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Competencia ve “especialmente relevante” supervisar la separación de actividades de REE para “minimizar” el riesgo de sobreinversión

La CNMC concluye que, “de forma general”, las medidas adoptadas por la empresa “se ajustan a las exigencias previstas en la normativa”

Ignacio Fariza
El centro de control de Red Eléctrica de España, en una imagen de archivo.
El centro de control de Red Eléctrica de España, en una imagen de archivo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este miércoles una batería de recomendaciones para reforzar la separación funcional de actividades de Red Eléctrica de España (REE), en su doble faceta de operador y gestor técnico del sistema y, también, de transportista de electricidad por las redes de alta tensión. El regulador sectorial —hasta la próxima recuperación de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— considera “especialmente relevante supervisar que el modelo de separación de actividades minimiza el riesgo de sobreinversión en la red, tal y como defienden las sucesivas directivas europeas y esto en un entorno de incorporación de nuevos vectores energéticos, actividades y agentes al mercado eléctrico”.

Este alegato cobra particular importancia por la coyuntura que se vivirá en los próximos años. “Cabe señalar las inversiones muy significativas que se van a desarrollar en el sector eléctrico (...) y el papel determinante que va a desempeñar el operador del sistema a través de sus propuestas de planificación de la red, siendo REE, al propio tiempo, el titular en régimen de transportista único de los activos de transporte”, se lee en el informe de supervisión, de un centenar de páginas.

La CNMC —el organismo encargado de supervisar el grado de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la separación funcional de REE— se detiene, además, en la “falta de simetría” entre los sectores eléctrico y gasista “en cuanto a la exigencia de separación jurídica de la operación/gestión técnica que solo se prevé” para el segundo.

El informe de supervisión de Competencia concluye que, “de forma general”, las medidas adoptadas por la empresa “se ajustan a las exigencias previstas en la normativa”. Los técnicos del organismo que preside Cani Fernández ven la interpretación del alcance de la separación de funciones que hace REE “consistente” con la suya propia, que tiene como objetivo “evitar cualquier conflicto de interés entre la figura de operador del sistema [eléctrico] y gestor de la red de transporte, y la de transportista”. Consideran “ajustada” a las exigencias de separación funcional. Y sostienen que su código de conducta “cumple los criterios de independencia exigidos” para las personas responsables de la unidad que desarrolla las funciones de operación del sistema eléctrico y gestión de la red de transporte respecto del resto de unidades de la empresa, en la que el Estado tiene el 20% del capital.

No obstante, el regulador recomienda “la exclusión de la figura del director/a general de Operación del comité ejecutivo, del comité de Compras del grupo y del comité de Supervisión del operador para “eliminar el riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés entre las actividades de operación del sistema y gestión de la red de transporte y la actividad de transporte”. Y apela a que la retribución variable asociada a esa dirección general quede vinculada, “en exclusiva, a objetivos específicos para la misma, excluyendo aspectos que no guardan relación con la actividad del operador del sistema eléctrico, con la finalidad de garantizar su independencia”. Hasta la fecha, continúa, “la retribución variable a largo plazo de esta dirección excluye aspectos ajenos a la actividad”.

En el trámite de alegaciones, tanto REE como su grupo matriz (Redeia) manifiestan que “ya se está cumpliendo con la recomendación de reforzar las medidas destinadas a la máxima separación física entre los empleados de la unidad orgánica de operación del sistema respecto de cualquier otra actividad que pudiera desarrollarse en el grupo de sociedades que pudiera resultar, por su naturaleza, incompatible con la actividad del operador del sistema, principalmente, respecto de los empleados de la unidad de transporte”. El fin, dicen, es “minimizar riesgos de injerencias en la actuación del operador del sistema eléctrico que pudieran derivarse de compartir espacios físicos”. No obstante, ambas se comprometen a “continuar con la optimización de la ubicación de empleados, por lo que se mantiene la recomendación, de carácter general, de continuar con la citada labor de refuerzo”.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.
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