El juez limita el acceso a los miles de archivos de BBVA sobre los espionajes de Villarejo
El magistrado de la Audiencia Nacional ordena a las acusaciones que designen un perito para analizar los documentos y correos del banco
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo ha fijado las reglas para que las acusaciones puedan consultar miles de archivos de BBVA sobre los espionajes que hizo el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el banco durante 13 años. El magistrado Manuel García Castellón ha solicitado a las partes personadas como perjudicados de la actuación del polémico policía que designen un perito para poder revisar el forensic que la entidad bancaria realizó para depurar responsabilidades internas, y que posteriormente entregó a la Justicia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión para evitar la “filtración” de documentos del banco, su eventual “manipulación” y la protección de los derechos de las personas que no están investigadas, y cuyos datos se incluyen en los archivos, según un auto, con fecha del pasado 6 de junio, al que tuvo acceso CincoDías. De este modo, el juez ha autorizado el acceso únicamente a los expertos contratados por las acusaciones, y a sus técnicos informáticos, “y exclusivamente a los efectos de elaborar el informe pericial, esto es, que no podrán facilitar copia del material extraído a ninguna de las partes, inclusive por las que han sido contratados”, ha advertido.
El juez pone estas condiciones a raíz de que, a finales de marzo, aceptara la petición de varias partes de poder analizar concretos hits (correos, archivos, documentos en discos duros) de los 2,3 millones que forman el forensic que elaboró PwC. El objetivo de las acusaciones es completar la información que obra en el sumario para poder armar su estrategia como víctimas de los encargos que presuntamente BBVA hizo al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, y por los que cobró 10,3 millones de euros.
Petición del grupo hostil
La iniciativa partió de la defensa del grupo hostil, nombre con el comisario bautizó a Luis del Rivero, (ex presidente de Sacyr Vallehermoso), José Domingo de Ampuero (ex vicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (ex director general adjunto del banco), que quiere profundizar en uno de los primeros trabajos del agente encubierto, el denominado proyecto Trampa, con el que se trató de frenar la opa de Sacyr en 2004.
A esta petición se sumó otra liderada por Luis Pineda, presidente de la asociación de usuarios bancarios Ausbanc, y el abogado Ángel María Garay, quienes fueron igualmente objetos de las investigaciones de Cenyt.
Uno de los asuntos en los que el grupo hostil quiere bucear es en las evidencias del forensic que respondan a la palabra clave ‘Windsor’. Precisamente, Luis del Rivero, en su declaración como testigo ante el juez, en abril de 2021, afirmó que desistió de comprar el BBVA tras el incendio del edificio Windsor, el 12 de febrero de 2005, en el que Deloitte tenía los documentos sobre la venta de FG Valores a Merril Lynch, investigada por la Fiscalía Anticorrupción. El empresario aseguró que no quería hacer ningún tipo de acusación, pero sí insinuó la relación el suceso con la imposibilidad posterior de entregar la documentación a los investigadores.
Información confidencial
BBVA se opuso a la entrega de los documentos, alegando que contienen datos de terceras personas (clientes, proveedores, empleados) que no tienen ninguna relación con el caso Villarejo. Asimismo, indicó que la documentación contiene información confidencial. Así, acogiéndose a su posición de investigada y a su derecho a la defensa, se negó a entregar la ingente documental, alegando que ya fue incorporada al sumario pocos meses después de que se pusiera en marcha la investigación.
Ello no frenó al juez instructor, que finalmente requirió a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que recuperara de sus carpetas sobre la causa los archivos reclamados por las acusaciones. Aun así, y aunque rechazó los argumentos del banco, sí que ha buscado la fórmula para garantizar la confidencialidad de los archivos.
La decisión llega en un momento clave en la investigación, ya que la última prórroga acordada caduca a finales de julio. Ahora el magistrado tendrá que resolver si cierra la causa abierta hace casi cinco años o deja tiempo a las acusaciones para que valoren si quieren solicitar la práctica de nuevas diligencias.
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