Hacienda da su informe favorable a la venta de suelo de Defensa y garantiza que los ayuntamientos no pagarán
El Gobierno aprobará el próximo 9 de mayo el acuerdo de compra-venta
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que su departamento ya ha dado su visto bueno al convenio que firmarán los Ministerios de Defensa y de Transportes para la venta de suelo militar para viviendas y ha garantizado que los ayuntamientos y las comunidades no pagarán un coste adicional por ello.
El Gobierno aprobará el próximo 9 de mayo ese acuerdo para comprar suelo de Defensa en desuso y construir viviendas públicas, según ha precisado la titular de Transportes, Raquel Sánchez. El objetivo es poner esos terrenos a disposición de los ayuntamientos y comunidades para construir viviendas de alquiler asequible.
En los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el acuerdo “está bastante avanzado” y que el Ministerio de Hacienda ya ha dado su visto bueno, que era un trámite “importante”.
Según ha dicho, esos terrenos están dispersos por toda la geografía nacional y son los que Defensa ya tenía en tasación para su venta, por lo que “son públicos y hay transparencia”. Por tanto, “todo está en marcha y preparado” para llevar a cabo esa compra y se tratará de agilizar los trámites para ceder el suelo a las comunidades y los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia para gestionarlo y que, según ha recalcado, no tendrán que afrontar ningún “coste añadido”.
Por otro lado Montero, ha advertido este jueves a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de que cumplir la Ley de Vivienda “no es optativo”, al tiempo que ha subrayado que el Estado “siempre” tiene mecanismos para asegurar el cumplimiento de las leyes, aunque no ha precisado.
En declaraciones en el pasillo del Congreso, y ante la pregunta sobre barones del PP que amagan con no aplicar la ley, la titular de Hacienda ha indicado que en un Estado de Derecho “no se puede contemplar” que una autonomía “no cumpla con la ley”. Ha subrayado que las comunidades son “libres” de presentar recursos contra la ley e incluso tienen cierto margen a la hora de aplicar algunos artículos, pero en su conjunto, la ley debe cumplirse.
Y si se produce el incumplimiento, “todos los recursos se ponen a disposición del Estado” para hacer cumplir la legalidad. “Les vamos a asegurar que la ley se va a cumplir y eso no es optativo”, ha agregado. En esta línea, ha arremetido contra el PP, al que acusa de estar “mirando por el retrovisor a Vox”, y ha afirmado que “no se puede convertir en un partido antisistema y antidemocrático cuando no le gustan” las medidas que se aprueban. A su juicio, con este comportamiento, “se pone en cuestión la legitimidad de las instituciones” y retrotrae a España a otros momentos en los que algunas comunidades autónomas deciden no cumplir con la ley. “Y saben ustedes lo que ocurre a partir de ese momento·”, ha comentando, en referencia al desafío del independentismo catalán.
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