DKV: “No salimos de Muface por echar un órdago, sino para no entrar en pérdidas”
Fernando Campos, el nuevo consejero delegado de la aseguradora, muestra su inquietud por la situación del concierto médico para los funcionarios
Fernando Campos (Madrid, 1976) ha aterrizado en DKV en uno de los momentos más delicados para la compañía de seguros, especializada en pólizas sanitarias. El directivo, proveniente de la aseguradora estadounidense Aon, fue nombrado consejero delegado en febrero tras la salida del histórico directivo Josep Santacreu. Para DKV, uno de los principales canales para acceder a clientes era a través del concierto periódico con mutualidades de funcionarios. Estos mutualistas representan un 20% de su clientela. Pero la infrafinanciación de este convenio de colaboración público-privada ha hecho que DKV, junto con Adeslas y Asisa, haya decidido no acudir al nuevo concierto de Muface (2024-2025), a pesar de que el Gobierno había mejorado un 17% la propuesta económica, respecto al convenio anterior. El Ministerio de Función Pública está preparando una licitación exprés, con una mejora, para tratar de seducir a las compañías. Mientras, 1,49 millones de funcionarios no saben si podrán seguir recibiendo el mismo tipo de atención sanitaria que mantenían hasta ahora.
El directivo, entrevistado el viernes pasado en la sede del grupo en la calle Concha Espina de Madrid, recuerda que DKV “lleva participando en los convenios de Muface desde el principio, hace 50 años”. La compañía, que desde 1998 es propiedad del grupo alemán Munich Re, “siempre ha creído en este tipo de colaboraciones público-privadas, pero la situación se ha vuelto insostenible”.
De acuerdo con los cálculos realizados por la aseguradora, tras analizar el último pliego de condiciones presentado para el convenio de Muface, si se hubieran decidido presentar, habrían registrado unas pérdidas en los dos años del concierto por valor de 77 millones de euros. “Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que la situación, de que hacía falta una subida en las primas del 40%. Y había quien creía que lo decíamos por echar un órdago. Pero no, es que si vamos al convenio de Muface en las condiciones actuales entramos en pérdidas”, explica Campos.
DKV ganó 46 millones de euros en 2023 y para este año prevé una mejoría en la cuenta de resultados, ya que hay una gran demanda de seguros de salud y el sector está pudiendo subir los precios que cobran por encima del 10%. Pero si hubieran acudido al concierto de Muface, la nueva normativa de contabilidad en el ámbito de las aseguradoras les obliga a anotarse las pérdidas futuras en el ejercicio en que las pueden cuantificar, “así que los 77 millones de números rojos por Muface de 2024 y 2025 nos los tendríamos que haber anotado en las cuentas de este año, y sumarlos a los que ya venimos arrastrando”.
Campos confía en que la nueva licitación exprés que prepara el Ministerio de Función Pública pueda mejorar significativamente la dotación económica. “Creo que llegarán al 24% o al 25%, pero no sé si con ese importe nos van a salir las cuentas para acabar presentándonos”. DKV también ha optado por no acudir al convenio de otra mutualidad de funcionarios en la que estaban presentes: Mugeju, que da servicio a 91.000 empleados públicos de la Administración de Justicia.
La infrafinanciación de Muface es crónica pero se agravó especialmente en 2022, cuando se dispararon los precios en toda la economía. Además, según relata Campos, “cada vez hay una mayor demanda de servicios sanitarios, más consultas, más diagnósticos... lo que están encareciendo mucho dar este servicio”. Del mismo modo, con la incertidumbre que rodea a las mutualidades de funcionarios, “se han disparado la demanda, porque hay muchos que están tratando de adelantar operaciones, pruebas o consultas, por si al final no llega a haber un acuerdo entre el Gobierno y las empresas”. También hay un progresivo envejecimiento del colectivo de mutualistas, que son tanto funcionarios en activo como ya jubilados. Así como un encarecimiento de los tratamientos.
Los trabajadores que están cubiertos por Muface cada año deciden quién les va a dar asistencia sanitaria: si una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optaron por Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank), un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV. El restante 28% optó por la sanidad pública.
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