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Ribera aprueba la reforma de la tarifa regulada de la luz pero no se aplicará hasta 2024

Lea aquí el proyecto de Real Decreto de cálculo de los precios del pequeño consumidor

Carmen Monforte
Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.Pablo Monge

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado con carácter de urgencia al Consejo de Estado su propuesta de real decreto por el que se establece la nueva metodología de cálculo de la tarifa regulada de la electricidad a la que tienen derecho los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW y al que ha tenido acceso CincoDías. El objetivo de la norma, cuya primera propuesta lanzó el ministerio que dirige Teresa Ribera a finales del año pasado para consulta pública, es desligar el llamado Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) del mercado mayorista de la electricidad (pool), que, al haber sido el más afectado por la escalada de los precios energéticos, ha convertido a los domésticos con dicha tarifa en “los principales damnificados por la espiral alcista”, señala el real decreto.

Aunque el PVPC, un precio “dinámico y variable” creado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue durante años el más competitivo del mercado, la actual situación de altos precios y la excesiva volatilidad, le ha llevado a sufrir un incremento del 125% entre junio de 2021 y mayo de 2022, cuando el Gobierno limitó limitó el precio del pool fijando un tope al gas para generación eléctrica, la llamada excepción ibérica.

Como ya anunció en su día el ministerio, y así figuraba en la primera propuesta, la volatilidad se paliará con una nueva metodología para determinar el PVPC, basada en una cesta de productos a plazo (el 25%, inicialmente) y del mercado diario (el 75%, inicialmente). Sin embargo, aunque la norma podría entrar en vigor en mayo, una vez que supere el trámite del Consejo de Estado, “los cambios surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2024″, de manera que las facturas posteriores a esa fecha incluirán la nueva fórmula del PVPC, señala el texto normativo en trámite.

Las comercializadoras de referencia (COR) que suministran a los domésticos y pymes con este precio regulado, y que se corresponden con filiales de las grandes compañías del sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies y Repsol) aplicarán un mix con los precio del pool, como hasta ahora, y los precios de la energía que adquieran en los mercados a plazos (mensual, trimestral y anual), “de tal forma que el mensual suponga un 10% del total; el trimestral se sitúe en un 36% y el anual, en un 54%, según el decreto. Dado que las COR necesitan un periodo previo para adquirir la energía en los mercados de futuro, es por lo que el nuevo PVPC no se aplicaría hasta 2024.

Por otra parte, la norma fija un marco transitorio por el cual el peso de los productos a plazo irá aumentando de manera gradual entre 2023 y 2025, de manera que este año suponga el 25% y se incremente un 15% anual, hasta alcanzar el 55% en 2025. Por tanto, la “señal” de precio diario (spot), quedaría finalmente en el 45%.

Un momento oportuno

A través de la asociación sectorial, Aelec, y directamente, o las grandes eléctricas (caso de Endesa, Iberdrola y Naturgy) presentaron alegaciones el pasado noviembre a través de la CNMC. En ellas, las afectadas se opusieron a esos porcentajes que, en su opinión, implicaba un riesgo a la hora de comprar la energía a suministrar. En este sentido, pidieron “compras a plazo predefinidas, según cantidades fijas, y no según porcentajes en los mercados a plazo y el spot”. Y es que para aplicar el nuevo precio, las comercializadoras de referencia debían realizar una previsión de la demanda con varios meses de antelación y dado que dicha demanda podría desviarse por distintas razones, aquellas asumirían un riesgo económico.

Para evitarlo, propusieron que las compras a plazo se realizasen según la demanda de energía del año anterior (sin tener que realizar estimaciones propias) y que la diferencia se comprase en el spot. Algo que, según fuentes empresariales, el ministerio ha aceptado. También su petición de un periodo transitorio de los productos a plazo para la energía entregada en 2023, de manera que el periodo de cotizaciones considerado comenzase una vez entrase en vigor el real decreto.

Sobre la tardanza en la aprobación del nuevo PVPC, hay quien sostiene que el Gobierno ha esperado a que bajaran los futuros, ahora con cotizaciones más moderadas (100,13 euros/MWh para el segundo semestre de 2023 y 104/MWh euros para 2024) y el pool con precios precrisis. Y es que, hasta ahora, con los futuros más altos que el spot, el nuevo sistema habría implicado incluso un encarecimiento del PVPC.

El PVPC incluirá un pago para el bono social

Dado que los consumidores vulnerables están obligados a contratar el PVPC para  acceder al bono social de la luz, “el desacoplamiento de ese precio a la volatilidad del mercado diario resulta doblemente justificado”, según el proyecto de real decreto que modifica el PVPC. Por otro lado, este desarrolla el mecanismo de financiación del bono social, que deben pagar todos los agentes del sector (generadoras,  transportistas, distribuidoras, comercializadoras y consumidores directos), incluidas las comercializadoras de referencia.
Por esta razón, el nuevo PVPC incluye un término que recoge dicho bono. De esta manera, la facturación de esta tarifa regulada estará compuesta por la facturación de potencia, la de energía activa y la facturación del bono social.  
Con la  nueva regulación, el Gobierno adapta algunos preceptos comunitarios, como el que limita el PVPC a personas físicas y microempresas (en España  lo pueden contratar  los usuarios  con menos de 10 kW de potencia contratada). A partir del 1 de enero de 2024, las pymes que no cumplan el requisito de microempresa manmantendrán su contrato hasta que este finalice y después deberán pasar al mercado libre. 

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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