Las empresas de vales de comida y transporte negocian con Hacienda incluir la nueva movilidad eléctrica
Reclaman que vehículos compartidos y patinetes se beneficien de exenciones fiscales
Los trabajadores por cuenta ajena disponen de una serie de beneficios fiscales vinculados al desempeño de su empleo si su empresa así lo estima oportuno o se pacta en convenio colectivo, Uno de los más populares es el del vale comida, por el que las compañías ofrecen a su plantilla una ayuda para hacer frente al gasto que supone tener que comer fuera del domicilio a diario. Otro de los más extendidos es el vale transporte, con el que las empresas abonan hasta 1.500 euros al año (136 euros al mes) a sus trabajadores para sufragar el coste en el que incurren en los desplazamientos entre su residencia y su centro de trabajo siempre y cuando los realicen en el transporte público colectivo.
La Asociación Española de Empresas de Vales de Comida y Otros Servicios (Aeevcos) asiste este lunes en el Ministerio de Hacienda a una reunión al más alto nivel en la que van a reclamar que en los tickets de transporte se puedan incluir las nuevas formas de movilidad sostenible. Proponen que también estén bonificados el alquiler de vehículos compartidos, siempre sin conductor, o car sharing, así como las bicicletas y patinetes eléctricos, cada vez más utilizados para hacer total o parcialmente el trayecto diario de casa al trabajo.
“Cada día es más frecuente que los trabajadores sustituyan su vehículo privado por uno de estos medios de transporte, por ejemplo, para ir de su casa a la estación de cercanías. Se trata de que el coste de alquilar un vehículo de esas características se pueda beneficiar del vale y su exención fiscal”, explica Cristina Afán de Ribera, directora de Asuntos Públicos de Edenred.
En su ronda por los grupos parlamentarios y los departamentos del Gobierno implicados, esta asociación cuenta ya con el respaldo, entre otros, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que incluir a estas formas de movilidad está en línea con los principios que defiende el proyecto de ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, “según nos reconocieron en los encuentros mantenidos con ellos”, admite Afán de Ribera.
La mencionada asociación, junto con la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación de Vehículos Compartidos en España (AVCE) argumentan que la medida planteada permitirá a la Administración adaptar la normativa tributaria a la realidad social, económica y medioambiental, así como abordar la transformación digital en el transporte y a los trabajadores ampliar sus opciones de movilidad al trabajo con un tratamiento fiscal favorable.
Esta posibilidad permitiría a las empresas ofrecer a sus trabajadores tarjetas de transporte tramitadas a través de una entidad emisora de vales de transporte, lo que implica una mayor flexibilidad para las compañías a la hora de implantar estas políticas públicas con un bajo coste de implantación y un gran índice de aceptación. Países Bajos, Austria, Francia y Bélgica son solo algunos de los países que aplican medidas como esta y donde hasta el 9% de sus trabajadores ya se desplazan en medios sostenibles con el consiguiente efecto que tiene sobre la reducción del tráfico y la contaminación.
Aumento de los tickets restaurante de 11 a 13 euros
Otro de los asuntos que se abordará en la reunión con Hacienda es la actualización de la cuantía exenta de tributacion de los vales comida, que el sector reclama que pase de los 11 euros diarios a 13.
Ese importe de 11 euros se ha mantenido fijo desde 2018, lo que en la actualidad no permite adquirir un menú del día, cuyo coste medio en España asciende a 12,8 euros. En Madrid y Barcelona es de 13,9 y 14 euros, respectivamente.
Con su actualización no solo se contribuiría a reducir la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, sino que ayuda a la restauración a paliar los efectos de la inflación, generando un impacto socioeconómico y fiscal neto positivo para el Estado a partir del primer año de implantación.
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