La justicia de EE UU suma tres nuevas condenas contra España por las renovables
En total, los tribunales estadounidenses han ordenado ejecutar 12 laudos que acumulan más de 800 millones
La justicia de Estados Unidos ha sumado al listado de litigios contra España pendiente de pago por el recorte retroactivo de las primas de las renovables otras tres condenas. En total, ya son 12 los laudos que los tribunales estadounidenses han reconocido y han ordenado ejecutar, que ya rozan los 848,86 millones de euros, de los más de 1.700 millones (más intereses) pendientes de abonar en indemnizaciones.
El tribunal federal del distrito de Columbia ha ordenado ejecutar los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que obligan a nuestro país a indemnizar a los inversores afectados por los casos que salpicaron a OperaFund y Schwab (29,3 millones), Steag (27,7 millones) y Renergy (32,9 millones), según han informado fuentes cercanas a los fondos de litigación que representan a estos inversores y adquirieron los derechos de cobro.
Todos estos pleitos tienen su origen en la instalación de parques eólicos en España realizada por empresas radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo, que se acogieron al régimen de incentivos planteados por el Gobierno y que se eliminó tras varias reformas del sector entre 2010 y 2013. Por estas decisiones, medio centenar de inversores plantearon demandas de arbitraje, alegando que se vulneró el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) ―que España y la UE han abandonado― para reclamar indemnizaciones millonarias, entre los que se encuentran los afectados que han llevado los pleitos a Estados Unidos.
Estas tres condenas se suman a otras nueve que el mismo tribunal federal ha ordenado ejecutar: Watkins (77 millones), Antin (101 millones), RREEF (58,5 millones), InfraRed (28,2 millones), NextEra (290,6 millones), 9REN (unos 41,76 millones), Cube Infrastructure (33,7 millones ), BayWa (22 millones de euros) y Eurus (106,2 millones). Con motivo de la tramitación de estos litigios, los inversores han solicitado el embargo de bienes y activos españoles en territorio estadounidenses para garantizar el cobro de las indemnizaciones en caso de que España mantenga su negativa a abonarlas.
Pese a que España ha tratado de paralizar y anular todos estos procedimientos invocando inmunidad soberana y recordando que la normativa y jurisprudencia europea prohíbe afrontar dichas compensaciones, los tribunales estadounidenses han rechazado esta postura y han dado luz verde a los demandantes a desplegar su ofensiva judicial, al entender que los laudos arbitrales deben ser reconocidos como sentencias firmes.
Distintos frentes judiciales
Los fondos oportunistas que compraron los derechos de cobro de muchos de estos pleitos, encabezados por Blasket Renewable Investments, que es el que más quebraderos de cabeza está dando al Gobierno por la presión que está ejerciendo para cobrar las indemnizaciones, han abierto distintos frentes judiciales en Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur ―los inversores también cuentan con fallos favorables en estos países―, además de EE UU. En todas estas jurisdicciones han solicitado el reconocimiento y ejecución de los laudos, debido a que son los Estados donde, creen, que pueden tener fallos favorables.
La Comisión Europea, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limitó la validez de los laudos intra-UE (inversores y Estados miembro de la Unión Europea), respaldó a España en su postura de no abonar las indemnizaciones, al entender que estas podrían considerarse ayudas ilegales de Estado. En este sentido, abrió un expediente contra Bélgica por tramitar algunas de las peticiones de bloqueo de activos de los inversores, y el Gobierno de Países Bajos levantó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
De las 51 demandas de arbitraje presentadas, 29 de ellas se han resuelto a favor hasta el momento y 18 a favor del España. De los más de 10.000 millones de euros en total que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, más intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
Hasta la fecha, el Gobierno solo ha accedido a pagar un solo laudo (que también está siendo investigado por el Ejecutivo comunitario), el correspondiente a la japonesa JGC Holdings Corporation por 23,5 millones de euros, al tratarse de un inversor extracomunitario y tras llegar a un acuerdo con los inversores de cerrar todos los frentes judiciales relacionados. Aún así, las previsiones de pago del Gobierno son superiores, ya que, ha provisionado 2.943 millones de euros, según figura en la Cuenta de la Administración General del Estado de 2025, presentado en verano ante el Tribunal de Cuentas.