La proliferación de impuestos autonómicos a las renovables pone en guardia al sector
Aragón ha sido la última en fijar un tributo específico a los proyectos eólicos y solares, tras Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria
Aunque el proyecto venía de atrás, el Gobierno aragonés (PP y Vox) dio el paso a finales de enero. El 30, el Consejo de Gobierno daba luz verde a un gravamen sobre “el impacto en el medioambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas” que entrará en vigor la segunda mitad del año. El impuesto va en dos direcciones: en el caso de la eólica tiene una parte variable en función de la altura de los aerogeneradores y una fija, en función de la potencia total del proyecto; en el de la fotovoltaica, es íntegramente variable, en función de la superficie de la instalación.
El movimiento del Ejecutivo de Jorge Azcón no es ni mucho menos, y eso es precisamente lo que tiene en vilo al sector de las energías limpias. Aragón sigue la estela de otras cuatro comunidades autónomas que llevan tiempo gravando los proyectos renovables: Galicia, Cantabria y las dos Castillas. Los argumentos son comunes a prácticamente todas ellas; el fin, también: recibir su parte del pastel, más allá de los ingresos fiscales que reciben los municipios en los que están asentados estos proyectos.
“Esto de hacer impuestos ambientales sobre las energías que más cuidan y respetan el medioambiente nos hace mucha gracia... Por no decir otra cosa. Es un sinsentido”, carga por teléfono José María González Moya, director general de la asociación APPA Renovables. “Si vamos a cargar a las renovables con impuestos y tasas, no podemos pedir que nuestra energía sea barata. Hay que ser coherentes: no puede haber una doble vara de medir”. González Moya ve, además, “muy preocupante” que haya regulaciones fiscales “tan diferentes” entre unas autonomías y otras, y pide una “armonización fiscal” para que “cada territorio no acabe legislando por su cuenta”. Los proyectos renovables, recuerda, “ya pagan mucho IBI e ICIO [el que grava las construcciones, instalaciones y obras]”. Todos ellos, eso sí, de índole municipal.
El caso de Aragón, el más reciente y una de las comunidades en las que más rápido han crecido y siguen creciendo la eólica y la fotovoltaica, es quizá el que más escama al sector. “Estoy yendo semana sí semana también a Zaragoza”, reconoce un ejecutivo, que cree que aún hay margen para suavizar la normativa durante el trámite parlamentario, que no será de urgencia y que, por tanto, durará unos dos meses más. “Si sale adelante, muchos desarrolladores optarán por Andalucía o Extremadura, donde no tienen ninguna intención de poner impuestos”, sostiene. “Todo el mundo es prorrenovable, pero también todo el mundo quiere sacar tajada”, agrega otra voz autorizada del ámbito energético.
Carácter extrafiscal
La lógica que sustenta los impuestos autonómicos a las renovables tiene un carácter extrafiscal. Es decir, antes que generar ingresos para las arcas públicas, buscan compensar los impactos negativos que las instalaciones puedan causar al territorio. Su recaudación, de hecho, es limitada: en 2021, las tres comunidades que tenían en marcha cánones y tasas de este tipo, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha —Cantabria, donde tanto la potencia eólica como la solar son residuales, introdujo un gravamen a mediados de 2022— ingresaron por ellos algo menos de 100 millones de euros. Se trata de una cantidad muy exigua comparada con los más de 2.000 millones que recaudaron por tributos propios y los 120.000 obtenidos en total.
Tampoco se aprecia un evidente sesgo ideológico: los han impulsado tanto autonomías socialistas como populares. Galicia fue pionera en establecer un canon eólico. Era 2009 y el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acababa de coger las riendas de la Xunta. “La energía eólica […], al no producir efectos contaminantes a la atmósfera, es un activo que debe ser impulsado/estimulado desde los poderes públicos”, señala la exposición de motivos de la ley que regula el tributo gallego. Pero añade: “Que esto sea así no implica que su implantación sea totalmente inocua”. En concreto, argumenta que la instalación de los aerogeneradores causa externalidades negativas que afectan la flora, la fauna y el paisaje y que por ello se precisa una “compensación” para los territorios afectados.
Esta, la conservación del medio ambiente, es en línea general la justificación que alegan todas las autonomías que contemplan cargas a las instalaciones renovables, gravámenes que además han sido avalados por los tribunales ante los recursos del sector. Es el caso del canon eólico de Castilla-La Mancha, introducido en 2011 por el socialista José María Barreda, o del impuesto sobre la afección medioambiental de Castilla y León, aprobado en 2013 por el PP y que, además de los parques eólicos, hace referencia a las centrales nucleares y al agua embalsada, entre otras fuentes de energía. Cantabria, por su parte, cuenta desde hace menos de dos años con un canon a los parques eólicos y fotovoltaicos en suelo rústico, introducido por el anterior Gobierno de coalición entre PRC y PSOE.
Aunque pueda parecer una paradoja que se graven instalaciones renovables en un mundo plena carrera hacia las emisiones cero, Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y director de ECOBAS, respalda estas figuras siempre y cuando quede claro qué es lo prioritario. “No debe haber excepciones cuando se puede constatar y evaluar el impacto negativo ambiental, incluyendo las tecnologías renovables. No obstante, los impactos ambientales negativos vienen fundamentalmente de otras tecnologías no renovables que están claramente infragravadas en España y que deben ser objetivo prioritario de estos impuestos”, defiende.
Otra cuestión son las diferencias que existen entre autonomías. Las comunidades pueden aprobar tributos propios sobre aquellos hechos imponibles que no están regulados por el Estado y los municipios, y el campo en el que más han desarrollado esta potestad es el medioambiental, donde hay una gran laguna impositiva. En 2023, contaban con 63 gravámenes en vigor, la mayoría impuestos verdes, con distintos supuestos y con escasa recaudación. “Existe una elevada heterogeneidad de figuras autonómicas que, en ocasiones, no responden a una verdadera finalidad medioambiental”, evidencia el libro blanco para la reforma fiscal, que lanza una serie de propuestas, como mecanismos de coordinación, para poner orden en la materia.
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