Puntos de recarga y ayudas a la compra, claves para impulsar la movilidad eléctrica
Cepsa pide acelerar el despliegue de infraestructura de carga y subvenciones directas en los puntos de ventas
La adopción de la movilidad eléctrica en España es aún muy limitada. Solo el 12% de los vehículos vendidos en 2023 estaban electrificados mientras que la media europea se encuentra en un 21%. Cepsa celebró este viernes un evento para impulsar el desarrollo del coche eléctrico, con una receta clara: acelerar el despliegue de puntos de carga, ayudas directas en los puntos de ventas y una simplificación de los trámites entre comunidades autónomas.
Cepsa propuso elaborar un mapa a nivel estatal para definir una red básica de puntos de carga y garantizar así la presencia de puntos de recarga en las zonas de mayor tráfico. La empresa destacó la necesidad de incluir esta infraestructura en los planes de ordenación urbana directamente. En esta línea, explicó que la creación de una aplicación común a los distintos operadores podría impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. Actualmente, el 75% de los vehículos eléctricos se estacionan fuera del garaje privado, pero el país solo cuenta con 30.000 puntos de recarga públicos. Solo 2.000 de ellos son rápido o ultra rápidos según anunció la empresa.
La compañía insistió en la necesidad de proponer ayudas directas para la compra de vehículos, que se puedan aplicar en el concesionario. El precio sigue siendo una barrera a la hora de adquirir un coche eléctrico. La empresa evocó también la posibilidad de proponer desgravaciones fiscales para incentivar los compradores y las empresas a electrificar su movilidad. Fueron abordadas soluciones como el leasing social (el alquiler de vehículos eléctricos a precios reducidos mediante subvenciones estatales) o el carsharing (el alquiler de vehículos por horas o minutos a través de una plataforma digital de iniciativa pública). Actualmente, España solo cuenta con 340.000 vehículos eléctricos, un 1,2% del parque nacional de turismos.
Otro de los grandes consensos a los que se llegó fue la necesidad de agilizar la tramitación y homogeneizar los procesos de autorización entre autonomías. Los ponentes propusieron la creación de un sistema de “ventanilla única” para unificar los trámites administrativos y la conexión a redes en todo el territorio y entre los distintos niveles de la administración pública. También evocaron la creación de un centro de asistencia digital único, accesible para todas las empresas promotoras de puntos de recarga para dar visibilidad a los procesos administrativos.
