'Aggiornamento' arbitral: la renovación de la Corte Española de Arbitraje
Una renovación con luz y taquígrafos es el primer paso para que la comunidad jurídica y empresarial vuelva a sentir a la institución como propia
Toca en breve renovar el pleno de la Corte Española de Arbitraje, institución arbitral decana de nuestro país. Y, en unos meses, el del Centro Español de Mediación. Son oportunas, pues, siquiera unas sucintas reflexiones.
Ambas instituciones se incardinan en el mismo organismo: la Cámara de España, creada en 2014 por "imperiosa necesidad". La Corte Española de Arbitraje llevaba tres decenios en el seno del Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España. Ese mismo año 2014 fue desplazada a la nueva Cámara de España.
Como todo en la vida, la desgajadura y trasplante administrativo de la Corte trajo consigo algunas cosas buenas, y otras no tanto. Al desligarse de los constreñimientos propios del viejo Consejo Superior, adquirió la Corte mayor libertad de movimientos. Pero esa misma emancipación de estructuras añejas la hizo también más vulnerable. Así, la nueva adscripción se aprovechó para acomodar en los órganos de la Corte, y luego en los del Centro de Mediación, a individuos y grupos cuya bisoñez en asuntos de arbitraje y mediación compensaban con una acreditada —y perdurable— adhesión a las estructuras políticas, jurídicas y aun familiares imperantes por aquel entonces.
La inminente renovación ha de permitir el necesario aggiornamento personal e institucional, que pasa, a mi juicio, por tres ideas fuerza, reflejo de las corrientes del siglo. Primero, excelencia en los procesos para garantizar, sobre especialización y profesionalidad, rigurosa independencia; segundo, genuina vocación de servicio al usuario, que asegure agilidad, cercanía y neutralidad; y tercero, compromiso con la sostenibilidad, idea de cuya profunda significación no nos hacemos, a veces, cargo del todo, y que trasciende la preocupación medioambiental para abarcar el diálogo permanente con la comunidad arbitral, jurídica, empresarial y cultural en que la Corte se integra.
La generalización del arbitraje institucional nos ha hecho cada vez más conscientes del carácter cuasi jurisdiccional de muchas de las decisiones que puede adoptar la institución arbitral en cada procedimiento. Y, como todo lo que se aproxima al ámbito de lo jurisdiccional es susceptible de afectar a derechos fundamentales, requiere de una legitimidad cualificada. De todas las fuentes de legitimidad, pocas más ampliamente aceptadas que el proceso (Legitimation durch Verfahren, Luhmann). Ese criterio de legitimidad por el proceso se ha de traducir en órganos dotados de auténtica independencia, libres de intereses particulares, y en procedimientos llenos de prudentes contrapesos. Y debe informar el tratamiento de todas las cuestiones con trascendencia cuasi jurisdiccional: el análisis de la propia competencia de la Corte; la designación, recusación, sustitución o remoción de los árbitros; las decisiones sobre incorporación de partes y sobre acumulación o división de procedimientos arbitrales; el examen previo del laudo.
Deslindar con nitidez la gestión procesal ordinaria de esas graves cuestiones ha de permitir a la Corte, además, conducirse con mayor cercanía a los usuarios y garantizar la agilidad y una perfecta neutralidad y transparencia en la gestión de cada procedimiento.
Es también urgente una mayor apertura a la innovación y la modernización tecnológica, manifestación tangible de compromiso con la sostenibilidad. A través de plataformas integrales, vanguardistas y fáciles de usar, debe ponerse a disposición de partes y árbitros la posibilidad de una verdadera gestión arbitral sin papel. Por la vulnerabilidad consustancial a todo lo digital, es fundamental asimismo extremar las garantías de seguridad y confidencialidad, tanto más sensible cuanto más tecnificado esté el procedimiento.
Solo son sólidas las instituciones que arraigan profundamente en las comunidades a las que sirven. Una renovación pública y transparente, con luz y taquígrafos —más acorde con la España abierta, diversa, inclusiva y democrática que avanza imparable en todos los ámbitos—, es el primer paso para que la comunidad jurídica y empresarial vuelva a sentir a la institución decana del arbitraje en España como cosa propia.
Marco de Benito Llopis-Llombart, catedrático Jean Monnet de IE University y árbitro en Estudio de Benito