Francia complica que los herederos del sultán de Joló cobren la indemnización de 13.000 millones
El Tribunal Supremo anula la decisión del árbitro Gonzalo Stampa, condenado por desobediencia, de llevarse el pleito a París y abre la puerta a que Malasia no abone la compensación
Victoria importante para Malasia en el conflicto que mantiene desde hace años con herederos del sultán de Joló por la reclamación de una indemnización de más de 13.000 millones de euros. El Tribunal Supremo de Francia ha dictado este miércoles una sentencia en la que anula la decisión del árbitro español Gonzalo Stampa de llevar el pleito a París, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) recovara su nombramiento para dirimir el asunto, según han informado fuentes jurídicas a CincoDías. El fallo tendrá influencia en los distintos tribunales que analizan la legalidad de la condena millonaria al país asiático y su ejecución por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de recursos naturales del siglo XIX, así como en la demanda de arbitraje que los ocho ciudadanos filipinos descendientes del exdirigente han planteado contra España por, presuntamente, obstaculizar la resolución del conflicto.
La Corte de Casación francesa ha rechazado el recurso que los herederos plantearon contra la sentencia previa de la Corte de Apelación, que revocó el denominado exequatur (laudo de jurisdicción o parcial), por el que Stampa obtuvo luz verde para terminar de conocer la demanda de arbitraje contra Malasia en la capital francesa y poder dictar el laudo final por el que reconoció el derecho de los demandantes a ser indemnizados con 14.920 millones de dólares (más de 13.000 millones de euros, al cambio). El alto tribunal francés, que celebró una vista a mediados de septiembre, ha ratificado que el contrato cuenta con una cláusula arbitral para resolver posibles disputa, si bien esta ya no es válida, ya que dicha tarea contempla la figura del cónsul de Brunei, que no existe en la actualidad, según han apuntado las fuentes consultadas.
Los orígenes de este litigio, considerado uno de los más caros de la historia del arbitraje, se remontan a 1878, cuando el sultán de Joló —una isla al suroeste de Filipinas que en la actualidad pertenece a Malasia—, firmó con dos comerciantes europeos un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas al norte de la isla de Borneo e islas adyacentes por el precio de 5.000 pesos filipinos. Los arrendatarios pagaron el precio pactado hasta 1946, cuando la corona británica se hizo con los derechos del contrato. La situación cambió en 1963, ya que Malasia empezó a afrontar los pagos tras lograr su independencia en 1957.
El descubrimiento de nuevos recursos naturales, como el petróleo y el gas, en las décadas de los 80 y los 90, motivó a los herederos a intentar renegociar el contrato, pero Malasia lo rechazó. Las relaciones se rompieron finalmente en 2013, después de que Estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957. Este fue el motivo por el que los herederos iniciaron un arbitraje en 2018, después de que el Foreign Office (oficina de asuntos exteriores británico) les emplazara a resolver el asunto directamente con Malasia.
Así las cosas, y con la demanda de arbitraje presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, decidieron que la sede para resolver la disputa fuera Madrid, al entender que el Norte de Borneo perteneció al imperio español. Así, el TSJM nombró a Stampa como árbitro, aunque en 2021 lo anuló al aceptar la impugnación de Malasia, que alegó indefensión porque no había sido notificada correctamente sobre la puesta en marcha del procedimiento. Fue esto lo que motivó al árbitro a trasladar el pleito a París, donde dictó el laudo final por el que se reconoció la millonaria indemnización.
Derivadas judiciales
Malasia, asesorada por el despacho Uría Menéndez, recurrió ante la Corte de Apelación de París la validez de este laudo final, si bien el procedimiento se paralizó hasta conocer la sentencia que acaba de dictar el Supremo francés, que ha tumbado los trámites de reconocimiento de la resolución del caso en Francia. Por otro lado, Luxemburgo también está pendiente de los fallos franceses, sobre todo el relacionado con el laudo final, ya que un tribunal aceptó embargar cautelarmente dos sedes de las filiales de Petronas en dicho país, vinculadas a proyectos en el Mar Caspio, para garantizara una eventual ejecución de la condena.
“Esta importante decisión significa que la base inicial del falso laudo final que ordenaba a Malasia pagar 15.000 millones de dólares no está reconocida por la legislación francesa. El Tribunal de Apelación de París procederá ahora, a su debido tiempo, a anular el supuesto laudo final dictado por el señor Stampa, y resolverá definitivamente el asunto en favor del pueblo malasio”, ha escrito en redes sociales la ministra de Justicia de Malasia, Azalina Othman Said.
La sentencia del Tribunal Supremo francés se suma a la de la institución homóloga en Países Bajos, que tampoco reconoció la existencia una cláusula arbitral válida, ni la competencia de Stampa como árbitro. Precisamente, el letrado está pendiente de que el alto tribunal español resuelva su recurso contra la condena a seis meses de prisión por desobediencia y a un año de inhabilitación para ejercer como árbitro que le impuso el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, y que confirmó la Audiencia de Madrid.
Ante la dificultad para cobrar la indemnización, los descendientes del sultán de Joló se han fijado ahora en España y han presentado una nueva demanda de arbitraje para exigir 18.000 millones de dólares (16.300 millones de euros, al cambio), que corresponde a la cantidad del laudo pendiente de reconocimiento y ejecución más intereses. La demanda —que según el Ciadi fue registrada el pasado 24 de octubre— asegura que el Estado español ha reducido la capacidad de los demandantes para tramitar el arbitraje contra Malasia y la ejecución de su laudo porque, por un lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores utilizó un sistema erróneo para notificar la demanda contra Malasia, y, por otro lado, utilizó los recursos judiciales y de la Fiscalía para cuestionar la labor de Stampa como árbitro. Las fuentes consultadas señalan que el futuro de este litigio también dependerá de lo que finalmente resuelva la justicia francesa, ya que si no reconoce la condena al Estado asiático de más de 13.000 millones de euros, no habrá sustento para mantener la reclamación contra España.