El Poder Judicial estudiará la suspensión como magistrado del exjefe de los servicios jurídicos contenciosos de BBVA
Eduardo Ortega Martín, que se reincorporó a la carrera judicial el pasado febrero, es uno de los exdirectivos del banco que tendrá que ir a juicio por el caso Villarejo
El auto que mandó a juicio a BBVA y a ocho de sus ex altos cargos por contratar los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo durante más de 10 años comienza a tener las primeras consecuencias para algunos de sus acusados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará si suspende como magistrado a Eduardo Ortega, ex jefe de los servicios jurídicos contenciosos de la entidad bancaria, que hace unos meses se reincorporó a la carrera judicial y que figura en la lista de acusados del caso Villarejo.
Eduardo Ortega, juez y fiscal de carrera, aterrizó en BBVA en enero de 2024. Antes de empezar su andadura en el mundo empresarial, desarrolló su actividad profesional como fiscal de la Audiencia de Tenerife y en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña;. Tras pasar varios años como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en mayo de 2013 fue elegido para presidirla. No obstante, ocupó esta responsabilidad durante menos de un año, ya que pidió una excedencia para dirigir los Servicios Jurídicos Contenciosos del banco que presidía por esas fechas Francisco González, también en el banquillo de los acusados.
La línea de investigación por la contratación del comisario comenzó a perseguirle a finales de 2019 cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó incluirle entre los exdirectivos de BBVA investigados, al entender que conocía las presuntas irregularidades en los espionajes de Villarejo a empresarios, periodistas y políticos que podían perjudicar los intereses del banco, mientras seguía en activo en la Policía Nacional. En concreto, se le atribuye su participación en la presentación de una denuncia “anónima” ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue el germen de una investigación judicial contra la asociación bancaria Ausbanc y sus dirigentes por extorsión.
El entonces juez instructor de la macrocausa, Manuel García Castellón (ya jubilado), consideró, en junio de 2024, que había indicios suficientes que acreditaban que Ortega era una de las personas que debía ir a juicio por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, lo que ha hecho que el magistrado Antonio Piña (sustituto de García Castellón y actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6) dictara el auto de apertura de juicio oral, en el que ha impuesto una fianza de 1,17 millones de euros a consignar de forma solidaria entre BBVA y las 15 personas acusadas, entre los que figura también el propio Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y medio de prisión.
Ante esta situación, y debido a que Ortega reingresó al servicio activo en la carrera judicial a principios de febrero, de acuerdo a un acuerdo del CGPJ publicado en el Boletín Oficial del Estado, el órgano de gobierno de los jueces está pendiente de iniciar los trámites de suspensión que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los casos de magistrados que se encuentren procesados o a la espera de ser juzgados. Fuentes de la institución han explicado que la Comisión Permanente ―compuesta por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y siete vocales― analizará la situación de este magistrado, destinado al Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana, una vez que reciba el auto de apertura de judicial.
Con esta última resolución, dictada el pasado 9 de julio, el juez instructor ha mandado esta línea de investigación (la novena pieza separada de la macrocausa) a la Sala de lo Penal para que busque fecha para celebrar la vista oral. Así, dio 10 días para que los acusados presenten sus escritos de defensa. Sin embargo, según han señalado fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, los abogados han manifestado sus quejas al juzgado acerca de que no tienen acceso a toda la documentación aportada a la causa, lo que puede afectar a su derecho de defensa. Por ello, han pedido que este plazo no comience a correr hasta que se subsane el problema.
Asimismo, algunos de los letrados han solicitado que se amplíe dicho tiempo de presentación de escritos hasta los 90 hábiles, lo que, de aceptarse, hace prever que los argumentos de defensa sean presentados después del verano, teniendo en cuenta además que agosto es inhábil en los tribunales.