Ignacio Juliá (Santander): “Necesitamos un marco regulatorio sin lastres para que las empresas inviertan”
El consejero delegado del banco en España reclama una mejora del tratamiento fiscal a los empresarios, especialmente en la reinversión de beneficios
Apenas 22 días después de haber sido nombrado consejero delegado del Banco Santander en España, Ignacio Juliá ha pronunciado esta mañana en Santander su primer discurso frente a 500 empresarios que acudieron a la segunda jornada del XVII Congreso de la Empresa Familiar, a los que ha detallado cuáles son las previsiones que maneja para la economía española y cuáles son, en su opinión, las recetas que hay que aplicar para impulsar el crecimiento económico y especialmente el del tejido empresarial en un entorno especialmente disruptivo. “Las empresas familiares tenemos un compromiso compartido para afrontar los retos que tenemos por delante, como la inteligencia artificial y el big data, la demografía o el cambio climático. Estos retos obligan a hacer las cosas de forma diferente y de mucha inversión, por lo que necesitamos buscar las palancas de la transformación para que las empresas no se queden descolgadas y no pierdan competitividad”.
Frente al optimismo del Gobierno, que augura un trienio consecutivo entre 2024 y 2026 en el que la economía española crecerá por encima del 2%, Juliá se mostró más escéptico y pidió cambios estructurales en el tratamiento fiscal a las empresas y una simplificación normativa para las empresas. “Cuando miramos a la economía española, llevamos cuatro años consecutivos creciendo por encima de la media europea, pero aquí tenemos que preguntarnos si estamos tomando las medidas adecuadas para que ese crecimiento sea sostenible. Necesitamos también un marco regulatorio que piense más en crecer, en un terreno de juego equilibrado, que no haya lastres para las empresas para que inviertan, innoven y creen empleo de calidad”.
Por este motivo exigió, en primer lugar, la supresión de una gran parte de las barreras administrativas y del exceso de burocracia de las administraciones autonómicas y locales. Juliá también reclamó “un sistema judicial mas ágil para resolver de forma más acelerada los conflictos” y pidió una mejora del tratamiento fiscal a las empresas, especialmente para la reinversión de beneficios y para el gasto en actividades ligadas a la I+D+i.
En esta ocasión no hubo ninguna mención al impuesto extraordinario a la banca, tal y como hizo en el anterior congreso del IEF, Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, cuando habló sobre la estigmatización de los beneficios de la banca. “No hay conflicto entre beneficio empresarial y ser socialmente responsable. Dar beneficios es sano si parte lo reinviertes. Los bancos prestamos capital para dar créditos. ¿A qué dedicamos ese beneficio? Un tercio a pagar impuestos, un tercio a dar nuevo crédito y un tercio a retribuir a los accionistas”. Banco Santander pagó 335 millones de euros en 2023 por el impuesto extraordinario la banca.
El consejero delegado de Santander en España también aprovechó su intervención para poner la gestión de los fondos Next Generation como un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada, que consideró imprescindible para poder dinamizar la inversión del sector privado, especialmente en actividades que van a requerir grandes inversiones como la transición energética. “El sector financiero resulta fundamental para la financiación de actividades sostenibles”, apuntó.