Celsa busca las piezas de su puzzle
Los fondos entraron hace medio año en la compañía y han cambiado al equipo gestor, pero su futuro sigue siendo una incógnita
En su primera y única intervención pública desde que asumieron la dirección de Celsa, su consejero delegado, Jordi Cazorla, y sobre todo el presidente, Rafael Villaseca, ofrecieron la imagen de una empresa que acababa de salir de una unidad de cuidados intensivos, pero que todavía requería de los servicios que solo es capaz de ofrecer un hospital. Ambos lideran la nueva etapa del grupo acerero, el que representa a los antiguos fondos de inversión acreedores que acabaron consiguiendo la propiedad de la compañía en los tribunales, tras poner de manifiesto su abultada deuda y su incapacidad para pagarla. Ha pasado medio año desde que Villaseca puso los pies por primera vez en las instalaciones de Castellbisbal (donde está la sede histórica de la compañía, en Barcelona) y, pese a que los trabajos avanzan, Celsa es hoy todavía una imagen repleta de agujeros, como un puzzle difícil de montar porque, sobre todo, algunas de esas piezas se tienen que volver a perfilar. Son su futuro.
De hecho, los nuevos gestores apenas han podido acabar en todo este tiempo dos de ellas. La que les muestra a ellos como los nuevos jefes de la compañía y la que incluye el nuevo balance y la cuenta de resultados de 2023, tras enjugar 1.418 millones de euros de deuda que tenían los fondos a cambio de quedarse con la propiedad. Esa primera foto parcial pasará el examen de la junta de accionistas que la compañía celebrará el día 26 de este mes de junio. Es la imagen de uno de los grandes fabricantes acereros de Europa, con una facturación de 4.765 millones de euros (5,6 millones de toneladas producidas), un ebitda de 441 millones y un beneficio neto de 459 millones en 2023. Pero esos números son los derivados de la nueva situación financiera, después de que un Juzgado de lo Mercantil quitara la propiedad a la familia Rubiralta y se la cediera a fondos como DWS, Attestor, Golden Tree y Cross Ocean. Los nuevos gestores han aflorado un agujero patrimonial de 1.339 millones, motivo por el cual en esa misma junta de accionistas se decidirá si se permite a la dirección de la compañía tomar “eventuales” acciones legales el anterior presidente de la compañía, Francesc Rubiralta, cuyas sociedades patrimoniales, además, debían 539 millones al grupo.
La dirección de la compañía mantiene absoluta discreción acerca de sus trabajos. Fuentes del sector apenas desvelan una cuestión: habrían iniciado contactos muy iniciales para buscar un socio industrial que les acompañe en esta nueva travesía, una de las condiciones que puso el Gobierno para aceptar el cambio de manos del grupo, junto al respeto a la totalidad de la plantilla, sin afectación sobre sus 10.000 trabajadores, y que se mantuviera la actividad en España. Esas negociaciones, sin embargo, no alcanzarán los plazos iniciales impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que obligaban a tenerlos listos en seis meses. Compañías que han sonado para ser uno de sus compañeros de viajes niegan que haya habido ningún avance.
Existe una cuestión que dificulta los trabajos. Aunque la fotografía muestra un patrimonio de 326 millones de euros, la valoración definitiva del grupo acerero dependerá de otras cuestiones. Durante el juicio que cambió la historia de Celsa, hubo diferentes valoraciones de la compañía. La que el juez tuvo en cuenta como la más neutral fue la que realizó la consultora Lexaudit, que cifró el valor de la compañía entre 2.400 y 2.800 millones de euros. Pero esa cifra queda a expensas ahora de los nuevos números que han dibujado los nuevos propietarios y de otras cuestiones.
Una de esas variables es la evolución del mercado del acero, que tras la caída experimentada en 2023 por las tensiones de la inflación, los costes de la energía y los riesgos geopolíticos, para los dos próximos años se prevén más positivas. Las previsiones de la patronal europea plantean mejoras del 5,6% en 2024 y del 2,9% un año después. Pero hay otras cuestiones internas que jugarán su propio papel y que pueden decantar el fiel del precio de Celsa más arriba o más abajo. Una es la política de desinversiones a la que pueda jugar el nuevo equipo de Cazorla y que permitiría a la compañía reducir parte de sus 2.300 millones de euros de deuda y ganar músculo inversor. Esa decisión está en el aire todavía. El consejo encargó a Citi un informe para que le aconsejara sobre lo que ha llamado “posibles rotaciones de activos” de filiales extranjeras, que acumulan una deuda superior a los 650 millones de euros. La decisión definitiva la deberá tomar el consejo de administración, pero deberá ser confirmada por la junta general de la sociedad hólding Inversiones Pico Espadas, que celebrará junta el próximo 26 de junio y en su orden del día no figura ninguna operación de ese tipo.
La dimensión del perímetro de Celsa Grupo acabará determinando también su precio para un posible accionista, como también tendrá que ser tenida en cuenta la hoja de ruta que dibuje para los próximos cinco años la compañía, trabajo que ha confiado a Bain & Company “para la identificación de palancas de creación de valor”.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Sobre la firma
