El Gobierno investiga a siete aerolíneas ‘low cost’ por irregularidades en su política de equipajes de mano en España
Consumo indaga el cobro como “extras” de servicios necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar
La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo está investigando a siete aerolíneas de bajo coste que operan en territorio nacional por supuestas irregularidades en su política de equipajes de mano y asignación de asientos.
A través de un comunicado, colgado en su página web, el departamento dirigido por Alberto Garzón, asegura que ha abierto una investigación están relacionadas con el cobro como “extras” de servicios que, generalmente, son necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar. Es el caso, por ejemplo, del cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes, asegura la nota de prensa
El Ministerio de Consumo, al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías low cost son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo.
La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador también investiga si, mediante prácticas como la segmentación de precios, los operadores podrían estar obteniendo posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos online con precios muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor en la transacción final.
Las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30% tanto dentro como fuera de Europa, por lo que tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros.
Las conductas investigadas constituirían presuntas infracciones graves que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE.
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