Abertis vela armas ante una batalla judicial en Francia contra el impuesto verde a las autopistas
La concesionaria prepara su estrategia ante los tribunales administrativos en el caso de que el Estado se niegue a reequilibrar sus concesiones
Las operadoras de autopistas no se dan por vencidas en el intento de tumbar la tasa verde que grava sus ingresos desde el inicio del ejercicio en Francia, país con larga tradición en el pago por uso de las infraestructuras. Sus cuentas de resultados se tambalean con el golpe del impuesto que entró en vigor con la Ley sobre finanzas públicas, y se avecina un pulso con el Estado en los tribunales. La española Abertis, entre las afectadas, diseña en estos momentos su estrategia legal, explican fuentes jurídicas, al tiempo que Vinci se decanta ya por iniciar la batalla como dueña de las firmas de carreteras de peaje Escota, ASF y Cofiroute.
El sector reclama que se respeten los contratos concesionales en marcha y sostiene que una nueva carga fiscal merece un reequilibrio económico al tratarse de un elemento inesperado y sin posibilidad de repercutirse en las tarifas, lo que impacta en los acuerdos de explotación. Además, las compensaciones ante nuevos impuestos están reconocidas en muchos de los contratos. Sólo el reconocimiento de ese derecho evitaría un choque ante los tribunales.
Abertis, con 1.769 kilómetros bajo su gestión en el país vecino (22% de la red de alta capacidad), a través de las filiales Sanef y Sapn, tiene presupuestado el pago de unos 80 millones anuales por la nueva tasa. Los contratos de sus carreteras galas aparecen blindados por el citado artículo que garantiza compensaciones en caso de que el legislador francés imponga un gravamen dirigido a las concesionarias. En aplicación del conocido como artículo 32, Sanef y Sapn podrán exigir el reequilibrio de sus contratos en las próximas semanas.
La factura para la citada Vinci se va más allá de los 300 millones. Estas y otras operadoras, como Eiffage (propietaria de las concesionarias APRR y Area), Alis (de los fondos PGGM y Vauban) y Atlandes (opera la autopista Burdeos-Irún), vieron en septiembre cómo resultaba totalmente ineficaz la denuncia de la tasa ante el Consejo Constitucional francés. La figura impositiva fue declarada acorde con la Constitución, además de no apreciarse la ruptura en la igualdad con otros competidores europeos ni una carga excesiva en las obligaciones tributarias de las denunciantes.
En lo que va de año, el Estado ha remitido liquidaciones provisionales del impuesto a las concesionarias. Al cierre de diciembre se formulará la cuenta definitiva y sus ajustes, y será entonces cuando se pueda plantear la petición de la compensación en virtud del citado artículo 32. En caso de que el reequilibrio sea rechazado por la Administración se abriría la vía del contencioso-administrativo ante los tribunales competentes.
Intento fallido
La cuestión de constitucionalidad fue presentada de forma colectiva por el sector de las autopistas, tras el paso previo por el Consejo de Estado. También se involucraron en el recurso operadoras de aeropuertos como ADP (Aéroports de París) y Aéroport de la Côte d’Azur (de la italiana Mundys). El frente empresarial puso de manifiesto ante ambas instancias la indefinición y carencia de objetividad de una tasa que penaliza a las empresas de infraestructura de transportes de larga distancia, lo que aprecian como una distorsión de la competencia. Quedan exentos otros agentes contaminantes como el transporte naval e infraestructuras portuarias, aeropuertos y autopistas de tamaño pequeño o mediano.
La intención del Ejecutivo es ingresar más de 600 millones al año para financiar parte de la transición ecológica del transporte, con énfasis en modos limpios como el ferrocarril. Los principales actores del negocio concesional exploran ahora sus posibilidades, que deberán atacar de forma individual ante los tribunales administrativos y europeos.
La figura fiscal fue incluida en el artículo 100 de la ley 1322, de 29 de diciembre de 2023, y es el decreto 2024-90, del 8 de febrero, el que especificó las condiciones de aplicación sobre la explotación de infraestructuras de transporte de largo recorrido. El cobro de un 4,6% sobre los ingresos anuales se activa a partir de los 120 millones de euros y siempre que la empresa en cuestión haya logrado un nivel de rentabilidad media del 10% en los últimos siete ejercicios (excluidos los dos años en los que este nivel es el más alto y los dos en los que es más bajo).
Como punta de lanza del sector de las infraestructuras, Vinci ha advertido que la ecotasa supone un freno al crecimiento de su beneficio, esperando alcanzar este año el mismo nivel que en 2023. Además, la compañía aguarda con temor el resultado del debate parlamentario sobre una subida del Impuesto de Sociedades, del 25% al 33,5%, para grupos con más de 1.000 millones de facturación anual.
En el caso de Abertis, su beneficio neto al cierre de septiembre baja un 10,2% frente al mismo periodo de 2024, hasta los 304 millones. Su accionista ACS (50%) achaca a la tasa francesa la reducción de la aportación de la firma de autopistas a su resultado neto, que pasa de los 169 millones a septiembre de 2023 a los actuales 152 millones.
Abertis recogió de Francia un 36% de su resultado bruto de explotación en 2023, con 1.400 millones sobre un total de 3.893 millones. Tras el paso a manos públicas de concesiones españolas como Acesa y Aumar, el país vecino se ha consolidado como principal mercado para el grupo de autopistas.
Sobre la firma
