plazos de provisión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) y triplicaba los tiempos fijados para la resolución de averías operativas.
La nueva propuesta del operador histórico mantiene las condiciones técnicas, los plazos de provisión y los procedimientos de resolución de incidencias contemplados en la normativa MARCo actual. Incorpora además una oferta actualizada para el servicio de coubicación de equipos destinados al despliegue de redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en las centrales de la compañía.
Frente común contra Telefónica
Los operadores alternativos y las empresas mayoristas de infraestructura de red han manifestado una oposición unánime al planteamiento de Telefónica. Los consejeros delegados y presidentes de compañías como MasOrange, Vodafone, Digi, Adamo, Avatel y Colt, junto a responsables de empresas mayoristas de fibra como PremiumFiber, Elanta, Lyntia y Onivia, y las asociaciones Acutelan y Aotec, remitieron una carta formal de protesta a la Comisión Europea el pasado mes de abril como adelantó EL PAÍS/Cinco Días. Este movimiento da continuidad a una denuncia previa enviada a Bruselas en noviembre de 2025, en la que acusaban a Telefónica de ejercer un “monopolio” de facto sobre las canalizaciones.
El argumento de los competidores señala que el acceso a las canalizaciones y postes representa un monopolio natural irreplicable, donde Telefónica mantiene una cuota de mercado del 99% heredada de su etapa como operador público. Las empresas firmantes explican que, si bien existen alternativas de infraestructura civil de titularidad municipal o pertenecientes a compañías de distribución de agua, gas y electricidad, la inmensa mayoría de los 50 millones de accesos de fibra desplegados por operadores alternativos en España se canalizan por la red de Telefónica debido a la regulación histórica a la baja. Los operadores sostienen que el coste económico de duplicar estas redes por vías alternativas resulta inviable.
Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange, ratificó el rechazo de su compañía durante su intervención la pasada semana en el encuentro sectorial DigitalES Summit. Spenger calificó la iniciativa de Telefónica de “interesada y parcial” y apeló al criterio de la CNMC para mantener el marco vigente. Los rivales del operador histórico argumentan que el coste de alquiler de los conductos representa entre el 10% y el 20% del negocio mayorista de las denominadas fibercos, por lo que una subida de estas dimensiones alteraría los planes de rentabilidad de inversores internacionales como el fondo de Singapur GIC, titular del 25% de PremiumFiber, o AXA-BNP, propietario del 40% de Fiberpass.
Los operadores alternativos defienden que la infraestructura civil de Telefónica se comenzó a construir a principios del siglo XX y que las canalizaciones de mayor capacidad acumulan más de 40 años de antigüedad, por lo que se encuentran totalmente amortizadas. Asimismo, recuerdan que el operador histórico se ha beneficiado de subvenciones públicas europeas y cesiones municipales de suelo para la extensión de dicha red.
Telefónica alega que las tarifas de acceso a sus ductos en España han registrado una evolución deflacionista continuada. La compañía expone que, a pesar de la subida del 11% autorizada por la CNMC en junio de 2025 tras una década de congelación, los precios actuales se sitúan en un 61% de los niveles registrados en el año 2011 debido a sucesivas rebajas aplicadas por el regulador. El operador concluye que el acceso a sus ductos supone únicamente el 2% de los costes totales de despliegue de un operador eficiente y que la revisión se alinea con el retorno de inversión previsto en el Reglamento Gigabit de la Unión Europea.
La defensa de Telefónica incluye una comparativa con el mercado de telecomunicaciones de Francia, donde el operador histórico Orange, propietario de MasOrange, aplica los precios de alquiler de conductos a sus competidores. Según los datos facilitados por la compañía, el regulador francés ha autorizado un incremento superior al 130% en las tarifas de Orange desde marzo de 2024. Telefónica subraya que los precios mayoristas vigentes en Francia cuadruplican a los de España y que MasOrange cuestiona en el mercado español una actualización que su matriz francesa aplica con mayor intensidad.