El cese del administrador concursal agita el concurso de la valenciana Toro Finance
El juzgado que tramita el concurso de acreedores reprocha su falta del deber de diligencia y nombra a un nuevo responsable para examinar el estado de la compañía
El concurso de acreedores de la compañía valenciana Toro Finance vuelve a la casilla de salida después de que el juzgado que tramita este procedimiento mercantil haya cesado al administrador concursal por falta del deber de diligencia. El Juzgado Mercantil número 3 de Valencia ha dejado sin efecto el nombramiento del hasta ahora administrador de la firma de financiación de empresas, que se ha visto salpicada por la investigación penal que se sigue contra los antiguos gestores del grupo Gedesco por desvío de fondos, al considerar que se saltó la suspensión de los plazos concursales con la presentación de dos informes clave para el procedimiento. De este modo, el juez ha designado a un nuevo administrador concursal, que deberá analizar de nuevo las cuentas y el estado de la compañía.
El juez de lo mercantil que se encarga de verificar que el concurso de Toro (cuya marca comercial es Bravo Capital) cumple todas las garantías, ha puesto en jaque al administrador que hasta ahora revisaba el estado de la compañía en la que Antonio Aynat, uno de los fundadores de Gedesco, es consejero delegado y socio minoritario de Toro (a través de su sociedad Venalta Capital), y al que se atribuyen indicios de desmantelar Gedesco y trasvasar el negocio a Toro. En un auto con fecha del pasado 30 de junio, consultado por este periódico, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, José Luis Fortea, afirma que el administrador “no ha estado a la altura del nivel de exigencia al que se debe someter a un profesional de la Administración concursal en un concurso como éste; sin que se dé ninguna justificación objetiva a su proceder, que ha causado indefensión y ha obligado a anular actuaciones procesales”.
En concreto, los actos que han dinamitado el concurso de Toro, que se inició el pasado mes de enero, fue la presentación de dos de los informes más importantes en este tipo de procesos: uno expone la situación patrimonial y contable de la compañía, y pone en marcha el reloj para la presentación de convenios o impugnaciones; y el otro propone calificar el concurso como fortuito o culpable, en el que se incluyen posibles acciones resarcitorias. La validez de ambos fueron anulados por el juzgado, lo que ahora ha provocado el cese del administrador.
Discusión sobre la competencia
Aunque la ley concursal prevé que el administrador presente dichas conclusiones en el plazo de dos meses, en esta ocasión dicho periodo estaba en suspendido porque se estaba dilucidando qué juzgado mercantil tenía la competencia de tramitar este concurso de acreedores, explica el juez. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, donde se planteó la solicitud voluntaria de concurso, estimó la declinatoria de competencia el 5 de marzo de 2025, lo que implicó la inhibición a favor del órgano judicial valenciano, que aceptó asumir la causa el 30 de abril. En el iter, el administrador presentó, ante el juzgado decano de Valencia, sus informes.
En opinión del juez, el administrador concursal actuó de manera “gravemente negligente” por no esperar a que se reanudara el procedimiento ya en los juzgados valencianos. Así, considera que se dan los requisitos para apartarle del procedimiento por “justa causa”. “Se realizaron por la Administración concursal designada de Toro Finance, dos actuaciones dotadas de un transcendental impulso procesal, absolutamente decisivo en todo concurso (...). Siendo que, además, ninguna de esas actuaciones entraban dentro del concepto de actuaciones urgentes o necesarias (...) y que han originado un total caos procesal, situando en indefensión a las partes”, concluye, al tiempo que responsabiliza al administrador de causar una “dilación totalmente innecesaria en la tramitación ordinaria del proceso concursal”.
Embargo de 145 millones de euros
Toro Finance instó el concurso de acreedores voluntario a finales del año pasado, después de que dos juzgados que tramitan el concurso de las filiales de Gedesco (que fue la quinta empresa por facturación de la Comunidad Valenciana) ordenaran, en junio de 2024, el embargo de un total de 145 millones de euros a Aynat y a Toro Finance, con el fin de asegurar las expectativas de cobro de los acreedores. El bloqueo de los fondos dejó en una difícil situación a Toro Finance, que se encontraba en pleno proceso de venta, que quedó por completo paralizado, según han explicado fuentes cercanas a la firma.
El embargo vino a petición del administrador concursal de Gedesco que puso en énfasis el vínculo entre esta compañía y Toro Finance, a las que definió como “empresas siamesas unidas operativamente dentro de un mismo cuerpo y dirigidas por un único cerebro”, en relación a Aynat, uno de los cuatro gestores investigados, en el marco de la batalla judicial que les enfrenta al fondo estadounidenses JZI, que ostenta el 67,5% de Gedesco, por una presunta estafa y el vaciamiento de la empresa. De hecho, este supuesto enlace ha seguido presente en las siguientes actuaciones del administrador de Gedesco, que en su último informe, del pasado 7 de mayo, propuso calificar el concurso de culpable por la ideación de un plan conjunto para el “desvío masivo de fondos, créditos y activos operativos del grupo”.
Toro está controlada en última instancia por el gestor de fondos de capital riesgo Alpinvest, cuyo dueño es Carlyle, que rompió relaciones con JZI. Aunque ambas firmas mantenían una cartera de clientes independiente, fuentes próximas a las compañías señalan que tenían una estrecha relación, debido a un contrato de servicing entre Toro y Gedesco. Con la ruptura de los acuerdos, Gedesco traspasó a la otra compañía parte del equipo de esta, dejándola sin su principal fuente de ingresos.
Sin embargo, el administrador concursal de Gedesco no dio credibilidad a estos argumentos y, en su petición de embargo, aseguró que la resolución unilateral del contrato por parte del consejo de administración de Toro tenía la única intención de dar la apariencia de actuar como una empresa “independiente y competidora” y evitar cualquier efecto negativo como consecuencia de los problemas judiciales de Gedesco. De hecho, calificó a esta compañía como “sucesora” y resaltó que Toro “no ha tenido ningún tipo de penalización económica” por la resolución unilateral del contrato, lo que a su juicio significa que se ”ha apropiado de todos los medios materiales de Grupo Gedesco necesarios para continuar con la actividad, sin pagar ni un solo céntimo de euro”.
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