Los notarios estrechan el cerco sobre 22 rusos sancionados por Bruselas
El Gobierno creó un mecanismo para cumplir con las medidas restrictivas impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania
Dos meses después de que las tropas rusas invadieran Ucrania, el Gobierno aprobó un mecanismo para hacer realidad las sanciones impuestas por la Unión Europea a oligarcas rusos y personas cercanas al presidente ruso Vladímir Putin. Distintos organismos, como el Consejo General del Notariado de España, han intensificado su colaboración con las autoridades judiciales, administrativas y policiales para identificar los activos de los ciudadanos rusos que aparecen en dicho listado. Según informaron fuentes de dicha institución a CincoDías, hasta el momento, bienes de 22 personas han sido bloqueados.
En virtud a estas medidas, los notarios españoles no autorizan ningún documento en el que figure alguna persona física o entidad que aparezca en la lista negra de Bruselas, ni tampoco aquellos que tengan alguna vinculación. Asimismo, desde el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo de los notarios, creado en 2005 por el Ministerio de Economía, se traslada al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) información para ayudar a localizar bienes e intereses de ciudadanos sancionados, así como cualquier operación sospechosa.
Según las fuentes consultadas, desde el 7 de marzo de 2022, los notarios han identificado operaciones relacionadas con 22 personas sobre las que pesan medidas restrictivas, así como de 111 personas vinculados con los sancionados, de los cuales 31 son familiares. En este sentido, han detectado 38 bienes inmuebles de estas personas, de los cuales 19 son propiedad de los señalados y otras 19 de miembros de sus familias.
Más de 1.400 personas en la lista negra
El Consejo de la Unión Europea empezó en 2014 a señalar en rojo nombres, en respuesta a la anexión ilegal de Crimea. En 2022, el fichero se amplió con motivo de la guerra en Ucrania, y se ha ido renovando cada seis meses. La noche del pasado 24 de febrero, coincidiendo con el primer año de guerra, Bruselas aprobó su décimo paquete de medidas restrictivas e incluyó a 87 nuevas personas y 34 entidades, sumando en total 1.473 personas y 205 compañías.
En relación a las personas físicas, los notarios han remitido a la unidad de inteligencia financiera española información sobre 30 empresas, de las cuales 16 son españolas y 14 extranjeras. De las compañías españolas, nueve están relacionadas directamente con sancionados; otras seis están vinculadas a familiares; y otra a personas cercanas. En cuanto a las sociedades extranjeras, siete son de oligarcas rusos o cercanos al Kremlin; y otras siete serían de allegados familiares del sancionado.
Los técnicos del OCP también han detectado siete bienes inmuebles de las entidades sancionadas; otros cinco vinculados a empresas de familiares; al que se añade otro tipo de bien, sobre el que no se ha dado más datos.
Titularidad real
Las fuentes consultadas no han detallado nombres, ni tipo de bienes afectados. Hace justo un año, al poco de implantarse las sanciones, el Gobierno informó del bloqueo de un total de 12 fondos y cuentas bancarias de cinco oligarcas rusos afectados por las sanciones de la Unión Europea, así como varias embarcaciones de lujo y una veintena de inmuebles.
Cabe destacar que en esta función de localización e incautación de bienes también participan otros organismos como el Colegio de Registradores de la Propiedad. Entre sus funciones, destacan su capacidad, al igual que los notarios, para identificar la titularidad real de las sociedades y bienes. Precisamente, las artimañas para ocultar quién se sitúa realmente en dichos activos es una de las principales dificultades a la hora de investigar lo bienes de las personas puestas bajo el foco, por el uso de testaferros y sociedades pantallas.
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