El juez da vía libre a los fondos para que tomen el control de Celsa
El Juzgado mercantil 2 de Barcelona homologa el plan de reestructuración que los acreedores presentaron para desalojar a la familia Rubiralta del grupo siderúrgico
El Juzgado mercantil 2 de Barcelona ha dado luz verde al plan de reestructuración que los fondos acreedores presentaron para tomar el control de Celsa, la histórica siderúrgica catalana, fundada en 1967 por la familia Rubiralta, y de la que dependen 7.000 empleos. Este plan, ya homologado, prevé la capitalización de parte de los 3.500 millones de deuda de la compañía. De esta manera, los fondos de inversión de los acreedores pasarán a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los actuales propietarios.
La enconada batalla que libran los acreedores de Celsa y sus accionistas, la familia Rubiralta, entra en su capítulo final. La compañía arrastra una abultada deuda, de unos 3.500 millones, que data de una agresiva campaña de crecimiento con adquisiciones de antes de la crisis financiera. Desde entonces, la empresa acumula más de 15 reestructuraciones de su pasivo, que ha dejado de estar en manos de los bancos españoles para pasar a fondos de deuda, que la adquirieron a precio de derribo.
Los fondos acreedores de Celsa —capitaneados por Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor Capital— estrenaron la nueva ley concursal apenas unas horas después de que esta entrase en vigor. Tras meses de tiras y aflojas con la familia fundadora, presentaron un plan que pasaba por convertir 1.291 millones de deuda en el 100% del capital y arrebatar el grupo a los Rubiralta. Esto supone amortizar 1.100 millones de un convertible que vencía en abril de 2023 y un préstamo de 165 millones de un jumbo. Además, también proponen extender los vencimientos de los 935 millones de deuda restante durante cinco años. Y dividir en dos las líneas de crédito de 525 millones con los bancos.
Esta solución era rechazada de pleno por los Rubiralta. Durante esos meses de negociaciones —que implicaron un rescate aprobado por la SEPI de 550 millones que ahora los fondos afirman que no utilizarán—, la familia catalana rechazaba cualquier alternativa que pasase por transferir ni una sola acción a los fondos. Proponían una quita de unos 1.000 millones de euros sin apenas contrapartidas, al argumentar que los fondos habían adquirido la deuda de la banca con un elevado descuento.
Después de que los acreedores presentasen el plan de reestructuración al juez aflojaron y presentaron una nueva propuesta, que en este caso pasaba por transferir a los fondos hasta el 49% del capital o crear un vehículo en Luxemburgo para transferir los beneficios futuros. Pero ya era demasiado tarde. Los dueños de la deuda habían puesto el listón mucho más alto.
“Única alternativa viable”
Ahora, y tras la celebración de un juicio el pasado mes de julio, en el que ambas partes del conflicto defendieron ante el juez quién debía controlar el gigante siderúrgico, el titular del Juzgado mercantil 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, ha acordado la homologación del Plan de reestructuración al entender que este reúne todos los requisitos legales, dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía. Contra esta decisión no cabe recurso.
La sentencia, que se ha dado a conocer este lunes, reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan propuesto, pues, según dice, “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa”. En este sentido, el juez advierte a los nuevos accionistas de que también “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”.
De este modo, el magistrado ha avalado la propuesta de los acreedores, que durante la vista oral defendieron que la viabilidad del grupo solo se aseguraba si ellos tomaban el control, y da vía libre para expulsar a los Rubiralta del consejo de administración de la compañía, que serán sustituidos por perfiles perfiles independientes, según indicaron durante el juicio.
Así, el juez Lobato rechaza las acusaciones de Celsa acerca de que los acreedores se han configurado como “una coalición de ‘fondos oportunistas’” o de “fondos buitres”; o que la intención es “buscar un ‘pelotazo financiero’ o pretender ‘una expropiación de los accionistas”. “No es una descripción adecuada del escenario en el que nos encontramos”, concluye la sentencia.
Al mismo tiempo, el juez ha vuelto a desestimar la petición de Celsa de plantear dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y otras dos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para aclarar si un plan de reestructuración se puede aprobar sin el visto bueno del deudor.
Ejecución del plan
El juez adopta la decisión de dar el poder a los fondos acreedores tras escuchar, en la vista oral celebrada antes del parón estival, la postura de ambas partes del conflicto y de diversos expertos que elaboraron informes periciales, con conclusiones dispares, sobre la situación de Celsa y su valor. Unos 3.000 millones de euros diferenciaron las valoraciones que la familia Rubiralta y los fondos hicieron de la siderúrgica.
Para llevar a cabo la transición en Celsa, el magistrado vuelve a confiar en Lexaudit —firma que ya fue designada por el juez como mediador en este caso y valoró la compañía en entre 1.800 y 2.800 millones de euros— y le nombra para poner en marcha el plan de reestructuración. En este sentido, habilita a la empresa auditora para acceder a las instalaciones del grupo catalán “y tomar control de los deudores hasta la total implementación de las operaciones y cambio de control previstos”; así como para preparar toda la documentación contable y realizar todas las operaciones necesarias para la “operación de reducción y simultáneo aumento de capital (operación acordeón)”, según expone la sentencia.
Ante cualquier posible obstaculización o incumplimiento de lo previsto en la resolución, el magistrado apercibe también a los accionistas, deudores, administradores de los deudores y a cualquier otro tercero vinculado o no con éstos, que cualquier actuación que impida la ejecución del plan de reestructuración o las actuaciones de Lexaudit puede conllevar, al menos, la comisión de un posible delito de desobediencia a la autoridad.
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