¿Qué podría pasar con el posible divorcio de Dani Alves ahora que ha sido condenado?
Permanecer en prisión no altera sus derechos fundamentales para solicitar el divorcio, según la Constitución y la ley penitenciaria
Dani Alves y Joana Sanz han enfrentado crisis matrimoniales tras la entrada en prisión provisional del exfutbolista el 20 de enero de 2023, acusado de una presunta violación. A pesar de los anuncios de ruptura, Joana ha sido clave en su defensa, contradiciendo declaraciones previas al afirmar su presencia en casa la noche del incidente, destacando el estado de ebriedad de Alves como parte de su defensa.
La modelo, que en un principio negó estar en el domicilio familiar el día de los hechos, declaró en el juicio que sí que estaba, y que, efectivamente, su marido llegó en un avanzado estado de embriaguez que ni siquiera le permitía hablar, siendo el hecho de que Alves estaba ebrio uno de los principales fundamentos de la defensa del exfutbolista.
Pero, ahora que Dani Alves ha sido condenado, ¿mantendrá Joana su apoyo al exfutbolista o volverá a solicitar el divorcio? ¿puede solicitar el divorcio el propio exjugador desde prisión?
En España, solicitar un divorcio solo requiere la voluntad de una parte y un mínimo de tres meses desde el matrimonio. La posición de Alves, condenado a permanecer en prisión, no altera sus derechos fundamentales para solicitar el divorcio, según la Constitución y la ley penitenciaria, siendo la única particularidad la dirección de notificaciones.
Por tanto, la única particularidad que tiene el divorcio entre Dani Alves y Joana Sanz dada la reciente condena de prisión, es el lugar de notificaciones al exjugador, que no sería otro que su celda, todo lo demás continua por los trámites comunes de cualquier divorcio en nuestro país.
En cuanto a los bienes comunes, como ya ha declarado en varias ocasiones la todavía pareja, el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes, habiendo mantenido ambos absoluta independencia económica durante la relación y sin bienes inmuebles comunes, por lo que no hay nada que repartir. Sin embargo, si los hubiera, se dividiría al 50% para cada uno mediante el procedimiento de extinción de condominio.
No obstante, es noticia que la modelo canaria se ha mudado de nuevo al que fue el domicilio familiar de la pareja, una lujosa casa en Barcelona cuyos gastos está asumiendo actualmente Joana en exclusiva y que, requiere una inversión tan elevada, que se ha visto obligada a pedir un préstamo, pero, ¿tiene la mujer la obligación de asumir al 100% estos gastos por el hecho de que Dani Alves esté en prisión? ¿podría Sanz continuar residiendo en el que fue el domicilio familiar tras el divorcio?
La vivienda que fue domicilio familiar durante el matrimonio es propiedad exclusiva de Alves, por lo que es él quien tiene la obligación de asumir el 100% de los gastos de propiedad de esta (IBI, impuestos estatales y locales). No obstante, los gastos de mantenimiento (suministros, servicios) se asumen normalmente por quien ocupa la casa, en este caso, Joana.
En caso de divorcio, a pesar de ser propiedad del exfutbolista, podría establecerse que el uso del que fue el domicilio familiar se atribuyese a la modelo durante un tiempo prudencial siempre que esta demostrase que es el cónyuge más necesitado de protección (ej: que tiene una capacidad económica inferior y ella no puede contar con otros inmuebles donde vivir y Alves sí).
Por otro lado, ambos han afirmado varias veces que han mantenido sendas carreras profesionales totalmente activas durante toda la relación, por lo que, en principio, no proceden compensaciones económicas en base al matrimonio, ni siquiera por el hecho de que él ingrese en prisión.
Como se puede ver, el hecho de que Dani Alves esté condenado a ingresar en prisión no reviste de grandes especialidades a una supuesta ruptura de su segundo matrimonio, donde solo habría que dilucidar sobre cuestiones económicas.
No obstante, el exjugador tiene dos hijos menores de edad fruto de su primer matrimonio, teniendo que destacar que los actuales derechos y obligaciones que tiene con estos tampoco se verían especialmente afectados por el ingreso definitivo en prisión, manteniendo su obligación de asumir la pensión de alimentos de los menores y su derecho/deber de disfrutar de un régimen de visitas con ellos en el centro penitenciario.
Carmen Caro Romero, abogada en Winkels Abogados.
