El Tribunal General europeo mantiene la congelación de fondos a dos empresarios rusos
Los afectados pedían anular la medida, pero la sentencia la considera proporcional y ajustada
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso de dos empresarios rusos que impugnaron la congelación de sus fondos en Europa. Los magnates pedían anular su inclusión en el listado que impone medidas restrictivas para el acceso a fondos y para la circulación en territorio europeo. La inclusión en esta lista negra forma parte del paquete de sanciones por la invasión de Ucrania, adoptada por el Consejo de la Unión Europea contra empresas y ciudadanos rusos que son clave para la financiación del Gobierno de Vladimir Putin.
La resolución da respuesta a los asuntos T-270/22 y T-272/22, que presentaron el matrimonio formado por los empresarios rusos Dmitry Pumpyanskiy y Galina Pumpyanskaya, respectivamente. En ellas pedían el fin de estas restricciones y la condena en costas del Consejo. Ambos aseguraron que no han desempeñado un papel directo en las ofensivas en suelo ucraniano.
La Sala Primera del TGUE ha rechazado ambos recursos porque considera que el matrimonio está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.
Sanciones desde 2014
Ucrania lleva ya más de un año y medio inmersa en el conflicto bélico, desde que el 24 de febrero de 2022 Putin decidiera invadir el territorio de su país vecino. Sin embargo, algunas de las medidas sancionadoras, que se confirmaron y reforzaron a partir de esa fecha, databan de 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea.
El Consejo de la UE aplicó una serie de sanciones, algunas de ellas con efectos en personas con puestos estratégicos para la política y la economía rusa. En la lista de afectados se encuentran miembros del Ejecutivo, bancos y empresarios destacados que prestaban apoyo al mandatario, se beneficiaban de este o actuaban proporcionándole una fuente de ingresos sustancial.
De hecho, Pumpyanskiy, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente Putin y otros miembros de su Ejecutivo para discutir el impacto de las sanciones occidentales el mismo día en que se produjo la invasión. Esto es una prueba de su influencia, según el tribunal, aunque no es clave para las restricciones.
Dmitry Pumpyanskiy era presidente de los consejos de administración de las empresas TMK y del Grupo Sinara. Se le incluyó en la lista porque, por una parte, ha apoyado a las autoridades de la Federación de Rusia y empresas estatales y, por otra, es un empresario relevante e implicado en sectores económicos estratégicos.
La decisión se materializó a pesar de que, en marzo de 2022, poco después de la invasión y de la aprobación de las sanciones, Pumpyanskiy dimitió de su cargo de presidente del consejo de administración de las compañías y transfirió sus acciones a otras entidades. Su esposa, Galina Pumpyanskaya, también fue incluida en la lista y se le aplican las medidas por ser su cónyuge y por presidir el Consejo del Patronato de la Fundación Benéfica Sinara.
Derechos fundamentales
Los dos empresarios presentaron un recurso de anulación, por considerar estas limitaciones contrarias al Derecho de la Unión.
El Tribunal General considera que su inclusión en el listado está fundada, al ser un empresario destacado en el sector metalúrgico y proveedor de las industrias del petróleo y del gas. Y sobre su esposa, considera que el vínculo familiar y comercial que mantiene con el directivo, dadas las funciones que desempeña.
Aunque el fallo reconoce que las medidas adoptadas suponen una restricción a los derechos de propiedad y tiene efectos negativos en su vida privada y familiar, su domicilio y sus comunicaciones, también recuerda que la jurisprudencia dice que los derechos fundamentales no gozan de una protección absoluta y deben considerarse según su función en la sociedad.
Para ofrecer garantías en sus limitaciones, se deben cumplir cuatro requisitos: la posibilidad de limitarlos debe estar prevista por la ley, debe respetar el contenido esencial de esos derechos, debe referirse a un objetivo de interés general reconocido por la Unión y debe ser proporcional. En este caso, argumenta que se cumplen todos.
La resolución descarta que exista una restricción de derechos injustificada, arbitraria o desproporcionada. Además, señala que la normativa europea permite la autorización del uso de los fondos inmovilizados para atender sus necesidades básicas, en situaciones específicas. Y si hay razones humanitarias urgentes, cada Estado miembro puede autorizar la entrada en territorio de la UE de las personas incluidas en el listado.
Los dos empresarios rusos, que también han sido condenados a abonar las costas, podrán presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un plazo de dos meses y diez días.