Hacienda inyecta otros 500 millones en la SEPI para su entrada en el capital de Telefónica
El Gobierno repite fórmula y llega a los 1.000 millones de euros de aportación en el primer trimestre
El Ministerio de Hacienda inyectó en el mes de marzo 500 millones de euros en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para seguir sufragando la entrada del Gobierno en el capital de Telefónica. La cifra, anómala si se compara con las cantidades habituales, se suma a otros 500 millones que se canalizaron por la misma vía el pasado mes de febrero, cuando tuvo lugar la primera gran aportación patrimonial que quedó reflejada en los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Todo este dinero ha servido para que el Estado se haga, hasta la fecha, con un 6,169% del accionariado de la teleoperadora, aunque para llegar a esta cifra también se han ejecutado operaciones durante el mes de abril que todavía no están recogidas en el detalle proporcionado por el ministerio.
En el capítulo 8 del último informe de la IGAE, referente a los activos financieros, el departamento que dirige María Jesús Montero explica que esta partida ha aumentado en el primer trimestre del ejercicio “fundamentalmente” por “la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500.000 miles de euros”. Aunque el ministerio no especifica que el movimiento está dirigido para financiar la operación de entrada en el accionariado de Telefónica, la cifra concuerda con el volumen necesario que requería la operación.
En concreto, la SEPI comunicó la semana pasada a la SEC (el supervisor de Estados Unidos) que para alcanzar su participación actual del 6,169% habría destinado 1.397 millones de euros para la compra de un total de 354 millones de acciones. El objetivo mandatado por el Consejo de Ministros a mediados del mes de diciembre era alcanzar el 10% del accionariado, una operación valorada en más de 2.000 millones de euros.
De alcanzar dicho porcentaje, la SEPI se consolidaría como primer accionista de Telefónica, por delante de Saudi Telecom Company (STC), controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, que en septiembre pasado anunció la compra de un 9,9% del capital; un 4,9% de manera directa y un 5% a través de derivados. Para sobrepasar el 5%, STC necesita la aprobación del Gobierno, dado el carácter estratégico de la operadora, en ámbitos como la defensa y la seguridad nacional.
Dentro de la oleada de movimientos en el capital de teleco, los mayores cambios en el accionariado de las últimas décadas, CriteriaCaixa comunicó que había elevado su participación en Telefónica desde el 2,69% al 5,007%. Esta presencia está al margen de la controlada por CaixaBank que, a lo largo de los últimos años, ha ido reduciendo la participación en la teleco, en la medida en que Criteria la iba incrementando.
Con la citada participación alcanzada, por encima del 6%, la SEPI prácticamente ya tiene derecho a nombrar un representante en el consejo de administración de Telefónica. En abril, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de la compañía.
De hecho, la SEPI ha insistido en distintas ocasiones que su vocación es de permanencia en el capital de la teleco. “La participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, destacó el organismo.
Lo cierto es que estos cambios han consagrado el retorno del Estado al capital de Telefónica, desde la privatización llevada a cabo en 1997, con la presidencia de Juan Villalonga, durante el primer Gobierno de José María Aznar. Hasta entonces, el Estado contaba con sus propios representantes en el consejo de administración de la operadora, a los que se unía la figura del delegado del Gobierno en Telefónica.
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