El caso Iberdrola se amplía hasta julio a la espera del análisis de nueva documentación sobre Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional recuerda que tiene tomar declaración al comisario jubilado
Nueva ampliación de la investigación sobre los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para Iberdrola. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado una nueva prórroga de las pesquisas hasta el próximo 29 de julio. El magistrado instructor aprobó el pasado mes de enero continuar investigando estos hechos solo dos meses, hasta finales de este mes de marzo, si bien ahora ha decidido mantener abierta la causa, a la espera del análisis policial de nueva documentación y audios del agente encubierto. Asimismo, recuerda que todavía tiene pendiente escuchar, otra vez, al expolicía, a quien ha citado el próximo 12 de abril, según han informado fuentes jurídicas a CincoDías.
En un auto, con fecha de este martes, al que ha tenido acceso este medio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prorrogar la pieza 17 del conocido caso Villarejo -parte de la macrocausa dedicada a los encargos realizados por el exjefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo- otros cuatro meses, al entender que, una vez “revisadas las actuaciones”, aún queda “margen para agotar la instrucción en términos que satisfagan el derecho de defensa y el de acusación”.
El magistrado recuerda que, para “completar” la investigación, a principios de este año ya ordenó a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) el examen de unas microcintas que fueron halladas en el registro de la vivienda de Villarejo, así como de documentación que se incorporó a la pieza 31 (la principal), en la que se encuentran determinados archivos a los que no se había podido acceder anteriormente, y cuyo contenido podría ser de interés para la pieza separada relativa a Iberdrola.
Por otro lado, el juez instructor también acordó una nueva ronda de interrogatorios para escuchar la versión del comisario jubilado José Manuel Villarejo; del abogado de sus empresas, Rafael Redondo; y del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, en relación a uno de los primeros trabajos que desarrolló Cenyt, el grupo empresarial del agente encubierto, y sobre el que nunca se les ha preguntado. Se trata del ‘proyecto Aglow’, que se contrató en 2004 para prevenir y proteger a la eléctrica frente a actuaciones agresivas que pudiera sufrir en el sector.
En un principio, este encargo tendría una duración de seis meses, si bien éste fue actualizado en 2007 como ‘proyecto New Aglow’ para acoger una solicitud de “colaboración permanente” con Iberdrola, según explicó el juez de la Audiencia Nacional en el auto de prórroga acordado en enero de 2023.+
Diligencias sin practicar
El juez García Castellón reconoce en su nueva resolución que ninguna de las diligencias de investigación (el análisis de la documentación y los interrogatorios) se han practicado en este tiempo. De este modo, justifica una nueva prórroga. Así, indica que la causa tiene un “pluralidad de elementos de investigación, de naturaleza heterogénea” pendientes de realizar que hace entender que “la instrucción todavía no ha finalizado”.
Añade que la ampliación de la investigación da garantías a los investigados, pues ”si se denegase la prórroga de la instrucción se daría la circunstancia de que no podrían proponer ulteriores diligencias, al hilo del resultado de las ya acordadas, lo que podría cercenar su derecho de defensa”.
El juez de la Audiencia Nacional abrió esta decimoséptima pieza separada a finales de 2019. Desde entonces, se ha puesto el foco en los diversos contratos de espionaje que Asenjo, en representación de Iberdrola, firmó con las empresas de Villarejo entre 2004 y 2017.
Por estos hechos, el magistrado llegó a dar la condición de investigado al presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, así como a la que fuera su cúpula directiva en el momento de los encargos. Tras un año de imputación, el instructor archivó su presunta responsabilidad penal al ver que los presuntos delitos que se le atribuían estaban prescritos, tal y como había marcado previamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo mismo ocurrió con la filial Iberdrola Renovables Energía, única empresa del grupo eléctrico que ha estado investigado.
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