Francesc Rubiralta, sobre los supuestos créditos fraudulentos de 500 millones en Celsa: “Los accionistas no han sacado ni un euro”
El antiguo administrador de la empresa afirma ante el juez que todo se reinvirtió en el grupo y que los fondos acreedores, ahora propietarios, pudieron reclamarlo y no lo hicieron
El empresario Francesc Rubiralta, antiguo presidente y administrador de Celsa, se ha enfrentado este lunes a la primera andanada de la ofensiva judicial que le plantea la actual propiedad de la compañía acerera. La primera causa que enfrenta, y que se dirime en el Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona, se centra en unos supuestos préstamos fraudulentos por valor de 500 millones que Celsa habría dado a sociedades de la familia y que, según la acusación de los actuales propietarios, la Celsa de los Rubiralta nunca reclamó. El antiguo presidente ha defendido ante el juez que estos créditos intragrupo se reinvirtieron en el grupo, aunque no ha detallado concretamente en qué: “Los accionistas no han sacado ni un euro”, ha resuelto. Rubiralta ha explicado además que estos créditos gozaban de una prórroga automática anual, y ha afirmado que en ningún momento los fondos acreedores, que son ahora los propietarios y los demandantes, reclamaron ese pago habiéndolo podido hacer. La garantía de ese crédito eran las acciones del grupo.
La nueva Celsa está inmersa en un proceso de reestructuración de su negocio y saneamiento de sus cuentas desde que en noviembre de 2023 los fondos acreedores que atesoraban buena parte de la deuda de la compañía se hicieron con la propiedad en un proceso judicial en el que se homologó su plan de reestructuración. En paralelo a su plan de negocio —que ha recibido algún revés, como la renuncia la semana pasada por parte de Criteria a ser su socio inversor—, los nuevos propietarios de Celsa están en pleno proceso de reclamación al anterior propietario y administrador. Le acusan en varias causas de haber priorizado su patrimonio y el de su familia por encima de las necesidades financieras de Celsa.
Rubiralta, que tras perder la propiedad de la compañía puso varios océanos de por medio y ha estado un largo periodo alejado de los focos en Nueva Zelanda, está citado en tres causas. Una es la que se dirime este lunes en el juzgado mercantil 5 de Barcelona, sobre los supuestos préstamos fraudulentos por valor de unos 500 millones de euros que Celsa había dado a sociedades patrimoniales de la familia y de los que nunca reclamó su pago. La segunda causa es por otro supuesto préstamo de 22 millones a una sociedad en la que figuraba su madre y que sí fue pagado. Y la tercera es por administración desleal por apropiación indebida, ya que la acusación considera que cuando Celsa tenía graves necesidades financieras, Rubiralta percibió una retribución excesiva. Además, este mismo lunes los actuales propietarios han presentado una querella criminal por presunta apropiación indebida, ampliando las causas civiles con la apertura de una vía penal.
En la causa de este lunes, Rubiralta ha afrontado un largo interrogatorio por parte de la acusación. El empresario ha explicado que, cuando asumió en 2010 el cargo de consejero delegado tras la muerte de su padre, constató en el saldo del grupo que existía un crédito intragrupo que Celsa había dado a sociedades de la familia, las llamadas “picos” —Inversiones Pico Espadas, que es la que controla Celsa (que ahora está en manos de los fondos acreedores y que es la que ha presentado la demanda) e Inversiones Pico Aneto e Inversiones Pico Anayet, dos sociedades de inversión que vehiculan los intereses de la familia Rubiralta—. En total, el valor de los préstamos que Celsa había dado a las sociedades familiares ascendía a unos 500 millones de euros.
La acusación considera que este dinero, que era de Celsa, no se reclamaba para que continuase estando en manos de la familia, y por lo tanto no servía para la buena marcha del negocio de la acerera. Rubiralta ha negado que el dinero no fuese otra vez a parar a Celsa. “Todo se reinvirtió en el grupo, en ampliaciones de capital y en operaciones en el extranjero”, ha dicho, admitiendo que era una suposición por el momento en el que se produjeron. La acusación le ha preguntado insistentemente a qué inversiones se destinó el dinero —“dígame tres o cuatro usos de este dinero. Si existen, fenomenal”, ha ironizado el letrado, que ha remarcado al juez en múltiples ocasiones que Rubiralta no estaba contestando las preguntas— y el acusado solo ha citado una inversión de 150 millones en Reino Unido de la que dice estar “convencido que salió de estos fondos”. En cualquier caso, el empresario ha sido contundente al afirmar que el dinero no se lo quedó la familia de forma inapropiada: “Los accionistas no han sacado ni un euro”.
Rubiralta ha explicado que entre 2010, cuando él fue nombrado primer ejecutivo, hasta 2017, se hizo una “prórroga natural y tácita” anual en estos préstamos, algo que en el plan de transformación del grupo de 2017 se formaliza en un contrato específico del que, ha afirmado, todo el consejo de administración estaba al corriente. “Esta prórroga anual es automática por contrato. Si hubieran querido hacer otra cosa, los acreedores financieros podrían haber levantado la mano, y no lo hicieron nunca”, ha dicho, y ha añadido: “No entiendo que se me reclame hoy algo que los hoy socios, antes acreedores financieros, no reclamaron”.
¿No se reclamaba porque se consideraba inexigible e incobrable? “Lo que sé es que todos sabían que la contrapartida en el crédito intragrupo eran las acciones del grupo Celsa”, ha dicho Rubiralta. Así, ha insistido en que los intereses de unas sociedades y otras eran los mismos, ya que el activo de las sociedades “picos” eran las acciones de Celsa. El empresario ha admitido que en ningún momento se provisionó en las cuentas la falta de cobro de estos préstamos.
Otro de los testigos que ha participado en el juicio, José María Fidalgo, asesor de los fondos acreedores que participó en el plan de reestructuración y que actualmente sigue con función asesor, ha señalado que un ejecutivo de la compañía, una vez cambió de manos, le explicó la procedencia de ese crédito: 250 millones para que el padre de Francesc Rubiralta compensara al que era su hermano y hasta entonces socio en Celsa, cuyo paquete le compró, 120 millones de dividendos y otros 160 millones de recompra de acciones.
“Borrado masivo” informático
Una de las claves de este juicio es el proceso de borrado informático en teléfonos móviles y ordenadores de varios ejecutivos y trabajadores de Celsa, entre ellos Rubiralta, que se llevó a cabo entre julio de 2023 y noviembre de 2023, cuando la propiedad cambió de manos. La defensa de Rubiralta ha afirmado que este borrado se hizo como protección ante eventuales ciberataques, después de que una de las empresas del grupo hubiese sufrido uno. Así lo ha explicado también Francesc Messeguer, que fue director de operaciones y vicepresidente del grupo.
No obstante, una perito de FTI Consulting ha puesto en duda que el objetivo del borrado fuera protegerse contra un ciberataque. “En absoluto. La prioridad número uno en un ciberataque es proteger la información. En el caso que nos ocupa el objetivo fue destruir la información, y ni se documentó el proceso de borrado ni se formó un equipo técnico”, ha dicho. El borrado informático de los usuarios (36 usuarios borrados), según su declaración, era más intenso cuanto más se acercaban en el organigrama a Rubiralta. En su caso, se trató de un borrado prácticamente completo. “La persona que ideó y ejecutó el proceso fue Rubiralta, él fue el primero y su usuario fue el único en el que se confirmó que el borrado se había hecho bien”, ha añadido. También se destruyeron 20 cajas de documentos en papel.
Celsa se convirtió en un gigante de la industria acerera gracias a una expansión que financió mediante deuda. Con la llegada de la pandemia, como ha recordado Rubiralta, el parón industrial fue total y la deuda ahogó a la empresa, fruto de lo cual se produjo el proceso de homologación por parte de los fondos que tomaron la propiedad. Con 3.500 empleados directos en España y 70.000 indirectos en el mundo, Celsa facturó en 2023 4.765 millones de euros y un beneficio neto de 459 millones. La deuda registrada entonces, que se ha ido recortando, era de 2.316 millones.
