La Sareb ultima una licitación de 3.500 viviendas de alquiler asequible en 10 comunidades
Estima que la inversión privada necesaria para la operación alcanzará los 400 millones
![CINCO DÍAS](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F7ff32504-8cd2-4a09-943f-35f17e6f76d5.png?auth=2b1c12dd6b7998be4c45c0d4f14470a805600173b175751be4adf6293208bb61&width=100&height=100&smart=true)
![Estand de Sareb en una feria inmobiliaria de Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OXBOUKR6VSQVGPBFGTJO7VVLK4.jpg?auth=889369b24abacb080c6edd61393a0d31df340598e2d33912c3ad2abaa33055c6&width=414)
La Sareb prevé lanzar “a finales de 2023 o principios de 2024″ la licitación para construir unas 3.500 viviendas de alquiler asequible en 43 suelos de su propiedad repartidos en 10 comunidades autónomas, una operación con una inversión privada estimada de unos 400 millones de euros.
En un encuentro con periodistas, el presidente de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Javier Torres, y el director de vivienda social y asequible de esta entidad, Pau Pérez de Acha, han detallado que toda la inversión correría a cargo del sector privado, ya que la Sareb cedería los suelos a estos inversores para que construyan las promociones.
Se trata de la primera fase del llamado proyecto Viena, por el cual la Sareb cede suelos a promotores privados para que estos desarrollen viviendas destinadas al alquiler asequible, es decir, con precios en torno a un 20 % por debajo del precio de mercado. En esta operación, que no supone desembolso económico para la Sareb, ha insistido Torres, el llamado banco malo cede ese suelo a 80 años y al fin de ese plazo las viviendas pasarían a formar parte de la cartera de vivienda pública de las administraciones, comunidades y ayuntamientos, principalmente.
Se levantarán unas 600 viviendas en Cataluña
Ambos han detallado que unas 600 viviendas de esa primera fase del proyecto Viena estarían ubicadas en Cataluña y que la inversión asociada en esta comunidad sería de unos 100 millones. De esos 43 suelos identificados en España, hay unos 10 en Cataluña, y aunque Pérez de Acha no ha dado detalles sobre en qué municipios se llevarán a cabo las promociones, ha comentado que la Sareb dispone de suelos en Tarragona, Girona y Lleida y que tiene algunos “cercanos al área metropolitana de Barcelona”, aunque no en las grandes ciudades de esa zona.
La primera fase del proyecto Viena ha identificado suelos para este fin en Andalucía, Castilla León, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Son un total de 33 municipios de 19 provincias.
Esta iniciativa forma parte del anuncio que hizo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en abril de este año, de que se movilizarían hasta 50.000 viviendas de la Sareb para hacer frente al problema que supone la vivienda en España. Con todo, el proyecto Viena contempla la construcción de entre 12.000 y 15.000 viviendas de alquiler asequible en España, por lo que esas 3.500 que licitarán a finales de 2023 o a principios de 2024 son sólo el arranque de ese programa. Con todo, desde que se ponga en marcha la licitación hasta que se acaben construyendo esas viviendas pueden pasar unos años, al menos dos años, según otras experiencias de ese tipo llevadas a cabo en España.
La Sareb, el llamado banco malo, es propiedad en más de un 50% del Estado desde abril de 2022. La entidad nació para absorber los activos tóxicos de 24 de las antiguas cajas de ahorro. Aunque la Sareb se creó con el fin de liquidar en 15 años, es decir en 2027, todos esos activos tóxicos traspasados desde las antiguas cajas, Torres ha dicho que trabajan con la intención de lograrlo para entonces, pero que también “es posible” que no lo consiga en esa fecha, porque se han vendido sólo “el 40 % de los activos”. “Vamos retrasados”, ha admitido Torres, que ha dicho que todavía no está claro qué puede suceder si llegado 2027 no se han vendido todos los activos adjudicados. “No hay ningún equipo estudiando qué hacer con la sociedad”, ha explicado, pero ha apuntado también que una opción sería que el Estado concediera una prórroga, y que también podría liquidarse la sociedad y transferir los suelos a Sepes y la parte de alquiler social a las comunidades, por ejemplo.
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