La suspensión de la venta de Telefónica Argentina no afectará a la empresa española
El veto del Gobierno de Milei a la operación se traducirá en condiciones para Telecom, pero la multinacional presidida por Murtra ya ha cerrado y cobrado por la transacción
La decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender de manera preventiva la venta de la filial argentina de Telefónica a Telecom no afectará a los intereses de la empresa española presidida por Marc Murtra, puesto que la legislación del país, a diferencia de lo que ocurre en España y en la Unión Europea, no contempla la imposición de condiciones al vendedor antes de autorizar la operación.
Las autoridades reguladoras argentinas –tanto del sector de telecomunicaciones como de competencia- no prevén un “control ex ante”, es decir, la obligación de notificar una concentración económica con anterioridad a la celebración de la operación, pudiéndose generar la suspensión de la misma y permitiendo a la autoridad respectiva realizar un análisis previo a fin de autorizarla, denegarla o condicionarla. En el caso del país austral, se trata de “control ex post”, en el que tanto la obligación de notificar y el correspondiente análisis por parte de la autoridad se realiza con posterioridad al cierre de la operación.
Debido a ello, en caso de que las autoridades argentinas detectaran una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, la imposición de condiciones solo recaería en el comprador, en este caso Telecom Argentina, a quien puede forzar a ceder o a vender activos a un precio ventajoso a sus competidores, sobre todo en telefonía móvil, informan fuentes cercanas a la operación. De hecho, Telefónica ya informó en un hecho relevante el mismo día de notificar la venta el pasado 24 de febrero que la operación estaba cerrada y que se había efectuado el cobro de de la transacción, que se elevaba a 1.245 millones de dólares (aproximadamente, 1.190 millones de euros al tipo de cambio actual).
El importe y las condiciones de la venta solo podrían variar si ambas partes han introducido alguna clausula de salvaguardia en caso de que las autoridades veten la operación, pero ninguna de las dos empresas ha informado de tal eventualidad. Fuentes de Telefónica declinaron hacer comentarios acerca de esta información, remitiéndose al hecho relevante donde se comunicó la operación.
El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado viernes la suspensión cautelar de la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina, ya que la adquisición podría generar un monopolio del sector. La medida se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a que la fusión de ambas compañías “. Según el Ejecutivo, la compra le permitiría a Telecom Argentina concentrar el 61% del mercado de telefonía móvil, el 69% de la telefonía fija y en algunas áreas del país se quedaría con el 80% del servicio de Internet para residencias.
Tras la resolución, Telecom manifestó que el Gobierno de Javier Milei no le ha notificado formalmente su decisión. “La compañía reitera su compromiso con el respeto a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos, y aguarda la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente”, indicó en un comunicado.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el regulador de las telecomunicaciones en Argentina, había dispuesto en febrero un plazo de 30 días para que Telecom le notificara la operación, mientras que el organismo tenía 90 días para emitir un dictamen. “En este sentido, Telecom ratifica su voluntad de colaborar con los organismos competentes en el análisis de la operación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia”, añadió la operadora. Telecom Argentina tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), ambas con el 40% del capital, mientras que el restante 20% cotiza en Bolsa.
Denuncia de Telecentro
La pasada semana, antes de que el Ejecutivo notificara la suspensión Telecentro, el cuarto operador del país propiedad del Grupo Pierri, denunció la transacción ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La firma reclamó al organismo que investigue los detalles de la operación en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia y que determine si perjudica a los usuarios y limita las alternativas del mercado de las telecomunicaciones en el país.
Telecentro argumenta en primer término que la fusión le proporcionará a Telecom una posición dominante en telecomunicaciones y otros servicios a nivel nacional, “lo que impactaría en la competencia del sector y en la ecuación económica de todos los operadores”. En segundo lugar, observó que a partir de la compra, Telecom ostentará posición monopólica en algunos servicios de TIC “hecho que es ilegal”.
Según los cálculos de Telecentro, Telecom sumaría en total unas 5,5 millones de líneas fijas, con lo que pasaría a dominar el 79% del mercado; unas 36,6 millones de líneas móviles que representarían el 61% de ese negocio; el 48% de internet de banda ancha, con 5,2 millones de conexiones; y el 42% de las suscripciones de televisión de pago.
El mercado argentino está más concentrado que el español en manos de dos operadores, Telecom y Telefónica. Entre ambas, controlan un 50% de la banda ancha y cerca del 70% de la telefonía móvil. Muy lejos les siguen Claro, del consorcio América Móvil de Carlos Slim, y Telecentro.
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