La CNMC busca una salida desesperada a la crisis de las circulares eléctricas tras el varapalo del Consejo de Estado
El organismo consultivo considera que el nuevo modelo retributivo de las redes vulnera la ley del sector y la presidenta de la Comisión plantea “correcciones”
El pleno del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para buscar una solución a la crisis abierta tras los dictámenes del Consejo de Estado sobre las dos polémicas circulares de retribución de las redes eléctricas que regirán para el periodo 2026-2031. Este organismo, cuyo cometido es determinar si las propuestas de normas se ajustan al ordenamiento jurídico español, ha dado el visto bueno a la circular sobre la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero “ha tumbado”...
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El pleno del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para buscar una solución a la crisis abierta tras los dictámenes del Consejo de Estado sobre las dos polémicas circulares de retribución de las redes eléctricas que regirán para el periodo 2026-2031. Este organismo, cuyo cometido es determinar si las propuestas de normas se ajustan al ordenamiento jurídico español, ha dado el visto bueno a la circular sobre la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero “ha tumbado” la relativa al nuevo modelo de retribución de la distribución, que implica un importante cambio para el sector, ya que se introduce el concepto de riesgo en las inversiones en redes de las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP).
La decisión ha supuesto un jarro de agua fría y un golpe inédito para la CNMC, ya que las circulares deben entrar en vigor antes del próximo 1 de enero, con su publicación en el BOE, o, de lo contrario, se prorrogarían por seis años tanto la actual TRF, aprobada en 2019, como el actual modelo de retribución (sin riesgo), que data de junio de 2014. Aunque los expertos consideran que la situación es prácticamente “irreversible”, ya que no hay tiempo para introducir los cambios que pide el Consejo de Estado, abrir un nuevo trámite de audiencia pública y devolverla al Consejo de Estado con las modificaciones pertinentes, la presidenta del organismo, Cani Fernández, y la directora general de Energía, Rocío Prieto, no están dispuestas a rendirse. Según fuentes próximas a la Comisión, Fernández ha propuesto aprobar la circular en cuestión introduciendo algunos cambios y, para ello, ha vuelto a emplazar al pleno el próximo lunes.
Fuentes jurídicas señalan que aprobarla sin más, únicamente “oído el Consejo de Estado”, sin subsanar las objeciones “esenciales” planteadas por este, se habría considerado una actuación “en rebeldía”. Y aunque esta opción se ha descartado, la presidenta no quiere tirar la toalla “dejándola caer” mediante la prórroga del actual modelo otros seis años, y busca para ello el apoyo de la mayoría del consejo (seis vocales), que le permitan aprobar la norma antes del día 1 de enero “introduciendo cambios a las objeciones esenciales” del Consejo de Estado. El problema, que han planteado algunos consejeros, es que cuando las objeciones son esenciales no basta con hacer simples correcciones, sino que es necesario tramitar una nueva norma, “un nuevo producto normativo”. Lo contrario, será fácil de anular ante un juez por defecto de forma
El Consejo de Estado argumenta que la propuesta de la CNMC de introducir un nuevo modelo retributivo vulnera la Ley del Sector Eléctrico en dos puntos: en la limitación de las inversiones susceptibles de ser retribuidas, algo para lo que solo es competente el Ministerio de Transición Ecológica, y en que no se puede someter a riesgo una actividad regulada y esencial como la distribución (que actúa como monopolio natural, sin competencia). Esto es, no se puede establecer una retribución ligada a la demanda futura o al número de clientes que se capten. Aunque esto choca con el riesgo que sí asumen las redes de gas, que se rigen por la Ley del Sector de Hidrocarburos, pero que no se considera una actividad esencial ni universal.
Mucha demora
El pasado 29 de octubre el consejo de la CNMC acordó remitir al Consejo de Estado unas propuestas de circulares que el sector ha rechazado públicamente. En el caso de la circular de la TRF, la Comisión plantea una tasa para el periodo regulatorio del 6,58%, mientras las compañías han reclamado un mínimo del 7%, y han hecho multitud de objeciones a la metodología de retribución, que implica un modelo completamente nuevo, por el que se retribuyen las inversiones en función de la demanda futura, cuando hasta ahora no se tenía en cuenta dicha demanda, y que podría limitar la conexión eléctrica para muchos usuarios.
Las circulares comenzaron a diseñarse a principios de este año y al retraso en su tramitación ha contribuido, entre otros, la demora del Ministerio de Transición Ecológica, que envió su dictamen preceptivo (en el que sugería una mejora de la TRF hasta el 7%) fuera de plazo, después de que el consejo del organismo aprobase su remisión al Consejo de Estado. Además, el departamento que dirige Sara Aagesen no convocó el llamado comité de orientaciones de política energética, una vía que hubiese servido de arbitraje en la batalla abierta entre una CNMC enrocada en sus posiciones y con disidencias internas (tres consejeros emitieron cuatro votos particulares) y unas compañías con toda su artillería desplegada, individualmente, y a través de la patronal Aelec.
Algunas fuentes del sector coinciden en que con Teresa Ribera, antecesora de Aagesen en el ministerio, “no se habría llegado a esta situación, pues habría arbitrado ante la CNMC para encontrar una solución, como ya hizo con la propuesta de circular del gas en 2019, que incluía un recorte inicial de la retribución del 18%”. Las eléctricas afectadas se han quejado de que el regulador no ha mantenido ninguna reunión con ellas, que se han tenido que limitar a presentar las correspondientes alegaciones tanto en la Comisión como ante el Consejo de Estado.
Presiones empresariales
Fuentes políticas aseguran que detrás de la decisión del órgano que preside Carmen Calvo, se encuentran las presiones de las grandes del sector, que se han opuesto con uñas y dientes al nuevo modelo metodológico y a una tasa que consideran insuficiente, máxime cuando el citado modelo introducía riesgo. Uno de los argumentos esgrimidos para solicitar una mayor TRF para el nuevo periodo, además de los objetivos de electrificación de la economía que requerirán mayores inversiones en redes, es la discriminación respecto a las tasas que se aplican a otros sectores regulados por la CNMC, como las telecos, el aeroportuario o el ferroviario.
Tras la decisión del órgano consultivo, las empresas deberán conformarse con que se mantenga el actual modelo de retribución, sin riesgo, y con la TRF del 6,58%, más adecuada al modelo actual, aunque hubiesen preferido que fuese más elevada. Sin embargo, temen unos años “llenos de incertidumbre y litigios”, se lamentan fuentes sectoriales.
La única solución para salvar la propuesta, cumpliendo con el Consejo de Estado, habría sido modificar la Ley del Sector Eléctrico a través de un real decreto ley. Algo que habría sido posible hace seis u ocho meses, pero no ahora, y siempre con la implicación del Gobierno. Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, resulta improbable que la CNMC lo desoiga totalmente, algo que solo ha hecho y en muy contadas ocasiones el Gobierno.