Vivanta busca alternativas para mantener vivo el negocio tras caducar la oferta de Vitaldent
La compañía analiza un plan de emergencia para sobrevivir mientras espera la respuesta de Bruselas, cuya opinión sobre el rescate de la SEPI ha bloqueado la venta de 61 clínicas dentales
El futuro de Vivanta vuelve a complicarse. La oferta presentada por Donte Group, dueño de marcas de salud bucodental como Vitaldent, para adquirir parte de la red de clínicas dentales de propiedad del Grupo Aestes ha decaído tras expirar su plazo de vigencia el pasado 21 de octubre. La operación, que constituía la principal vía para mantener una parte sustancial del negocio, se ha quedado en el aire después de que la jueza que tramita el concurso de acreedores paralizara el procedimiento y consultara a la Comisión Europea sobre las implicaciones legales que tiene la venta de la compañía en la devolución del rescate público de 40 millones de euros que el Gobierno concedió en 2022. Ante esta situación, el todavía propietario de Vivanta evalúa in extremis qué margen tiene para aguantar sin un comprador mientras espera la respuesta de Bruselas, según fuentes cercanas a la compañía.
La oferta de Donte ha caducado porque la resolución judicial sigue pendiente de la opinión de las autoridades comunitarias, según comunicó Orion Bidco, vehículo del fondo canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP), propietario de Donte Group. El grupo sostiene que la prolongación de los plazos inicialmente previstos ha hecho inviable mantener su propuesta, que ya había sido prorrogada en tres ocasiones durante los dos últimos meses. La compañía ha reiterado, no obstante, su disposición a participar en las soluciones que puedan plantear otros agentes, dentro de su capacidad operativa.
Vivanta se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 3 de septiembre, tras solicitarlo de forma voluntaria al hallarse en una situación de insolvencia, que ha obligado a varios centros a suspender su actividad. La petición, aceptada por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, fue acompañada por dicha oferta, que cuenta con el apoyo del administrador concursal, figura que ejerce un experto de FTI & Partners, al entender que es la única posibilidad para que la actividad de Vivanta siga adelante.
La propuesta, que se gestó previamente en el marco de un proceso previo de búsqueda de ofertas (pre-pack) llevado a cabo por la misma firma, contemplaba la adquisición de 61 clínicas de las aproximadamente 130 que integra el perímetro de Aestes; la subrogación de 656 contratos de los 1.335 empleados activos, con sustitución del equipo directivo; el compromiso de atender los 30.000 tratamientos dentales en proceso o pendiente de realización de toda la red Vivanta, cuyo coste asciende aproximadamente a 36,9 millones; una financiación puente de hasta 16,5 millones de euros y el abono en efectivo de 3,35 millones de euros.
Sin embargo, la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) pidió a la magistrada Ana María Gallego que no diera luz verde a la oferta, debido a que en ella no se incluye el reembolso del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), a través del cual se otorgó la financiación de 40 millones (20,4 millones mediante un préstamo participativo y otros 19,6 millones mediante un préstamo ordinario), cuyo vencimiento se aplazó hasta 2028. El saldo pendiente asciende a aproximadamente 47,2 millones de euros (17,8 millones de préstamo participativo, 21,4 millones de préstamo ordinario y ocho millones de préstamo ordinario convertido).
Según argumentó en su escrito, al que tuvo acceso Cinco Días, la obligación de devolver la ayuda pública permanece “inalterable” aunque la compañía cambie de titular. Asimismo, indicó que se debe recabar autorización del Ejecutivo comunitario para liberar al nuevo dueño de la deuda, ya que de no hacerse se entendería que se ha modificado los términos del rescate, lo que podría llegar a calificarse de “ayuda de Estado indirecta”, prohibida por la legislación europea. Una postura similar ha mantenido el holding público en el concurso de acreedores de Tubos Reunidos, que se encuentra en plena fase de estudio de cinco ofertas para la adquisición de sus activos.
Ante posibles dudas, los servicios jurídicos del Estado instaron a la magistrada a consultar a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea antes de tomar una decisión, lo que implicaría dejar la resolución del concurso de acreedores en suspenso. Y es lo que efectivamente hizo la jueza, pese a que el administrador concursal advirtió que la paralización del proceso provocaría un “daño irreversible”, de acuerdo a un escrito remitido al juzgado tras conocer las alegaciones del holding público, consultado por este periódico.
Plazo de 10 días
En un auto dictado el pasado 9 de octubre, la titular del Juzgado de lo mercantil número 12 dio a Bruselas 10 días (a contar desde su recepción, que según fuentes jurídicas conocedoras del asunto ya ha recibido la comunicación) para pronunciarse sobre este asunto de urgencia. Un plazo inusual por ambos motivos: por un lado porque es poco habitual que los magistrados pongan fecha límite a una alta institución para que respondan sus dudas; y, por otro lado, porque es breve, ya que la Comisión suele responder a este tipo de consultas entre mes y medio y dos meses, según varias fuentes jurídicas familiarizadas con este tipo de procedimientos.
Ante esta situación, Aestes busca un plan de emergencia que le permita mantener levantada las persianas de las clínicas dentales en medio de la incertidumbre, según confirman fuentes cercanas a la compañía. Otras fuentes del mercado apuntan que si la SEPI suavizara esta postura, podría haber otros desenlaces para Vivanta, ya que permitiría la recepción de nuevas ofertas por las unidades productivas o la reactivación de otras que llegaron y quedaron fuera del perímetro.
En su último escrito remitido al juzgado el pasado 5 de octubre, el administrador concursal incluyó una previsión semanal de caja que alertaba de la fragilidad financiera del grupo y por la que instaba a autorizar sin más dilación la venta a Donte Group: con los cobros previstos y la tesorería disponible, la compañía podría mantener su actividad “hasta la semana del 16 al 22 de octubre. Al cierre de ese semana, una vez atendidos los pagos necesarios para la continuidad de la actividad, la caja disponible sería de 26.125 euros”.
El informe advertía, además, de un nuevo agujero de liquidez en la última semana del mes, cuando se concentran los pagos de las nóminas y de las cotizaciones a la Seguridad Social. “La situación se agrava en la semana del 23 al 31 de octubre, en la que se concentran el pago de las nóminas (2,30 millones de euros) y de las cotizaciones a la Seguridad Social (0,81 millones de euros). En esa semana la previsión arroja un déficit de tesorería de 2,99 millones de euros”, señalaba.
Con la propuesta de Donte Group vencida y la consulta europea todavía pendiente, Aestes afronta ahora el reto de ganar tiempo para encontrar una alternativa. La posibilidad de que Orion Bidco presente una nueva oferta no está confirmada y tampoco ha trascendido la existencia de otro comprador dispuesto a hacerse con los activos. El margen para mantener el negocio dependerá de la capacidad de la compañía para sostener su actividad y de que aparezca una solución que evite la liquidación.