La Audiencia Nacional analizará la legalidad de la consulta pública por la opa de BBVA a Sabadell
La Sala de lo Contencioso-Administrativo admite a trámite el recurso de un despacho de abogados que advirtió de que la medida tenía “defectos formales de gravedad”
La Audiencia Nacional analizará la legalidad de la consulta pública que el Gobierno puso en marcha para estudiar si la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell respeta el interés público y decidir qué condiciones imponer para que la operación pueda salir adelante. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso que un despacho de abogados presentó este lunes contra la medida para denunciar que no tenía encaje en el ordenamiento jurídico, según han confirmado fuentes jurídicas.
Los magistrados han remitido la admisión a trámite al Ministerio de Economía, el departamento que ha llevado a cabo la consulta pública y que este martes elevó al Consejo de Ministros su decisión sobre la opa, y le ha dado un plazo de 10 días para que presente alegaciones al respecto. Asimismo, ha requerido a la Administración que, en un plazo de 20 días, remita el expediente administrativo.
Se trata de un procedimiento habitual en la jurisdicción contenciosa-administrativa, que admite a trámite, prácticamente, de forma automática los recursos que se presentan tras comprobarse que se cumplen todos los requisitos exigidos legalmente. Y es en este marco en el que se ha dado traslado a la parte demandada para que pueda manifestarse al respecto y se ha solicitado la documentación relativa a la consulta pública para poder analizar en profundidad el asunto.
Junto al recurso, el despacho de abogados Statera Legal solicitó también suspender la utilización de los resultados obtenidos mediante la consulta pública, si bien la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre si adopta o rechaza esa medida cautelar, pero sí que ha abierto una pieza separada para debatir la cuestión, según han señalado las fuentes consultadas.
El recurso se planteó después de que el Ministerio de Economía no atendiera a un requerimiento de Statera Legal —realizado el pasado 8 de mayo— de cesar este proceso, según informó el bufete en un comunicado. En su opinión, la consulta se ha llevado a cabo sin cobertura legal y con diferentes “defectos formales de gravedad”. Entre otros puntos, pone en duda que el formulario puesto a disposición de ciudadanos, organizaciones y asociaciones para conocer su opinión sobre la opa tenga “cabida formal” en el ordenamiento jurídico. De este modo, discrepa con el Gobierno acerca de que la Ley de Defensa de la Competencia deja una puerta abierta a poder valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general.
Para el despacho de abogado, este procedimiento es “contrario al principio de igualdad y no discriminación” porque es “diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación”.
El Ministerio de Economía abrió el pasado 6 de mayo la consulta pública, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara el 30 de abril la operación, que, de salir adelante, daría origen al segundo mayor banco de España. Este proceso, que duró hasta el 16 de mayo, suele ser utilizado por los ministerios para sondear a la sociedad sobre proyectos normativos que están en elaboración, pero es inusual en el caso de opas o fusiones de empresas. Es la primera vez que el Ejecutivo recurre a esta herramienta para conocer cómo puede afectar a determinados sectores la posible integración del negocio de la entidad catalana a la de origen vasco.
Economía elevó la decisión sobre la opa al Consejo de Ministros, después de que cinco ministerios con competencias sobre asuntos económicos (Industria, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Seguridad Social e Inclusión y Trabajo, además de Economía) lo solicitaran, tal y como explicó el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, en unas declaraciones en el Senado. Ahora, el Gobierno, que se ha mostrado contrario al proceso de integración de BBVA y Sabadell desde que se conoció, cuenta con 30 días naturales (hasta el 27 de junio) para dar a conocer si endurece o no los compromisos planteados por la CNMC, cuando dio luz verde a la operación, de tal modo que pueda dificultar o hacer imposible la transacción.
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