Ribera da seis meses más para desbloquear un permiso clave para 43 gigavatios de proyectos renovables
La decisión afecta a iniciativas por al menos 26.000 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una prórroga de seis meses para los proyectos de energías renovables que debían obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio próximo. El Gobierno no hizo público la cantidad de iniciativas afectadas, que el sector estima en algo más de 400, aunque sí resaltó que los beneficiados suman 43 gigavatios de potencia - con un mix de 80% fotovoltaico y el 20% restante eólico.
Esta prórroga afecta directamente a inversiones por al menos 26.694 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de 2020. De acuerdo a este documento, la instalación de un nuevo megavatio de energía fotovoltaíca tiene un coste aproximado de 556.000 euros, y el de la eólica de 880.000 euros.
Esta decisión administrativa supone un respiro al sector, ya que evita que las iniciativas tengan que volver a iniciar toda la tramitación administrativa alcanzada en etapas anteriores, como los permisos de acceso y conexión a la red. Muchos de estos proyectos habían obtenido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, lo que generaba la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.
En enero, un centenar de proyectos renovables ya habían sufrido los avatares burocráticos y estuvieron a punto de perder su punto de acceso a la red por demoras en su DIA. El Ministerio de Transición Ecológica resolvió de manera acelerada al menos dos centenares de expedientes pendientes, pero al menos 50 parques eólicos se quedaron fuera por demoras en su tramitación autonómica.
Estrategia nacional
La actual estrategia energética pactada con Bruselas prevé una potencia total instalada de 157 gigavatios de energía renovable hacia 2030, que se estima se incrementará de forma significativa. La prórroga aprobada ayer representa un poco más de un 27% de ese objetivo acordado en 2020 y un 60% de la potencia total verde instalada en la actualidad, según datos de Red Eléctrica.
El Gobierno ha acordado también remitir a la Comisión Europea el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y abrirá hoy el proceso de consulta pública sobre el documento, que forma parte de la “base económica de transformación del país”.
El Ejecutivo debe presentar antes de acabar el primer semestre su propuesta a la Comisión Europea, según se había comprometido previamente con Bruselas. El PNIEC revisado busca alinearse con la propuesta ‘Fit for 55′ presentado por el Ejecutivo comunitario el año pasado, que busca reducir un 55% de las emisiones de CO2 en 2030.
Se trata de un plan “muy importante como activador de inversiones”, que “despeja incertidumbres” y que cuenta con “traslación en el plano social y de mejora de la vida de las familias”, según las declaraciones de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha adelantado también que las nuevas metas serán “muy ambiciosas” e incorporarán los nuevos avances tecnológicos, como el rápido desarrollo del hidrógeno verde y de “todos y cada uno de los vectores” energéticos para la descarbonización de sectores donde la electrificación no sea posible. Aagesen ha puesto en valor que España forma parte del ‘top ten’ de países más atractivos para inversiones verdes. Un poco después, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, recalcó que el Pniec se ha adaptado “para reflejar que España ha hecho los deberes”.
El Ejecutivo ha adelantado que no habrá cambios respecto al plazo máximo que tienen los proyectos desde que inician su tramitación, que cuentan con un tiempo máximo de cinco años desde la presentación administrativa para ponerse en marcha.
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