El juez impone una fianza de 6,65 millones a la consultora de ciberseguridad BeDisruptive, investigada por estafa
La compañía entró en junio en liquidación tras no llegar a un acuerdo con los acreedores para saldar sus deudas, entre los que se encuentran bancos y fondos
La situación de BeDisruptive, consultora experta en ciberseguridad que se dio a conocer tras el fichaje en septiembre de 2023 de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís tras dejar la política, se complica por momentos. El juez de Madrid que investiga a la compañía, así como a sus máximos responsables, por un posible delito de estafa les ha impuesto una fianza de 6,65 millones de euros para asegurar las posibles indemnizaciones por el impago de deudas a uno de sus financiadores, según consta en un auto con fecha del pasado 20 de noviembre, al que ha tenido acceso CincoDías. La caución llega en un momento de dificultad para la compañía, que entró en liquidación en junio tras no lograr un acuerdo con los acreedores, entre los que se encuentran bancos y fondos de inversión.
El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que tramita la denunciada presentada por Beka Finance por los presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, ha acordado esta medida cautelar para evitar que la dilación en el tiempo hasta la celebración del juicio oral y que la eventual sentencia condenatoria adquiera firmeza pueda frustrar la reparación del daño. En este sentido, el magistrado Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, recuerda que la boutique de ciberseguridad se encuentra en una complicada situación económica, por lo que ve razonable adoptar cautelas para evitar la comisión de un delito de insolvencia punible y que pueda “entorpecer la ejecución de esta resolución con cualquier conducta jurídica o de hecho”.
Según indica la resolución, la cantidad de 6,65 millones responde a un préstamo que se hizo en dos operaciones de cuatro millones de euros y 500.000 euros, a la que se debe sumar, por imperativo legal, un tercio de dicha cuantía. Y señala que esta cantidad debe ser afrontada de manera solidaria por la sociedad, así como por el exconsejero delegado la tecnológica, José Ángel Delgado, y sus socios y fundadores, los hermanos Beatriz y Julián López.
El magistrado, que recuerda en su auto que los investigados se negaron a declarar en sus interrogatorios, afirma que existen indicios suficientes sobre la conducta de engaño que habría llevado a cabo los gestores de BeDisruptive para conseguir financiación. Los gestores de la consultora aportaron documentación que habría hecho creer a los prestamistas que mantenía un saldo de 120 millones en un banco italiano y que estaba a la espera de una importante licitación del Gobierno de Costa Rica, que “iba a producir un gran desarrollo de la sociedad” y que “obtendría, así, grande beneficios (que sería la garantía de la devolución de la financiación obtenida)”, reza la resolución.
No obstante, el magistrado apunta que, de acuerdo a la denuncia y a un informe policial, el Ejecutivo del país centroamericano negó haber participado en el desarrollo de la operación citada por BeDisruptive, a lo que se suma que el certificado del banco italiano se habría emitido desde un “dominio simulado”. En esta línea, el auto asevera que la policía siguió el rastro de ese dominio e informó que la entidad bancaria ganó un arbitraje presentado contra la compañía para recuperar el dominio falso, “lo que acredita, en definitiva, que la información que recibían los denunciantes, directa o indirectamente, sobre la solvencia de la entidad prestataria en virtud de un supuesto depósito de 120 millones de euros en una entidad italiana no era remitida desde ésta sino que era remitida por el propio grupo denunciado a través de un dominio que había creado a tal efecto”.
La Audiencia Nacional rechazó investigar
BeDisruptive, que nació en 2016 y al principio se llamaba Disruptive Consulting, dejó de pagar los préstamos bancarios en enero de 2024, a lo que se sumó el impago de nóminas de los trabajadores unos meses después. Esta situación llevó a los bancos a solicitar la declaración forzosa del concurso de acreedores, a la que se adhirió la compañía de forma voluntaria.
El juzgado de lo mercantil número 19 de Madrid declaró el concurso el pasado 26 de noviembre, fecha en la que total del crédito vencido e impagado ascendía a unos 65 millones de euros, con un total de deuda reconocida superior a los 90 millones de euros frente a entidades financieras e inversores, entre las que se encuentran Sabadell, BBVA y CaixaBank, así como la sociedad público-privada especializada en la gestión de fondos estatales Cofides, además de Beka Credit. Tras no alcanzar ninguna solución para ir saldando las deudas, el juez abrió la fase de liquidación para que el administrador concursal comenzara a vender los bienes de la empresa para reunir la cantidades pendiente de pago y saldar deudas.
En paralelo, la banca decidió abrir la vía penal y planteó una querella ante la Audiencia Nacional en la que instaba a investigar la quiebra de la sociedad. Entre sus argumentos, las entidades financieras acusaron a los responsables de la consultora de ofrecer una imagen falsa de solvencia financiera y estabilidad para lograr financiación. El órgano central, tras conocer el criterio de la Fiscalía, rechazó abrir una causa porque no veía un impacto en la economía nacional, que es uno de los requisitos principales para que la Audiencia entre a analizar un asunto.
Sin embargo, la compañía que había implantado sus oficinas en la Torre de Cristal, uno de los cuatro rascacielos del complejo financiero de Madrid, y que en 2023 también anunciaba el fichaje del experto en ciberseguridad, Xavier Mitxelena, como director general (que al igual que la ex de Ciudadanos, abandonó la empresa a los 10 meses de incorporarse), no se libraba así de la justicia. Beka presentó una denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid, que ha provocado la investigación judicial en curso.
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