La Audiencia Nacional mantiene a Iberdrola como responsable civil subsidiario en el juicio por Villarejo
La Sala de lo Penal niega que la eléctrica haya sufrido indefensión porque el juez le atribuyera dicha condición una vez concluida la investigación judicial
Iberdrola no se libra del juicio por el caso Villarejo, aunque su presencia será menor y el foco estará puesto en la relación que el que fuera jefe de seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo mantuvo como el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán planteó contra la decisión del juez instructor Manuel García Castellón (ya fuera del caso tras su jubilación) de señalarla como posible responsable civil subsidiario de los delitos que presuntamente cometió su exdirectivo al encargar espionajes al expolicía y manipular las facturas de estos servicios para ocultarlos.
La responsabilidad civil no implica una condena por ningún delito, sino que simplemente le obliga a responder en última instancia si los acusados finalmente son condenados y no afrontan las indemnizaciones que se reconozcan por sentencia a los afectados de los espionajes del comisario jubilado, entre los que se encuentra los empresarios Florentino Pérez y Manuel Pizarro. El magistrado instructor también atribuye esta condición al Estado, ya que Villarejo era funcionario en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos. Así, Iberdrola soportaría la responsabilidad pecuniaria relativa a Asenjo, mientras que la Administración tendría que afrontar la parte derivada del expolicía.
Aun así, Iberdrola ha intentado quedar del todo fuera de la causa y recurrió el auto por el que el juez instructor concluyó, el pasado mes de abril, la investigación de la pieza número 17 de la macrocausa, centrada en los trabajos que Villarejo realizó para la eléctrica entre 2004 y 2014 por el importe total de 1.455.064 euros, y en la que soltó la eventual responsabilidad civil subsidiaria en la compañía. Según expuso la multinacional vasca en su recurso, esta decisión es “extemporánea”, porque debería haberse adoptado durante la instrucción, y vulneró su derecho de defensa y a la tutela judicial porque no tuvo oportunidad de instar la práctica de pruebas para tratar de demostrar que el grupo fue ajeno a cualquier encargo y trabajo del agente encubierto. Asimismo, insistió en que los hechos que han sido investigados como revelación de secretos de los que podría derivarse responsabilidad civil frente a Iberdrola están prescritos.
No es igual que los acusados
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado todas las alegaciones de Iberdrola y niega que se produjera indefensión. En un auto del pasado 15 de noviembre, consultado por este periódico, los magistrados explican que en ningún caso la posición del responsable civil subsidiario es “equiparable” a la del acusado, “ya que no se le imputa ningún delito”, y por tanto no tienen que cumplirse las “mismas exigencias procesales”. En este sentido, y remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Sección Tercera explica que es suficiente con que se le dé traslado de los escritos de acusación para que la compañía pueda ejercitar su defensa frente a las pretensiones civiles y apunta que el juicio es el momento procesal oportuno para practicar la prueba que considere oportuna.
En cuanto a la prescripción del delito de revelación de secretos, los magistrados descartan pronunciarse al respecto y posponen el debate hasta la vista oral, donde, según señalan, debe dilucidarse si existe conexidad con el otro delito imputado a los acusados, el de cohecho, y ver si la posible extinción de la responsabilidad se ve afectada de forma individual o en conjunto con todas las conductas supuestamente ilícitas.
El grupo Iberdrola no ha estado en ningún momento investigada en estas pesquisas que se iniciaron en octubre de 2019 para analizar una decena de trabajos de “inteligencia” que el comisario jubilado facturó a través de su empresa Cenyt, pese a que algún afectado, como el presidente de ACS, Florentino Pérez, pidió en numerosas ocasiones en su imputación. La que empresa que sí se vio salpicada fue la filial Iberdrola Energías Renovables, que durante un año fue investigada pero su responsabilidad acabó siendo archivada por prescripción.
Por estos hechos también estuvo investigado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y su entonces cúpula directiva, si bien tras un año de imputación el juez se vio obligado también a archivar la causa contra ellos, precisamente, por la prescripción de los delitos. Así las cosas, el único exresponsable de Iberdrola que quedaba imputado era el encargado del departamento de seguridad, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de prisión.
En su escrito de acusación, que se dio a conocer el pasado mes de noviembre, el ministerio público también ha pedido que Iberdrola responda como responsable civil subsidiario por delitos presuntamente cometidos por Asenjo. Anticorrupción afirma que la investigación judicial ha arrojado sobrados indicios que acreditan que Asenjo encomendó a Villarejo (para quien solicita 59 años de cárcel) “diferentes y sucesivas investigaciones sobre distintas cuestiones que afectaban a la compañía”. Y destaca que el exdirectivo conocía la condición en activo en la Policía Nacional de comisario jubilado.
“Todas estas investigaciones, contratadas por el Grupo Iberdrola, a través, como se dice, del encausado Antonio Asenjo Martín en su condición de director de seguridad corporativa, estaban dirigidas a obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras o con las que el Grupo Iberdrola tenía algún conflicto o previsiblemente, a juicio del propio encausado Antonio Asenjo Martín, lo podría tener en el futuro”, explica la Fiscalía. Así, solicita la indemnización a nueve perjudicados de los espionajes —entre los que se encuentran el expresidente de Endesa Manuel Pizarro o el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez— con un total de 285.000 euros, de los que Iberdrola y el Estado deberán afrontar de manera subsidiaria.