Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a devolver 7 millones a Celsa por retribuciones excesivas
La sentencia, que aún puede ser recurrida, resuelve la segunda de las tres demandas que los fondos propietarios de la compañía presentaron contra el expresidente
Segunda sentencia de la triple ofensiva judicial lanzada por los fondos propietarios de Celsa contra Francesc Rubiralta. Un juzgado mercantil de Barcelona ha estimado la demanda que los nuevos propietarios de la siderúrgica plantearon contra el expresidente de la firma catalana y miembro de la familia fundadora de la empresa en relación a las retribuciones variables cobradas entre 2022 y 2023, cuando la compañía estaba en una delicada situación financiera. Así, el juez le ha condenado a devolver 7.192.127,55 euros, más intereses legales, según ha informado Celsa este miércoles en un comunicado.
La familia que fundó Celsa en 1967 perdió la compañía en septiembre de 2023, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dio luz verde al plan de reestructuración que presentaron los fondos acreedores, que desde entonces tienen el control de la compañía. Dicho plan, que se registró ante el juez apenas unas horas después de que entrara en vigor el nuevo texto de la ley concursal, pasaba por convertir 1.291 millones de deuda en el 100% del capital. Tras entrar en el consejo de administración de la siderúrgica y tener plenos poderes, los nuevos dueños de Celsa abrieron la vía judicial contra el expresidente del grupo con tres demandas.
Entre ellas, se encuentra la demanda interpuesta contra Rubiralta por falta de su deber de lealtad como administrador de Celsa por el cobro de una retribución de 9.173.569,5 euros, pese a las graves necesidades financieras de Celsa, que ahora acaba de resolver el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona. La sentencia señala que estas retribuciones variables millonarias cobradas por el expresidente deben ser consideradas como “tóxicas” porque no guarda una proporción razonable con los intereses de la sociedad, su situación económica, ni con los estándares de mercado de empresas comparables, tal y como marca la Ley de Sociedades de Capital.
El juez condena a Rubiralta a reintegrar algo más de siete millones de euros que se canalizaron a través de una póliza unit linked (un seguro de ahorro o de vida mixto, cuyas aportaciones son las retribuciones variables) en un momento en el que ya “era exigible a los administradores una especial consideración hacia los intereses de los acreedores en caso de probabilidad de insolvencia”. Aunque este tipo de seguro estaba previsto en Celsa en los contratos de alta dirección desde 2017, el magistrado considera que las dotaciones denunciadas “son muy próximas, e incluso posteriores, al momento de la insolvencia actual del grupo Celsa (finales de septiembre de 2022)”.
Por ello, concluye que “los cobros se estiman lesivos de lo que por aquel entonces había de fijarse aspecto prioritario de interés social: el de los acreedores de obtener la satisfacción de sus créditos incluso por la vía de incorporación al accionario de las sociedades por mor del mecanismo de capitalización de créditos, como efectivamente sucedió”. El fallo aún no es firme, ya que puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Otras dos demandas
Los fondos también acusaron a Rubiralta de haber usado la compañía para dar préstamos “fraudulentos” por valor de 500 millones de euros a sociedades de la familia y luego no reclamarlos. Esta causa fue la primera que se resolvió y, en este caso, el resultado fue a favor del expresidente de Celsa. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona dictó su sentencia el pasado 5 de junio por la que desestimó la demanda, al entender que los créditos otorgados a Inversiones Pico Espadas (que es la que controla Celsa, que ahora está en manos de los fondos acreedores), y a Inversiones Pico Aneto e Inversiones Pico Anayet (dos vehículos de inversión de los fundadores de Celsa) eran “incobrables”.
El juez señaló que no se ha podido demostrar que el hecho de que Francesc Rubiralta no exigiera la devolución de los mismos iba en contra de los intereses de la compañía. Así, descartó que cometiera una infracción del deber de diligencia o del deber de lealtad. Además, tachó de contradictorio esta acción judicial impulsada por los fondos porque, cuando eran acreedores, tenían “pleno conocimiento de la situación del crédito intragrupo”, y no reclamaron nada.
La tercera vía judicial iniciada por parte de los nuevos dueños de Celsa está relacionada con otro supuesto préstamo de 22 millones de euros a una sociedad en la que figuraba la madre de Francesc Rubiralta, que aún está pendiente de resolver.
Sobre la firma
