La patronal de Mercadona cifra en 630 millones el impacto de la reducción de jornada y duda de su constitucionalidad
El presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, cree que la legislación pondrá en riesgo las inversiones futuras del sector
La distribución alimentaria ha pasado al ataque contra el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que el pasado viernes inició el periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Asedas, la principal patronal de los supermercados con empresas como Mercadona, Dia o Lidl entre sus asociados, y que aglutina a un total de 340.000 trabajadores, marca territorio.
“Es una medida que comporta un incremento de costes laborales de en torno a 630 millones para las empresas asociadas”, explica a este periódico su presidente, Josep Antoni Duran i Lleida, en su primera entrevista desde que asumiera el puesto en marzo de 2023. A su juicio, la reducción de jornada conllevaría una retracción de las inversiones a futuro: “Estamos poniendo en riesgo los puestos de trabajo. Si una empresa tiene intención de abrir más supermercados, u otro tipo de inversiones, a lo mejor no va a ser posible. La medida puede restar efectividad a un sector muy eficiente, competitivo, organizado, con una especificidad: es presencial y es esencial. Imagino que la intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es que los supermercados abran menos horas y el consumidor tenga menos facilidades para comprar”, describe.
Expresidente de Unión Democrática de Cataluña, ex secretario general de Convergencia i Unió, y diputado en las Cortes Generales durante 12 años, Duran i Lleida conoce bien lo que hay detrás de una nueva ley que llega al Congreso. Este ha remitido una carta a la propia Yolanda Díaz transmitiéndole la oposición del sector a la reducción de jornada, que considera inadecuada y perjudicial.
Ahondando en ese rechazo, el presidente de Asedas centra el mismo en la forma en la que llega a su tramitación parlamentaria, sin haber mediado negociación o conversación con los sectores empresariales más afectados, como el de la distribución.
“El proyecto de ley ignora la realidad de la negociación colectiva y del sector. Lo hace unilateralmente y se carga un historial de décadas en las que sindicatos y empresarios han ido pactando especificidades. La vicepresidenta Yolanda Díaz vacía de contenido la negociación colectiva, y es muy grave sabiendo que era una de las grandes reivindicaciones de la izquierda, y que está recogida y protegida por la Constitución. No entiendo que, políticamente, la izquierda no sea sensible algo que costó tanto conseguir”.
El ex político manifiesta sus dudas respecto al encaje constitucional de la norma, no por su contenido sino, precisamente, por su unilateralidad. Constitución en mano, Duran i Lleida lee el artículo 37.1 de la misma, que indica que la ley debe garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre sindicatos y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. “Es evidente que este no es el ADN de la ley que promueve Yolanda Díaz”, añade.
Asedas, a través de su presidente, mantiene contacto con los partidos de la oposición, a los que pide enmendar la ley en su totalidad y que esta no salga adelante. Si lo hace, Duran i Lleida no descarta promover, dentro de sus capacidades, un recurso de inconstitucionalidad. “En ese contexto de diálogo con los grupos parlamentarios podríamos solicitarlo, ya que son ellos los que tienen la capacidad para hacerlo. O por qué no, alguna comunidad autónoma”. El ex parlamentario no quiere entrar en un escenario de negociación del articulado. “Solicitamos el rechazo al conjunto de la norma. No pienso en otro escenario”.
De momento, solo Junts per Catalunya ha confirmado su intención de presentar una enmienda a la totalidad. “En este sentido, Junts está haciendo una gran labor. Tiene claro el impacto negativo de esta medida”, dice Durán i Lleida. No lo ha hecho el PP, que en todo caso sí ha garantizado su voto negativo. Del lado del Gobierno, Durán i Lleida limita el contacto a la carta enviada a Díaz, en la que le invita al diálogo, aunque afirma que tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como el secretario de estado de Comercio, María Amparo López, “conocen perfectamente nuestra posición”. Y aunque prefiere no entrar en las distintas sensibilidades que despierta la norma en el seno del Gobierno, el presidente de Asedas reconoce que “las hay. Son evidentes”.
Condiciones del sector
Los últimos convenios firmados por empresas de la distribución alimentaria, como los de Dia, Mercadona o Lidl, contemplan progresivas reducciones de las horas de jornada, aunque siguen cerca de las 40 semanales en buena parte del sector. Otros puntos como un mayor número de libranzas los fines de semana, o los salarios de los trabajadores, siguen siendo puntos de mejora en el sector.
“Asumimos que hay margen para mejorar las condiciones del sector. Es un sector especial, complejo, pero sus profesionales deben estar en el centro. Son vitales”, dice Durán i Lleida. “Pero las mejoras que se están produciendo en los convenios se producen dentro de la negociación colectiva. Donde se contrastan las posiciones de trabajadores y empresarios: ambos conocen el sector. Si hay cosas que son mejorables, y se ofrecen alternativas que no distorsionen la eficacia y la viabilidad del sector, nadie ha dicho que no queramos hablar. ¿Pero se tienen que tomar las decisiones unilateralmente? La respuesta es que no", cierra Duran i Lleida.
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