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Los jóvenes abogados señalan la precariedad laboral como el gran inconveniente para ejercer en Madrid

La falta de experiencia y la captación de los clientes son otros aspectos que preocupan a los juniors, según un estudio del ICAM y GAD3

GETTY IMAGES

La abogacía joven está envuelta en un área de incertidumbre y preocupación. Y es que el 78% de los profesionales junior culpabilizan la precariedad laboral como el gran inconveniente para acceder a la profesión, según el I Estudio sobre la situación de la abogacía de Madrid. Un informe que aborda temas como el perfil sociolaboral de los abogados, sus condiciones de trabajo o el nivel de ingresos de los profesionales adscritos a la abogacía madrileña, elaborado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en colaboración con la consultora de investigación social y comunicación GAD3.

Los datos de este informe —que han sido presentados este miércoles en la sede del ICAM y que ofrecen una visión detallada de la vida profesional de los cerca de 75.000 abogados que conforman el colegio de abogados de Madrid— también revelan que el 62% de los abogados más novatos consideran que la falta de experiencia es otro filo problemático a la hora de iniciar su carrera profesional. Otra de las piedras en el camino que encuentran los jóvenes tiene que ver con la dificultad que se presenta a la hora de captar clientes. Un problema que perjudica más a los juristas ejercientes con respecto a aquellos que no lo son. Los abogados jóvenes de despachos unipersonales también muestran una mayor preocupación por la captación de clientes. Y en los despachos grandes su preocupa más el alto grado de competitividad entre los que acaban de iniciar su carrera profesional.

45.700 euros brutos al año

Los abogados colegiados en Madrid reciben de media 45.700 euros brutos al año. Pero si se mira con lupa los ingresos según su actividad, se observa que el abogado de empresa es el más remunerado con 55.300 euros, seguido de los abogados que ejercen para el sector público con 46.000 euros y los que operan en un despacho, que reciben una cuantía brutal anual de 43.600 euros.

De entrada, el salario medio del abogado joven es de unos 35.000 euros brutos anuales, aunque el dato es variable según donde ejerza la profesión. Los juniors que trabajan como abogados de empresa o despachos grandes consiguen unos ingresos casi un 40% superiores al resto alcanzando los 43.300 euros de promedio. Por el contrario, el salario para los que trabajan en despachos más humildes desciende hasta los 27.900 euros.

Además, el informe detalla que los abogados no ejercientes perciben ingresos superiores a de media (50.600 euros) respecto a los ejercientes que cobran de promedio 42.400 euros anuales. También se muestra que los abogados por cuenta ajena cobran más (48.400 euros) que los autónomos (43.900 euros). Al final del ranking de ingresos se encuentran aquellos que se definen como “falsos autónomos” que suman 36.295 euros brutos al año de media.

Prioridad a los despachos

El informe revela que la mayoría de los colegiados del ICAM (65%) ejercen su actividad profesional en un despacho. Entre los abogados ejercientes, esta cifra aumenta hasta el 84%. Concretamente, el 19% de estos profesionales son abogados de empresa, un 8% trabaja en la función pública y el 4% se dedica a la docencia o a la investigación. Sin embargo, esta tendencia es contraria en los abogados no ejercientes donde apenas un tercio trabaja en un despacho, otro tercio opera para una empresa y uno de cada seis trabaja en un organismo público.

En lo que respecta a la actividad profesional según las dimensiones de los despachos, una significativa proporción de abogados ejercientes trabaja en despachos pequeños (38%) y otros en bufetes unipersonales (35%), una tendencia que se da sobre todo los abogados mayores de 45 años. Atendiendo a la edad, los jóvenes menores de 35 años tienden a trabajar en mayor medida en despachos de mayor tamaño. Una muestra de cómo los despachos están apostando por la retención del talento.

A su vez, el informe desvela que un poco más de la mitad de los abogados en Madrid son autónomos, cifra que se incrementa hasta el 68% en los abogados ejercientes. Sin embargo, en los abogados no ejercientes ocurre lo contrario donde siete de cada diez trabajan por cuenta ajena. Con respecto a los abogados juniors —especialmente los menores de 35 años — tienden a inclinarse hacia el empleo por cuenta ajena. Un dato que “sugiere un cambio en la tendencia laboral”, avisa el análisis. Además, en la mitad de los casos, el abogado joven es ejerciente y en su mayoría trabaja en un despacho (71%).

Mucho correo electrónico y poca IA

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector legal de cara al año que viene es la digitalización y adaptación a las nuevas tecnologías. Según el estudio, las herramientas más utilizadas por los abogados ejercientes es el correo electrónico, herramientas de ofimática y la firma electrónica. En cuanto a las aplicaciones menos usadas, se encuentra el software de análisis de datos y la inteligencia artificial en el que uno de cada diez abogados utiliza esta herramienta en su día a día. En el caso de los no ejercientes, también incluye en su modelo de trabajo las herramientas de colaboración en línea.

En pautas generales, hay mucha similitud en el uso de la tecnología entre las diferentes edades. Sin embargo, cabe precisar que existen diferencias notables en las herramientas de colaboración en línea y el software de gestión, que es más usado entre los jóvenes.

Asimismo, los grandes despachos muestran altos niveles de digitalización con respecto a los más pequeños. Esta diferencia se destaca especialmente en áreas como las bases de datos jurídicas, las herramientas de colaboración en línea, el software de gestión y el uso de redes sociales.

A la espera de la regulación de la inteligencia artificial, habrá que observar cómo se adapta esta herramienta en el sector y como se integra en los despachos de abogados, una asignatura que queda pendiente para 2024.

Maltrato en el derecho de defensa

Otra problemática que presenta este estudio es la vulneración que han sufrido los abogados en el ejercicio del derecho de defensa. El 71% de los juristas consultados afirma haber sufrido algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en su derecho. Los casos son más frecuentes si se dan en las áreas de derecho constitucional, penal y procesal.

Entre aquellos abogados que afirman haber experimentado una vulneración del derecho de defensa, una mayoría significativa destaca haberse producido mediante demoras en la tramitación de los procedimientos, retrasos injustificados en la celebración de actuaciones judiciales y el trato desconsiderado verbal y escrito, entre otras.

Los abogados que han notado mayor índice de maltrato son aquellos que operan en los tribunales. Según el área de actividad, los juristas que trabajan en un despacho son los más perjudicados en este sentido. En función de la dimensión de los bufetes, no se muestra apenas diferencias entre unos y otros. Por otro lado, la abogacía de empresa es el sector que menos ha experimentado situaciones de maltrato, descendiendo el porcentaje hasta el 57%.

También resulta curioso especificar que más de la mitad de los abogados afirma haber recibido algún tipo de maltrato, pero optan por no hacer nada al respecto. Tan solo un 29% ha denunciado en redes sociales o en su entorno profesional, otro 19% ha presentado una queja en organismos de la Administración de Justicia y solo un 13% han presentado una queja en el ICAM.

Derecho civil: la rama favorita

Finalmente, el informe muestra cuáles son las ramas de derecho favoritas para los abogados. El 74% de los encuestados afirma trabajar en más de un campo. Pero si hay que elegir una de entre todas las especializaciones jurídicas, el derecho civil es la rama favorita para los profesionales, al que se dedican una gran parte de los colegiados (70%).

Por detrás le sigue el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho penal, de familia, mercantil y administrativo. En línea contraria, las especializaciones que los abogados apenas practican son el derecho fiscal (13%), seguido del derecho internacional y el derecho constitucional.

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