Un consejero de la CNMC cuestiona la legitimidad de la Sala de Regulación
El pleno acordó el pase de Xabier Ormaetxea a Competencia por una dudosa mayoría: tres a favor, tres abstenciones y uno en contra. Critica la decisión en un voto particular
El pasado 23 de septiembre al consejero de la CNMC Xabier Ormaetxea le venció el mandato de seis años que establece la ley, si bien, continuará en el organismo hasta que un próximo Gobierno apruebe su relevo. Según las reglas de rotación de consejeros entre las dos salas que componen la Comisión (la de Supervisión Regulatoria y la de Competencia), si, llegado el momento de su cese un consejero se viese obligado a seguir en su puesto por falta de sustituto y nunca antes hubiese rotado, debe rotar a la otra sala.
Y, aunque la norma también fija que las rotaciones “deben efectuarse manteniendo la estabilidad de las salas” y que en un año se han movido de la de Regulación hasta seis consejeros por distintas circunstancias, el pleno del organismo aprobó dos días después por una supuesta mayoría el intercambio de Ormaetxea, hasta ahora adscrito a Regulación, por Josep María Salas, procedente de Competencia. El resultado de la votación ha sido cuestionada por el consejero vasco, que se ha enfrentado a duras presiones en contra de que lo incluyese en el voto particular que presentó la semana pasada: tres votos a favor, tres abstenciones y uno en contra.
El voto particular, que ha superado en parte un intento de censura por parte de la presidenta, Cani Fernández, y del secretario del consejo, Miguel Bordiú, que consideraban que el resultado, al formar parte de las deliberaciones del consejo, era confidencial, se publicó finalmente ayer. En él, tras desvelar la votación, Ormaetxea hace constar que “solo fue aprobado por tres consejeros de un total de siete presentes”. En este sentido, considera que “no se puede negar que hubo una mayoría de votos y por tanto el acuerdo será legal, pero que una decisión de ese calado y trascendencia se adopte sin el apoyo de la mayoría de los presentes, pone en duda la legitimidad del mismo”.
La CNMC señala oficialmente que “emitir votos particulares es un derecho individual de cada consejero” y que “el consejo no puede restringir ni ha censurado en ningún caso su contenido”. En este sentido dice que “solo puede y debe vigilar” que dichos votos “no incluyan información confidencial o datos de carácter personal” o la vulneración “del deber de secreto de las deliberaciones del consejo”. Y concluye que el voto de Xabier Ormaetxea “se ha publicado en la web con el mismo contenido con que se ha incorporado al expediente” y con el resultado de las votaciones.
El límite del secreto
Aunque el secretario validó que el resultado es por mayoría, es dudoso considerar que en un consejo las abstenciones equivalgan a un voto negativo y que se contabilicen como positivos, indican fuentes del sector. Respecto a la confidencialidad de las deliberaciones en este tipo de organismo, no se consideran secretas, siempre que no se identifique al votante y las intervenciones de cada consejero. De hecho, no es la primera vez que la CNMC publica dichos resultados, muy especialmente cuando son por unanimidad (una manera de desvelarlos).
Al margen de que el consejero discrepante no pueda ir contra el resultado (por haber sido aceptado por el secretario), la cuestión va más allá, pues empresas afectadas por las decisiones de la Sala de Regulación (que supervisa importantes sectores, como energía, telecomunicaciones, aeroportuario o ferroviario) podrían impugnar dichas decisiones ante un tribunal argumentando que la composición de la sala es de dudosa legalidad por haber procedido a una rotación que no ha logrado la mayoría del pleno. Más que una rotación, Ormaetxea la califica de “centrifugación”, que “conlleva un grave perjuicio hacia la Sala e Supervisión Regulatoria”, critica.
Y más allá de la interpretación que podría poner en solfa los dictámenes, informes o multas que se aprueben a partir de ahora (y en tanto continúe Ormaetxea en el organismo), este considera que su rotación, al igual que la que se produjo en diciembre del año pasado en el caso de Bernardo Lorenzo, “es ilegal”. Y lo argumenta en que ambos, antiguos consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que fueron despedidos por decreto tras la creación de la CNMC (en a que se integraron los anteriores organismo reguladores, como la CMT o la CNE y la autoridad de Competencia, antes CNC), volvieron a sus puestos tras una sentencia del Tribunal Supremos de 2017 en que declaraba nulo el cese. El fallo obligaba al Estado a “reponer " a ambos consejeros “en el organismo regulador de las telecomunicaciones”.
Al haberse integrado este en la Sala de Regulación de la CNMC es “en la que están depositadas las competencias reguladoras de telecomunicaciones”, señala el nuevo voto particular. Ormaetxea ya emitió otro similar a finales del año pasado cuando se produjo la rotación de Lorenzo.
Desde el fallecimiento en agosto de Ángel Torres, vicepresidente del organismo y presidente de la Sala de Regulación, Ormaetxea pasó a ocupar este último cargo.
Un cambio costoso para tan breve periodo
Hay quien considera que la rotación extraordinaria de Xabier Ormaetxea a la Sala de Regulación desde el 25 de septiembre ha sido un empecinamiento costoso de la presidencia de la CNMC pues, en cualquier caso, si a finales de año no hubiera sido sustituido por el Gobierno, sí habria sido traspasado por ley a la Sala de Competencia por ser el de mayor antigüedad en la de Regulación. En ese caso, ell vocal disidente podría haber repetido su argumento en contra a través otro voto particuar, como el que planteó en diciembre del año pasado: que fue una sentencia del Tribunal Supremo la que obligó a restituirle su puesto en el organismo regulador de las telecos (en este caso, la de Regulación de la CNMC).
El problema se remonta al verano pasado cuando el Gobierno aceptó el cese de dos consejeras (María Ortiz y Pilar Canedo) a las que les finalizaba el mandato, pero preferían no seguir porque habían encontrado un acomodo profesional. Ello, unido al fallecimiento del vicepresidente, Ángel Torres, dejo tres vacantes y, por tanto, sin quorum, a la sala de Regulación. En septiembre del año pasado salió Mariano Bacigalupo (quien fue sustituido por María Jesús Martín); en diciembre rotó a la de Competencia Bernardo Lorenzo y el mes pasado, en sustitución de Ormaetxea, se incororó Josep Sala. Una rotación que, según el voto particular, supone que la sala solo tendría “un 33% de consejeros veteranos y un 66% de recién incorporados”. Entre todos, añade, suponen seis cambios en un año, a los que se añadirá la rotación prevista en diciembre: siete cambios para una sala de cinco miembros.
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