Las teles privadas cargan contra los “influencers” y piden más regulación para los que tengan más de 100.000 usuarios
La patronal Uteca reclama que sean categorizados como Usuarios de Especial Relevancia en las plataformas de intercambio de vídeo
Las televisiones privadas se mueven contra los denominados influencers y reclaman una mayor regulación para esta actividad en internet. En un comunicado, la patronal Uteca ha señalado que es imprescindible que el Gobierno rebaje los umbrales de seguidores y facturación anual necesarios para que un “influencer” sea categorizado como Usuario de Especial Relevancia (UER) en las plataformas de intercambio de vídeo.
Esta calificación obligará al cumplimiento de la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor, con la posibilidad de afrontar sanciones de hasta 1,5 millones de euros en los casos de incumplimiento más graves.
Según Uteca, en su actual redacción, el Proyecto de Real Decreto (PRD) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública fija en dos millones de seguidores en al menos una plataforma y 500.000 euros de facturación anual los requisitos para ser un UER. “Unas cifras que dejan fuera a la gran mayoría de los influencers, que con una menor base de seguidores tienen una alta capacidad de prescripción y desarrollan una recurrente actividad publicitaria y de creación de contenidos”, dice esta patronal, que engloba a Atresmedia, DKISS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV.
“Las televisiones comerciales en abierto agrupadas en Uteca hemos propuesto, en el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto, que todos aquellos con al menos 100.000 seguidores en el conjunto de las plataformas y con un mínimo de 100.000 euros de facturación anual, tanto en metálico como en especie, tengan la consideración de Usuarios de Especial Relevancia y, por tanto, estén obligados al cumplimiento de la ley”, afirma Uteca.
La patronal afirma que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se han manifestado en términos similares. En su informe sobre el Proyecto de Real Decreto, la CNMC estima que “tanto el umbral económico como el de seguidores son demasiado altos y se corre el riesgo de dejar fuera del ámbito regulatorio a aquellos agentes que tienen una incidencia considerable en los consumidores, y especialmente en los menores”.
A juicio de Uteca, de mantenerse unos umbrales tan elevados, el grueso de los influencers quedará exento del cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual que, entre otras cuestiones, prohíbe y sanciona la difusión de contenidos de odio y violencia, además de la difusión de publicidad perjudicial y no señalizada. “El intento de regulación será irrelevante y no tendrá ningún impacto. El efecto práctico será el equivalente a no haber aprobado ninguna regulación”, indica.
Según las televisiones, agencias especializadas en el marketing de influencers estiman que solo un 0,82% de este colectivo de Instagram y un 2% de los de Tik Tok alcanzan las cifras inicialmente fijadas por el Gobierno para ser considerado Usuario de Especial Relevancia.
“El Proyecto de Real Decreto ofrece una oportunidad única, que no debemos desaprovechar, para que una mayoría de influencer abandonen el salvaje oeste en el que desarrollan su actividad con la complicidad de las plataformas que los acogen”, afirma Uteca, que añade que si la regulación quiere lograr el objetivo de reducir considerablemente la actual situación de difusión sin control de contenidos audiovisuales y comunicaciones publicitarias perjudiciales en plataformas como Tik Tok o Instagram, el Gobierno “debe ampliar considerablemente el número de influencers obligados a cumplir la ley”.
Esta actividad ha recibido advertencias sobre su actividad por parte de distintos ámbitos. En noviembre pasado, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, lanzó un aviso a los influencers que emiten recomendaciones de inversión, a los que recordó que deben cumplir con unas mínimas obligaciones. En este sentido, pidió identificar a quienes formulasen las recomendaciones, además de reclamar que se presentase la información de forma objetiva.
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