Slim demanda a Telefónica en Chile por competencia desleal
Claro acusa a la española Movistar de entorpecer su entrada en el 5G y de bloquear los cambios de compañía
Claro Chile, la filial de América Móvil del empresario mexicano Carlos Slim, ha presentado una demanda judicial contra Telefónica Chile a la que acusa de competencia desleal. La demanda apunta, por un lado, a que Telefónica ha entorpecido la entrada de Claro en la nueva telefonía móvil 5G, mientras que, por otro, acusa a la española de evitar la portabilidad (procedimiento que permite cambiar de compañía conservando el número) de clientes desde Movistar a Claro.
Sobre el 5G, Claro sostiene que Telefónica ha encadenado nueve acciones judiciales y administrativas entre 2018 y 2024 con el objetivo de bloquear su ingreso en el mercado del 5G, “con el fin de proteger y aumentar su clientela, y evitarse tener que incurrir en inversiones para competir”, según la operadora de capital mexicano. En concreto, indica que Movistar, la marca comercial con la que opera Telefónica, realizó una “serie de acciones legales instrumentales tendientes a suspender y dilatar la realización del [segundo] concurso público 5G de 2024″.
Telefónica no se presentó a ese segundo concurso pero denunció que las bases del mismo estaban confeccionadas para favorecer a Claro, la única de las cuatro principales compañías de telefonía móvil del país que no tenía este servicio y que terminó por adjudicarse esta licitación, al presentar una mejor oferta que Entel. Movistar solicitó suspender el concurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La filial de la empresa española pedía que Claro no pudiera hacer uso de su antigua concesión de 3,5GHz para servicios 5G y al mismo tiempo, y contradictoriamente, denunciaba que la posesión de esas bandas le impedía participar en los concursos para prestar servicios móviles 5G, según la versión de Claro.
En la demanda, presentada en un Juzgado Civil de Santiago, Claro denuncia además que la empresa española incurrió en “maniobras ilícitas” para impedir que sus clientes se cambiaran de compañía, alegando que las deudas que mantenían estos abonados no les permitía cambiarse de servicio. Por este motivo, en el presente mes de noviembre, la tasa de rechazo a la portabilidad se disparó desde el 10% habitual en este tipo de procesos al 37%, según la rival de Telefónica. Para la firma mexicana existe “una evidente intención de desviar la clientela de la compañía” mediante esta supuesta retención indebida, siendo conductas que a juicio de Claro, “no solo atentan contra la libre competencia, sino también infringen el Reglamento de Portabilidad y vulnera la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”.
“Esta conducta de Movistar es contraria a la buena fe y a las buenas costumbres, constituyéndose en un medio ilegítimo que no puede tener otra intención que desviar clientela para sí, manteniendo retenidos a clientes de un modo ilegítimo, contrariando la normativa vigente sobre portabilidad”, expresó Claro. La compañía de Slim solicita al juzgado que ordene a Movistar terminar con estos actos de competencia desleal, prohibir que vuelva a incurrir en los mismos y ordenar que revierta las consecuencias generadas por este tipo de conductas.
La denuncia contrasta con la aparente buena relación que mantenían ambas compañías, y que propició la firma el pasado mes de septiembre de un acuerdo para explorar conjuntamente su potencial participación en el proceso de venta de los activos de la operadora chilena Wom y sus filiales, ahora en proceso de bancarrota. Actualmente, el operador chileno cuenta con más de 8 millones de clientes, de los cuales casi siete millones son de móviles (de los cuales un millón de 5G) y 1,3 millones de hogares pasados por fibra óptica (FTTH). Con una cuota del 21%, es la tercera mayor operadora del mercado conjunto de telecomunicaciones, solo detrás de Movistar y Entel. Cuenta además con 2.100 empleados y 200 puntos de venta en todo el país.
Problemas en Perú
Pero Telefónica no solo tiene problemas en Chile. La multinacional española ha roto el acuerdo que alcanzó en el julio de 2023 con la firma de inversión KKR y la filial peruana de la chilena Entel para la constitución de una empresa conjunta de fibra óptica en Perú. Por aquel pacto, Telefónica acordó la venta a ambos socios de un 64% de Pangea, su filial mayorista de fibra en el país andino. La ruptura del acuerdo fue desvelada por Entel que achacó la misma al “incumplimiento de ciertas condiciones de cierre” estipuladas en el acuerdo alcanzado inicialmente entre las partes.
Además, Telefónica del Perú ha acordado esta semana en su junta general de accionistas la reducción de capital social hasta por 1.150 millones de soles (290 millones de euros) para absorber las pérdidas acumuladas en 2024 por 2.800 millones de soles (700 millones de euros). La compañía remarcó en un hecho relevante que los resultados negativos de la sociedad en los últimos años han estado “fuertemente impactados” por las “históricas controversias” con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como “la falta de predictibilidad jurídica” y la alta competencia en el sector.
Las autoridades peruanas y Telefónica se verán las caras en febrero de 2025 ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, para dirimir el conflicto y decidir si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y la República de Perú. Por estos hechos, la empresa de telecomunicaciones reclama la devolución de más de 1.000 millones de euros.
Aunque indicó que la matriz Telefónica Hispam ha brindado apoyo financiero en el 2024 y capitalizado préstamos por 2.800 millones de soles durante el año con la finalidad de lograr el saneamiento patrimonial de Telefónica del Perú, la filial avisa de que la situación actual de la sociedad requiere que su administración analice “todas las alternativas posibles” para lograr la transformación y sustentabilidad de sus operaciones, puntualizó.
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