La CNMC propone que las grandes líneas de autobús salgan a concurso por pocos años y en lotes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Ministerio de Transportes que revise ciertos puntos del modelo para la próxima licitación de las grandes líneas de autobús que cruzan el país, donde se mueven la mitad de los viajeros que realizan trayectos interurbanos en España. También aconseja que se prioricen los concursos que afectan a líneas con concesiones ya caducadas.

La opinión del órgano supervisor fue requerida en septiembre del año pasado por el departamento que lidera Óscar Puente y las recomendaciones se centran en primer lugar en minimizar el plazo de concesión, frente a los diez años de límite previsto, algo que no gusta a las compañías de transporte por ver estrechado el margen para rentabilizar sus inversiones. Otro punto es el de eludir el uso de las prórrogas en los periodos de explotación de las líneas, y se pide que se desagregue en lotes cada uno de los concursos para “asegurar la participación, fomentar la competencia [de más empresas y de menor tamaño] y lograr una mejor eficiencia en la asignación de los fondos públicos”, señala la CNMC en un informe de octubre que ve la luz ahora.

Respecto al volumen de los concursos, se indica que “la determinación del tamaño de los lotes debe orientarse en el equilibrio entre facilitar el acceso al contrato a un número significativo de operadores y permitir aprovechar las economías de escala y de densidad que se puedan producir en la realización del servicio”. Y se añade que “una duración excesiva de las concesiones es uno de los obstáculos principales a la competencia en las licitaciones públicas (competencia por el mercado), ya que impide obtener los beneficios para usuarios y Administraciones Públicas que se derivan de la renovación periódica de las concesiones”.

En el seno de la CNMC se opina que cuanto más se extiende una concesión, que hace unos años eran prácticamente a perpetuidad, se produce una “menor capacidad de adaptación de la oferta del servicio a cambios imprevistos en la demanda y aumenta el riesgo de captura del regulador, al prolongar la relación entre este y el regulado”.

Transportes ha hecho pasar por el filtro de la CNMC los borradores de los pliegos para la concesión de estos servicios públicos de transporte regular de viajeros en corredores que son de su competencia. Empresas como Avanza, Alsa, Samar, Arriva o Ruiz están entre las favoritas para hacerse con las líneas previstas en el nuevo mapa concesional. Muchas de ellas se encuentran ya vencidas en manos de estas compañías ante las dificultades que ha encontrado Transportes en los últimos años, en medio de una alta litigiosidad, para sacar adelante las licitaciones.

Otro punto en que incide la CNMC es que debería reconsiderarse la obligación de adscribir un número mínimo de autobuses a la vista de que los pliegos ya garantizan unas frecuencias y expediciones mínimas. De forma adicional, en Competencia se sostiene que han de especificarse en los pliegos los criterios para determinar la antigüedad máxima de los vehículos, utilizando parámetros económicos objetivos como es la amortización por el mayor uso de los mismos.

Entre los puntos del pliego tipo en que la CNMC ha encontrado debilidades figura el de los umbrales de solvencia económica exigidos a las operadoras de autobús, donde se reclama mayor justificación en contratos de menor tamaño o complejidad. En el pliego tipo elaborado por Transportes se exige que el patrimonio neto de las compañías de autobús no será inferior al 20% del valor anual estimado del contrato y que el volumen anual de negocios, en el mejor de los tres últimos años, esté al menos 1,5 veces sobre el valor anual estimado del contrato.

Desde el punto de vista económico, la CNMC advierte de la necesidad de reconsiderar los parámetros para determinar cuándo una oferta es anormalmente baja, o se aconseja incluir como criterio evaluable las expediciones adicionales ofertadas. Todo ello, acompañado de la supresión del criterio basado en la calidad percibida (10 puntos, al igual que el uso de vehículos no contaminantes y por encima de los seis puntos que se otorgan por la antigüedad de las flotas). Desde la Sala de Competencia, que es la que ha estudiado los pliegos, también se pide que se limite la subrogación exclusivamente al personal vinculado a la concesión y que se justifiquen las exigencias de una plantilla mínima.

Liberalización

La CNMC aprovecha su entrada en este proceso clave para el transporte por carretera para subrayar su crítica a un sistema de concesiones que ve “restrictivo” para la competencia. “La CNMC ha considerado que una liberalización del sector fomentaría la competencia y beneficiaría a los usuarios del servicio, como muestran las experiencias de países europeos que han acometido esta reforma”, se insiste en el informe. Además, se recuerda que la propia CNMC ha abogado por la “liberalización de los trayectos de más de 100 kilómetros, con la posibilidad de establecer concesiones para cubrir aquellos trayectos que no sean atendidos por los operadores del mercado libre en las condiciones requeridas”.

La patronal Confebus, presidida por Rafael Barbadillo, es firme defensora del modelo concesional por ofrecer competencia en el momento de presentar ofertas, mientras que la posterior explotación en régimen de exclusividad permite la amortización de las inversiones sin recurso, en la mayor parte de los casos, a fondos públicos.

Entre los puntos del pliego tipo que se han encontrado positivos, el órgano que preside Cani Fernández se refiere a que se permiten “formas alternativas de acreditación de la solvencia económica y financiera”; la no exigencia de experiencia previa de manera exclusiva sobre servicios regulares de transporte, o el planteamiento de la acumulación de la solvencia económica y técnica en caso de concurrencia de las empresas en UTE.

La Comisión también valora que el ministerio de Óscar Puente “otorgue preferencia y una ponderación mayoritaria a los criterios cuantificables y evaluables mediante fórmulas por su mayor objetividad, frente a criterios cuya valoración conlleve márgenes de subjetividad”. El pliego tipo para próximos concursos distingue entre criterios evaluables mediante juicio de valor, de los que dependen 30 puntos sobre un total de 100, y criterios evaluables mediante fórmulas, con 70 puntos. Estos últimos se dividen en los apartados económico (40 puntos) y criterios de calidad (30 puntos).