La nueva normativa sobre centros de datos amenaza la salida a Bolsa de Ignis
La banca de inversión advierte de la incertidumbre regulatoria. El negocio más rentable de la compañía, que aspira a captar hasta 600 millones de euros, es vender sociedades que guardan dentro el permiso para enchufar un centro de datos a la red
El nuevo mantra del sector energético son los centros de datos. Son el nuevo El Dorado de las energéticas, ya sean generadoras o distribuidoras. La fórmula mágica de esas cajas negras que dan vida a la inteligencia artificial está formada por tres ingredientes: un terreno, fibra óptica y un enchufe. Las dos primeras se consiguen con dinero. La tercera, no siempre. La normativa que prepara el Gobierno sobre el sector ha desatado la incertidumbre, y esta amenaza la salida a Bolsa de Ignis, la energética fundada en 2015 por Antonio Sieira, que exhibe como gran cartel para atraer a sus inversores su posición privilegiada en los centros de datos en España. Se propone captar un máximo de 600 millones en capital nuevo (OPS) para una valoración conjunta de unos 1.500 millones. Ignis ha declinado hacer comentarios sobre esta información.
Los bancos de inversión consultados por este periódico y otras fuentes al tanto de la situación avisan de que el proyecto de real decreto con el que el Gobierno se propone poner orden en la conexión de los centros de datos a la red eléctrica introduce un indudable riesgo para el estreno en el mercado de Ignis. Fuentes del sector energético consideran que, al menos en el calendario actual, está en entredicho. La norma puede aprobarse mientras la compañía está colocando sus acciones entre los inversores. De hecho, la previsión de Moncloa es que tenga la luz verde del Consejo de Ministros en octubre; el texto no necesita la luz verde de las Cortes. Y lo peor para un inversor es la incertidumbre sobre las normas. “Los inversores prefieren no salir a jugar hasta que las reglas no estén claras, y con esta normativa la situación para los centros de datos está en un limbo”, explica un banquero de inversión. La asociación del sector, Spain DC, de la que forman parte Amazon, Microsoft y Google, entre otros gigantes tecnológicos, señala que ya hay tres promotores dispuestos a abandonar sus proyectos si el decreto tiene luz verde en su definición actual.
La hoja de ruta de Ignis pasaba por anunciar en los próximos días su intención de cotizar para debutar a finales de octubre o inicios de noviembre y lograr 600 millones de euros de dinero fresco para desarrollar su cartera y realizar una eventual oferta de acciones existentes (OPV). Desde hace meses, tiene a todos los bancos contratados. Los coordinadores globales son Citi, Morgan Stanley y el Santander; en un segundo escalón están el BBVA, CaixaBank y UBS; y en un tercero, Alantra, Berenberg, JB Capital y el Sabadell. Las reuniones con inversores en Europa y Estados Unidos se están sucediendo ahora y el ruido de la regulación española ha llegado también a los grandes centros del poder financiero como la City o Wall Street.
La norma fue sometida a consulta pública a finales de agosto y supone un gran peso en la salida a Bolsa de esta empresa de renovables por sus cuentas. El área de negocio que más dinero le proporcionó el año pasado consiste en vender sociedades que tienen como gran activo el permiso para conectar un centro de datos a la red. Y ese permiso es precisamente lo que el decreto regula.
El sistema eléctrico español es una autopista con un número limitado de salidas. Y para entrar o salir es necesario un salvoconducto: el permiso de acceso y conexión, que otorga Red Eléctrica o la distribuidora eléctrica de la zona. Y ese documento no se compra en una tienda. Se solicita, se tramita durante años y depende de que en ese punto quede capacidad libre. En la Comunidad de Madrid, donde se concentra buena parte de la demanda de infraestructura digital de España, apenas queda.
Ignis lleva una década pidiendo esos salvoconductos. Se fundó como promotora de renovables, y la promoción consiste en buscar suelo cerca de una conexión al sistema eléctrico, pedir el acceso, tramitar los permisos y dejar el proyecto listo para construir. De ese trabajo le ha quedado una cartera de posiciones repartidas por España. La compañía, en los dos últimos años, en lugar de enfocarse en enchufar una planta solar que vierte energía a la red, se centra en enchufar a consumidores que la absorben: los centros de datos. Este es el modelo que está vendiendo a los inversores en la salida a Bolsa.
El modus operandi es, en apariencia, sencillo. Ignis crea una sociedad para cada zona, con nombres en griego, como Alfa, Beta o Gamma; dentro mete el permiso y, según cada caso, el terreno y la planta renovable que se construirá para alimentar el centro de datos. Cuando aparece un promotor del centro de datos interesado en la ubicación, Ignis no le vende el salvoconducto, sino la sociedad entera. Es decir, el comprador adquiere una compañía cuyo principal activo es el derecho a conectarse a la red.
Las cuentas individuales de la matriz del grupo, Ignis Energy Holdings, depositadas en el Registro Mercantil, permiten ponerle precio a ese derecho. En febrero de 2025, vendió una de esas filiales, Ignis Data Kappa, por 42,6 millones de euros. Su activo era un derecho de autoconsumo de 137 megavatios. En mayo vendió otra: Gamma. Entre las dos dejaron 53,5 millones de plusvalía, el 92% del beneficio declarado por la matriz ese año.
En todo caso, la venta de la sociedad no termina la relación con el promotor, y esa es la parte del modelo que la compañía defiende ante los inversores. Ignis se queda construyendo las líneas y las subestaciones, firmando contratos de suministro de energía a largo plazo con sus propias plantas (los PPA, en el argot), gestionando las baterías y operando las instalaciones.
Ignis cuenta con una cartera de activos para vender a los promotores de centros de datos. La memoria de sostenibilidad del grupo, publicada este verano, cifra en 1,9 gigavatios asegurados en ubicaciones con poco acceso a red, de los que 1,2 gigavatios están en Madrid, y reconoce 250 megavatios vendidos a centros de datos. Entretanto, el resto del negocio ha ido menguando. En marzo, Ignis vendió a la francesa Engie su comercializadora de luz y gas, con más de 50.000 clientes, que en 2024 aportaba el 62% de la facturación. Sin ella, la cifra de negocio consolidada de 2025 se quedó en 145 millones, según la memoria de sostenibilidad.
El revuelo está en que el Gobierno ha decidido poner condiciones a los centros de datos en España. El proyecto de real decreto, cuyo plazo de alegaciones se cerró el 10 de septiembre, les exige que al menos el 80% de la electricidad que consuman cada hora proceda de renovables generadas en esa misma hora, que alcancen la máxima categoría de eficiencia energética e hídrica y que quien opere la instalación esté establecido en la Unión Europea. Y vincula el cumplimiento al acceso a la red: los proyectos que todavía no estén conectados tendrán seis meses para acreditar que cumplen y, si no lo hacen, sus permisos caducarán y se ejecutarán las eventuales garantías. Un permiso que hasta ahora valía por sí mismo pasa a valer en función de lo que haga después el comprador, señalan fuentes financieras.
Fuentes conocedoras de la compañía sostienen que la norma no daña el modelo de negocio de Ignis, sino que lo refuerza, porque un centro de datos obligado a consumir energía renovable hora a hora necesita lo que la empresa vende. Una planta cercana, baterías para las horas sin sol y un contrato de suministro permanente. La compañía cerró este año un acuerdo con la francesa Engie para asegurar los ingresos de una cartera de proyectos de almacenamiento en España.
Las mismas fuentes añaden que, a la espera de la redacción final del real decreto, la previsión es que no se produzca un cambio material ni en la configuración de generación ni en el almacenamiento que la compañía desarrolla junto a sus centros de datos ni en su plan de negocio actual. Sin embargo, los inversores foráneos son muy temerosos de que el incumplimiento de las nuevas exigencias para los data centers acabe en la pérdida de la concesión, como actualmente contempla el borrador de la norma.