La batalla por la certificación del pedigrí de los perros llega a la Audiencia Nacional
La Real Sociedad Canina de España impugnó la sanción de 143.000 euros que la CNMC impuso en 2022 por obstaculizar la actividad de otras asociaciones
La potestad para certificar el pedigrí de los perros es el centro de una batalla económica que durante años enfrenta a distintas asociaciones caninas y que ahora ha llegado a los tribunales. Según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, consultado por CincoDías, el tribunal analiza la multa de 143.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso, en 2022, a la Real Sociedad Canina de España (RSCE) por abusar del monopolio que tiene para tramitar el documento de genealogía con validez internacional, como único miembro español de la Federación Cinológica Internacional (FCI).
El órgano regulador consideró que, al menos entre 2011 y 2020, la Sociedad Canina se aprovechó de su posición de dominio en el mercado y obstaculizó la actividad de otras asociaciones nacionales. Según consta en la resolución sancionadora, los criadores se vieron obligados a inscribir a los animales en los libros de orígenes de la RSCE para poder obtener el pedigrí internacional, que les abre la puerta al mercado exterior para la exportación e importación perros. Ello chocaría con la liberalización que se produjo hace más de 20 años por real decreto, que permite que cualquier asociación canina que cumpla los requisitos establecidos pueda tener su libro genealógico o de orígenes oficial.
Asimismo, en dichos registros, el club sancionado habría borrado el historial de las organizaciones rivales y el palmarés del perro logrado en ellas. A todo ello, se sumó que prohibió a jueces caninos formados por ellos (o por el FCI) a participar en eventos de la competencia.
Esta actuación, según la CNMC, tuvo un “impacto” en las cuentas del resto de asociaciones de perros, ya que les generó “una pérdida directa” en los ingresos por la reducción “artificial” de la demanda de inscripciones y certificaciones genealógicas de cachorros. También por la dificultad que pesaba sobre otros clubes para organizar actos con un cierto prestigio, ya que estos eventos dependen de los árbitros caninos y los que más reconocimiento tienen son los que están vinculados a la Real Sociedad Canina.
Según el órgano que dirige Cani Fernández, entre 2016 y 2019, la cuota de mercado de certificación genealógica de la Sociedad Canina se reforzó. Pasó de tener en 2016 en torno a un 80% a registrar una cuota que llegaría al 90% tres años después. En 2011, esta sociedad facturó 1,9 millones. Mientras tanto, la dinámica de otras asociaciones nacionales fue descendente, subrayó la CNMC.
Hasta 6.000 euros
En 2020 y 2021, el precio del cachorro con pedigrí osciló en España entre los 850 y 2.400 euros, mientras que el valor de un perro adulto apto para la cría se situó en torno a los 6.000 euros, como es el caso de los pastores alemanes, indicó la CNMC. Las cuantías depende del certificado de raza, en el que consta el número de ancestros del perro, edad, salud, prestigio nacional e internacional de la raza a la que pertenece y los méritos conseguidos (títulos, historial, calidad de su descendencia y resultados económicos que ha obtenido).
Así las cosas, la CNMC concluyó que la Real Sociedad Canina afectó a los mercados de cría y de comercialización de perros de raza. Consecuencia de esto fue la sanción de 142.996 euros que la Sociedad Canina ha impugnado ante la Audiencia Nacional. Asimismo, la CNMC intimó a la RSCE a “facilitar el acceso” de los criadores de las asociaciones competidoras al pedigrí internacional sin obligarles a una “inscripción previa” en los libros de orígenes de la Sociedad Canina.
En su recurso, la sociedad sancionada solicitó la suspensión de dicha obligación mientras se resuelve el asunto, alegando un elevado daño económico en caso de una eventual sentencia favorable. Esta tesis ha sido respaldada por el tribunal en un auto con fecha del pasado 26 de septiembre. Los magistrados imponen esta medida cautelar para evitar “perjuicios irreparables difícilmente cuantificables económicamente” por la emisión, por parte de terceros, de certificados de pedigrí de exportación con “plena validez”, mientras se estudia el fondo de la cuestión y ante la posibilidad de que haya un fallo en contra de la decisión de la CNMC.
La CNMC comenzó a investigar la actuación de la Sociedad Canina, a raíz de una denuncia del Real Club Español del Pastor Alemán en 2019. La asociación de criadores y aficionados del pastor alemán era miembro colaborador del RSCE para la certificación del pedigrí –reconocido por la Comunidad de Madrid– hasta que fue expulsado en mayo de 2011. A la denuncia se sumaron otros entes como Kennel Club España, la Asociación Nacional de Criadores Caninos y Multiformación y la Real Federación Española de Caza.
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