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Activistas ecologistas se cuelan en una pista en Barajas y obligan a redirigir el tráfico aéreo

Controladores aseguran que han obligado a cerrar la pista 32R de Madrid Barajas y el tráfico aéreo de llegada se ha dirigido a la pista 32L

Imagen que ha colgado Futuro Vegetal las redes sociales con sus dos activistas en Barajas
Imagen que ha colgado Futuro Vegetal las redes sociales con sus dos activistas en Barajas

Dos activistas ecologistas del grupo Futuro Vegetal han ocupado esta mañana la pista de aterrizaje del aeropuerto de Madrid Barajas, lo que ha obligado a cerrar la pista 32R y redirigir el tráfico aéreo de llegada a la 32L, por lo que la operativa del aeropuerto no se ha visto afectada. La pista ya ha retomado la actividad, la Guardia Civil ha abierto una investigación por posible delito de daños y los activistas se encuentran a disposición judicial.

Alrededor de las 6 de la mañana, tres activistas se han “pegado” a al pavimento de la zona anterior a la cabecera de una de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un señalero de Aena ha detectado a las activistas, ha avisado a la Torre de control de forma inmediata y, desde allí, a Guardia Civil, que han intervenido para evitar cualquier afectación e investigan lo ocurrido.

Las activistas han “burlado” la seguridad del aeropuerto para acceder a la pista de aterrizaje sobre las 6 horas, llevando consigo una pancarta con el lema ‘El Pueblo unido funciona sin partido’, según un comunicado que ha difundido Futuro Vegetal. Con esta acción de protesta, el colectivo pretende hacer un “llamamiento” a la población para que, con independencia del resultado de las elecciones del 23 de julio, “se organice para hacer frente a las peores consecuencias de la Crisis Climática”.

Los activistas han pasado directamente a disposición del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, según ha informado EFE. Tras la investigación de la Guardia Civil, se les han atribuido los delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad aérea.

Según la Ley 21/203, de Seguridad Aérea, este tipo de acción representa una infracción contra la seguridad de la aviación civil que, en función de las circunstancias, podría llegar a ser tipificada como de carácter grave o muy grave, con sanción administrativa en ese caso de entre 45.001 a 225.000 euros.

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