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Las constructoras se quedan sin revisión de precios en la obra pública

El Gobierno decide no prorrogar la medida excepcional que cubre los sobrecostes ante la inflación de los materiales

Varios operarios trabajan en una obra ferroviaria en la localidad de Níjar (Almería).
Varios operarios trabajan en una obra ferroviaria en la localidad de Níjar (Almería).Carlos Barba (EFE)

Punto y final al mecanismo excepcional de revisión de precios en la obra pública. El Ministerio de Transportes, a instancias de los departamentos de Asuntos Económicos y de Hacienda, ha decidido no prorrogar la figura creada el año pasado ante la emergencia provocada por la inflación de los materiales de construcción. Todo un jarro de agua fría para un sector que lleva meses demandando una ampliación.

Colectivos como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Seopan y Anci calificaron de vital la permanencia de esta fórmula de reequilibrio de los contratos. Incluso han demandado al Gobierno que fuera a más, relajando los límites de acceso a la misma (el suelo del 5% de desviación en los presupuestos de obra para comenzar a aplicar la revisión y el tope del 20% revisable sobre el presupuesto de adjudicación) e incluyendo las oscilaciones del precio de la energía y el alza de los costes laborales. Fuentes cercanas a Transportes aprecian que “las circunstancias actuales ya no justifican una prórroga de una medida que era extraordinaria”.

Ante el temor a la expiración de esta ayuda, el presidente de Seopan, Julián Núñez, advirtió en una comparecencia pública el pasado 20 de febrero del riesgo de paralización de la obra civil, con el consiguiente impacto en la ejecución de fondos europeos, debido a la incertidumbre que siguen generando los costes de las materias primas. “Hay licitaciones, especialmente de las Comunidades Autónomas y Administraciones locales, que van a quedar desiertas o semidesiertas si no incluyen la revisión de precios”, dijo Núñez.

Tres días antes, el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén reclamó una prórroga sine die “porque no sabemos cuándo acabará la guerra”. La patronal estima que solo en 2022 quedaron desiertos más de 2.000 contratos de obra pública por un valor total de 982 millones.

Los ministerios económicos van a monitorizar el comportamiento de los precios de la cesta de materiales esenciales, pero las fuentes consultadas argumentan que “están más nivelados que en 2021 y en la primera mitad de 2022″. La estimación que manejan es que el acero, aluminio, madera, hormigón, etcétera, moderen sus precios a lo largo del presente ejercicio.

Pese al revés para las contratistas de obra pública, el Gobierno se ha abierto a alguna concesión al sector. Según ha podido saber Cinco Días, se estudia una rebaja del plazo de dos años fijado en la Ley de Contratos del Sector Público para que pueda procederse a la revisión ordinaria de precios, entre otras medidas de mejora de la agilidad. A lo que no está dispuesto de momento el Ejecutivo es a realizar variaciones en la Ley de Desindexación, que limita el rendimiento de proyectos concesionales y contra la que cargan una y otra vez las constructoras.

Precisamente fue esa última norma la que eliminó, de facto, la fórmula de revisión de precios de la contratación pública al dejar de hacerla obligatoria. El sistema había funcionado de forma ininterrumpida entre 1965 y 2015.

Medida de alivio

El mecanismo excepcional de reequilibrio fue puesto en pie a través del Real Decreto Ley 3/2022, de 2 de marzo de 2022. Centenares de obras de la Administración corrían el riesgo de incurrir en pérdidas por el hecho de que las constructoras no pudieran prever la fuerte espiral inflacionista en el momento de realizar sus ofertas. Estaba en riesgo un correcto ritmo de ejecución de los fondos europeos relacionados con obra ferroviaria o de carreteras, entre otras.

También demandaban sistemas de actualización de costes los contratistas de servicios afines a infraestructuras, como son los de la conservación de carreteras y de la red ferroviaria, o los de gestión del agua, intensivos en consumo eléctrico y componentes químicos.

Con esta caducidad de la revisión de precios ya solo tendrán derecho a acogerse a la medida aquellos contratos que hayan sido adjudicados o formalizados hasta la jornada de ayer jueves. Y podrán hacerlo a lo largo de la vida del proyecto, cumpliendo con los umbrales que permite la activación del mecanismo.

En el Ministerio de Transportes se defiende la polémica decisión de retirar este salvavidas excepcional para la obra pública a la vista de que los grandes motores de licitación, Adif y la Dirección General de Carreteras, ya incluyen precios actualizados en sus pliegos y la citada fórmula de revisión ordinaria.

La orden de la ministra Raquel Sánchez es que se realice un “esfuerzo permanente de actualización” de las bases de precio con las que se elaboran los presupuestos de los proyectos que salen a concurso, cuentas fuentes internas del Ministerio. El objetivo es evitar las licitaciones desiertas.

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Sobre la firma

Javier Fernández Magariño
Es redactor de infraestructuras, construcción y transportes en Cinco Días, donde escribe desde junio de 2000. Ha pasado por las secciones de Especiales, Cinco Sentidos, 5D y Compañías siguiendo la información de diversos sectores empresariales. Antes fue locutor de informativos en la Cadena Cope, además de colaborar en distintos medios de Madrid.

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