El juez archiva el caso del Grupo Zed para el magnate ruso Fridman
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios sólidos de su participación en la quiebra de la tecnológica
El caso del Grupo Zed acaba para Mijail Fridman. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga la presunta despatrimonialización e insolvencia de la tecnológica española ha acordado el archivo de la presunta responsabilidad penal del empresario ruso en estos hechos, que se llevan investigando desde 2017. El magistrado instructor entiende que no existen indicios sólidos de los delitos que se le atribuyeron de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición del magnate ruso, en contra de la opinión de la Fiscalía Anticorrupción. Fridman alegó, en un reciente escrito, que si los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar a las firmas extranjeras vinculadas a él, como el fondo de inversión LetterOne –cuyas acciones quedaron en suspenso tras introducir su nombre en la lista negra de la Unión Europea por la invasión de Rusia en Ucrania– y la compañía de telecomunicaciones Vimpelcom (actual Veon), tampoco tiene competencia para investigarle por la quiebra de Zed WorldWide S.A.
La Audiencia Nacional dejó sin efecto, a finales de septiembre de 2022, la imputación de estas compañías por la falta de jurisdicción y porque no tienen la obligación de cumplir con los requisitos que el artículo 31 bis del Código Penal español impone a las personas jurídicas.
Ahora, el juez instructor recupera este criterio e indica que buena parte de los ilícitos que se atribuyen a Fridman se habrían cometido en el extranjero. Así, “por principio de coherencia interna en la actuación del órgano judicial”, el juez García Castellón desimputa a Fridman, sobre quien, además, destaca que no hay indicios claros de que dichos delitos fueran, en cualquier caso, cometidos en territorio español, que sí le dan competencia para indagar en los hechos.
“Si la actuación del señor Fridman se produjo como propietario y administrador de facto de una serie de mercantiles, en consecuencia, las actuaciones que se desarrollaron por estas en la despatrimonialización de Zed se habrían cometido en el extranjero. Si seguimos dicha línea argumental, llegamos a la conclusión de que, en efecto, al solicitante se le atribuye la comisión de una serie de delitos en el marco de los poderes de dirección de varias mercantiles, todas ellas radicadas en el extranjero. Los actos que habrían ejecutado tales sociedades se habrían desarrollado más allá de las fronteras españolas, quebrándose los criterios de atribución de jurisdicción”, explica el juez García Castellón en un auto dictado este martes.
Primera imputación en 2019
Mijail Fridman fue imputado por primera vez en esta causa en agosto de 2019 por, supuestamente, liderar una serie de maniobras para asfixiar a Zed WorldWide económicamente, con el objetivo de adquirirla por 20 millones de euros, un precio por debajo de mercado. La condición de investigado solo duró poco más de un año, pues en diciembre de 2020, el juez instructor acordó el archivo.
No obstante, esta decisión no fue firme, ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó los recursos del que fuera dueño de la empresa de videojuegos Javier Pérez Dolset (también investigado en este caso) y su familia, así como de la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados indicaron que en ese momento procesal (julio de 2021) no se podía descartar que el magnate ruso “haya participado en su indiciaria condición de persona, situada formalmente en un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión, a través de la cual se canalizaba la ilícita operativa contraria a las reglas del libre mercado que, con eficaz capacidad defraudatoria intervino en la consecución de la ruina económica de la empresa española”.
Así las cosas, la investigación contra Fridman se reabrió. Más de dos años después, el juez instructor insiste en que de las pruebas practicadas, por orden de la Sala de lo Penal, no existen indicios de criminalidad en su contra que sean los “suficientemente sólidos como parara mantenerle la condición de investigado”.
De hecho, rechaza el argumento de Anticorrupción para mantener la imputación, que señala que el nexo es que la insolvencia de la empresa creadora del videojuego Commandos tuvo lugar en territorio nacional. Para el juez esta afirmación es “genérica, imprecisa, indiscriminada y vaga”, pues el fiscal “no desgrana qué concretos actos se desarrollaron en España, ni justifica en qué modo se opera el engarce lógico con cualquier acto que coadyuvara a esta insolvencia”.
A ello añade que “resulta un dato llamativo” que un informe “voluminoso” que consta en la causa sobre la administración concursal de Zed Worldwide no hace “ninguna mención a la intervención de las empresas rusas en el proceso de insolvencia”.
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