BBVA desliga completamente a Carlos Torres del ‘caso Villarejo’
El banco destaca que ningún miembro del consejo de administración ni el presidente tiene algún tipo de implicación en la contratación del comisario.
El caso Tándem, o más conocido como caso Villarejo, por su principal imputado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, persigue a BBVA desde 2019. Varios ex altos cargos de la entidad y su expresidente Francisco González se encuentran investigados en la novena pieza separada de la macrocausa por delitos cohecho y revelación de secretos. También la compañía, como persona jurídica. No obstante, ante cualquier tipo de duda que pueda quedar, BBVA ha aprovechado la presentación de su informe anual de remuneraciones de consejeros, presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para recalcar que ningún miembro del consejo de administración, ni su presidente, Carlos Torres, se encuentran investigados o implicados en la investigación judicial sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
“De la documentación relevante obtenida en la investigación interna contratada por la entidad en 2019 para contribuir al esclarecimiento de los hechos, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco”, indica el documento. De este modo, BBVA hace referencia al ‘forensic’ que sus abogados encargaron a PwC para depurar responsabilidades internas, y que pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, después de que en mayo de 2018 comenzaran a salir las noticias sobre los encargos realizados al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, y que en 2019 comenzarán las primeras imputaciones por la contratación del expolicía.
La investigación judicial, que lleva en curso más de cuatro años, se centra en los trabajos de presuntos espionajes a empresarios, periodistas y políticos que el agente encubierto habría llevado a cabo entre 2004 y 2017, mientras todavía se encontraba en activo en la Policía Nacional. Su contratación, por la que en total habría recibido 10,3 millones de euros, ha salpicado directamente a una decena exdirectivos de la entidad, entre los que se encuentran el exjefe de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano (uno de los principales imputados por ser el interlocutor entre el banco y Villarejo); el que fuera director del área inmobiliaria y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar; el exconsejero delegado Ángel Cano; el exresponsable de Regulación y Control Interno Eduardo Arbizu; o el entonces jefe de la asesoría jurídica de BBVA, Eduardo Ortega.
Torres nunca ha sido llamado a declarar
En la lista de investigados también están altos cargos y empleados del banco que aún siguen desempeñando su labor en la entidad, como el director de Comunicación del grupo BBVA, Paul G. Tobin; o el actual asesor de Torres, Juan Asúa, que en la época de los hechos investigados ocupó distintos puestos directivos de relevancia en el banco, estando, por ejemplo, entre 2007 y 2012 al frente de la dirección de BBVA España y Portugal, siendo en última instancia responsable jerárquico del departamento de Riesgos, que en aquellos años requirió al expolicía una investigación de determinados clientes deudores.
Lo cierto es que ninguno de estos responsables pertenecen al consejo de administración, ni sus miembros han sido citados a declarar ante la Audiencia Nacional por los trabajos desarrollados por el polémico policía. Tampoco lo ha hecho Carlos Torres, cuya declaración, en calidad de testigo o investigado, nunca ha sido reclamada por el juez Manuel García Castellón, aun cuando el actual máximo responsable de la entidad fue el número dos de Francisco González en los últimos años en los que las empresas de Villarejo trabajaron para BBVA.
No hay daños de reputación
Por otro lado, en su informe remitido a la CNMV, BBVA hace mención a su condición de investigada para insistir en que “de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad” y aclara que el procedimiento judicial no ha tenido ningún “impacto” en el desarrollo de los negocios de la entidad, “ni se ha producido un deterioro de los índices de reputación que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración”.
Es más, subraya que dicho órganos han continuado implementando distintas medidas de refuerzo de los sistemas de control interno para evitar que una situación similar a la contratación de Cenyt vuelva a ocurrir. Así, destaca que se han mejorado los procesos de control interno y reforzado el modelo de prevención del delito.
Con todo ello, BBVA reitera que, desde su imputación en julio de 2019, ha mostrado una actitud de colaboración “proactiva” con la Justicia para aclarar los hechos, compartiendo con los investigadores “documentación relevante”, como el ‘forensic’ elaborado por los auditores de PwC. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción no opina lo mismo, pues en los últimos meses, en sus escritos dirigidos al juez García Castellón, ha incluido varios reproches hacia el banco al considerar que la documentación que aporta es “parcial y sesgada” o por el intento de evitar que se investigue si el ‘clan Villarejo’ siguió trabajando para el banco en 2018.
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