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Belarra exige que Ferrovial devuelva “hasta el último euro” de los españoles

Califica a la empresa de “pirata”

La dirigente de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
La dirigente de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.Víctor Lerena (EFE)

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha propuesto este sábado “atar en corto” a Ferrovial y exigirle que “devuelva hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas” tras el anuncio de la compañía de trasladar su sede social a Países Bajos.

En un acto organizado por Podemos en Madrid con motivo del Día de la Mujer, Belarra ha tildado a Ferrovial de “empresa pirata” y ha criticado que “se ha llevado 1.000 millones de euros” en contratos públicos esta legislatura. “Vio como se nacionalizaban su salarios con los ERTES y les rescatamos con dineros de todos los españoles, y ahora decide llevarse su sede social fuera de España”, ha recriminado Belarra a la compañía.

Desde el principal partido de la oposición, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recordado que “cuando las empresas se marcharon de Cataluña, todo el mundo lo consideró síntoma de una perjudicial situación política”. “A mí, el caso de Ferrovial me gustaría enfocarlo no tanto desde la persecución a una persona determinada o demonización de empresarios”, sino como “un síntoma” de lo que está pasando en España, remachó.

Por otra parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, considera justificado el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos por la inseguridad jurídica en España. Pérez-Sala afirma que “Ferrovial ha tomado una decisión legítima para defender los intereses de todos sus accionistas”.

Además, defendió que “son muchas las razones que le han llevado a tomar esta decisión: mejorar la seguridad jurídica de sus decisiones, mejorar su capacidad de financiación y el acceso a los mercados financieros internacionales o potenciar sus actividades en otros países, donde ya desarrolla más del 82% de su negocio”. Por otro lado, considera que “un estado de derecho debe garantizar a todos los ciudadanos, también a los empresarios, su derecho a tomar decisiones, dentro del ordenamiento jurídico, sin que ninguna autoridad del Estado la ponga en tela de juicio, la cuestione, amenace con revisarla, rompiendo así el principio de presunción de inocencia, e incluso llegue al señalamiento y a la descalificación personal”.

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