Los accionistas de Celsa llevarán a Francesc Rubiralta ante los tribunales
El grupo acerero celebra su primera junta tras la toma de control de los fondos acreedores
Parecía que el fin de la guerra en Celsa había llegado cuando Francesc Rubiralta entregó las llaves de la compañía a su sucesor Rafael Villaseca. Pero aquella idea, vestida sobre un acto cordial de cesión del testigo, era más bien falsa y los dos bloques mantendrán todavía su enfrentamiento en los tribunales. La prueba se ha producido este martes durante la celebración de la junta de accionistas de la acerería española. La nueva propiedad de la acerera española, en manos ahora de los fondos de inversión que se hicieron con el control del grupo en los tribunales, ha aprobado iniciar acciones legales y el inicio de una acción social de responsabilidad contra Rubiralta por “eventuales responsabilidades acaecidas en los años que ejerció como administrador de la sociedad”.
Tras limpiar el balance económico de la empresa, los fondos DWS, Attestor, Golden Tree y Cross Ocean quieren tener claro si pueden arremeter contra la gestión de Rubiralta al frente de la compañía, que carga con una pesada losa de crédito a sus espaldas, parte de la cual apunta a ser incobrable. Sobre todo la deuda que la antigua familia propietaria tenía con el grupo acerero, 539 millones de euros a través de las sociedades patrimoniales con las que controlaban el grupo y que están en proceso judicial tras haber solicitado el concurso de acreedores voluntario.
La segunda etapa judicial ya la dejó clara Villaseca en la primera oportunidad que tuvo ante los medios de comunicación. Allí afirmó una cosa que ha repetido después ante la plantilla de la empresa, “Celsa ha salido de la UCI pero sigue en el hospital”, y además de cargar contra los anteriores gestores, apuntó a que haría todo lo que estuviera en sus manos para recuperar esos 539 millones: “La sociedad no renuncia a esa cantidad y es obligación del consejo llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano para recuperar esa cantidad”.
La primera junta de la nueva era de Celsa ha decidido que así sea. La decisión se ha tomado en la reunión de accionistas de la sociedad inversora Pico Espadas, origen societario del hólding español del acero, que además cambia de nombre para pasar a llamarse Celsa Steel. Es la referencia accionarial para un grupo cuyos números gordos son 4.765 millones de euros de facturación, un ebitda de 440 millones, una deuda de 2.316 millones y una plantilla de alrededor de 10.000 personas. Al menos esas son las cuentas de 2023 que han pasado por el encuentro entre accionistas celebrado en Castellbisbal, la población a las afueras de Barcelona, donde se encuentran las mayores instalaciones del gigante español del acero.
En la reunión también se ha decidido la entrada como consejeros de Daniel Escondrillas y Antonius Ron Deelen, que se suman a la mesa en la que también se sientan Hilario Albarracín, Elena Guede, Juan José Nieto y el secretario Daniel Alaminos, además de Villaseca y su consejero delegado, Jordi Cazorla.
Carpetazo al pasado
La junta de accionistas ha estrenado su nueva etapa con esas cuestiones encima de la mesa, que suponen más dar carpetazo a la era Rubiralta que a diseñar su futuro. En las próximas semanas y meses la compañía ha de poner hilo a la aguja y decidir su hoja de ruta, en un sudoku cuyos pasos no se entenderán sin otros que se dan paralelo. Y todos cuentan con el concurso de asesores externos, que complican todavía más la capacidad de ver un futuro que le permita dejar atrás el pasado.
Citi trabaja en la posible venta de activos extranjeros --el Gobierno condicionó la toma de control a que se mantuvieran las instalaciones en España-- del grupo que permitan a Celsa Group reducir deuda y contar con músculo financiero para atender a las inversiones que necesite en el futuro. Bain & Company tiene en el encargo de marcar las prioridades del grupo teniendo en cuenta sus capacidades actuales y el contexto. Y el consejo de administración ha reservado a Houlihan Lokey la búsqueda de un socio industrial que acompañe a los fondos de inversión en esta aventura, condición que también impuso el Gobierno para dar su plácet a la operación.
Un juzgado de lo mercantil decidió en setiembre pasado que los fondos se quedaran la compañía después de que presentaran un plan de refinanciación, tal y como les permitía la Ley Concursal. La homologación de esa propuesta suponía la conversión de 1.352 millones de deuda en la totalidad de las acciones de la sociedad, al considerar que la deuda que tenía en ese momento el grupo superaba el valor de la compañía, teniendo en cuenta la horquilla de entre 2.400 y 2.775 millones que había fijado un informe pericial de Lexaudit. En aquel momento la deuda de Celsa se situaba alrededor de los 4.000 millones.
El origen de esa deuda es la ambiciosa política de crecimiento a través de adquisiciones que pusieron en marcha los Rubiralta, un apalancamiento que fue del todo imposible de afrontar cuando la covid bloqueó la producción de acero y los ingresos dejaron de entrar en la tesorería de la compañía. A partir de ahí los fondos hoy propietarios exprimieron a Celsa para que negociara un intercambio de deuda de acciones que fue rechazada hasta el final, cuando los acreedores ya creían innecesario seguir negociando para controlar la empresa.
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