Una marea de 1.500 letrados de la Administración de Justicia reclama al ministerio que cumpla sus acuerdos
La concentración ha discurrido desde la Plaza de Colón, en Madrid, hasta la sede del Ministerio de Justicia
Los letrados a Pilar LLop, ministra de Justicia: "Basta ya de excusas, cumple los acuerdos, y si no son capaces usted y su equipo ministerial de mantener su palabra: dimitan". Los letrados de la Administración de Justicia, en paro indefinido desde el pasado 24 de enero, han vuelto a mostrar músculo frente al ministerio. Según el comité de huelga y las asociaciones convocantes, 1.500 letrados (en España hay algo más de 4.000 profesionales) se han sumado a la marcha que ha tenido lugar este jueves, 9 de marzo, en Madrid, que ha finalizado con una manifestación frente a las puertas del Ministerio de Justicia. Los letrados han vuelto a reclamar al ministerio que cumpla con los acuerdos que, insisten, firmaron y, en concreto, con una subida salarial que equipara su sueldo con el 85% de la paga de jueces y fiscales.
Dos semanas después del fracaso del último intento por llegar a un acuerdo con el departamento dirigido por Pilar Llop, el comité de huelga saca pecho y señala que, con esta marcha, han batido el récord de manifestantes al sumar otros 500 letrados a la causa. "Los Letrados de la Administración de Justicia hemos vuelto a decir alto y claro, que con nosotros no se juega", claman en su nota.
El comité de huelga hacía balance esta semana pasada y calculaba que, desde el inicio del paro, se han acumulado más de 267.000 juicios y vistas suspendidas en todo el territorio nacional. A esta situación se suman más de 350.000 demandas que están pendientes de repartir e incoar.
Lo cierto es que el diálogo con el ministerio está completamente roto. Los letrados reprochan a Llop que no se siente a dialogar con ellos. Piden su dimisión y que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se ponga al mando para solventar el problema.
Un problema que se remonta varias décadas atrás y tiene su origen en la asunción de una batería de nuevas tareas con la implantación de las oficinas judiciales. Las últimas subidas salariales, pactadas con los sindicatos de los funcionarios de justicia, sublevaron al colectivo. Este pacto supuso un aumento medio del 5,26 %, al que se sumó el 2 % del incremento salarial del sector público.
Una subida "inasumible"
En una de las últimas notas emitidas por el ministerio, tras el fracaso de la última reunión, el departamento rechazó de plano la subida de 1.100 euros más al mes que supone la aplicación de la cláusula de enganche que reclaman los letrados. En esta se decía que "tras cuatro reuniones, los letrados de la Administración de Justicia, cuyos salarios actualmente oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85% de lo que perciben los jueces, cuestión conocida como cláusula de enganche". Una cláusula que es el nudo gordiano de la negociación. Si se atendieran las reclamaciones de los letrados, explicaban, "supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros, más de lo que se destina al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país". “Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad”, destacaba el secretario general Manuel Olmedo.
Según fuentes del sector, el ministerio no dispone de presupuesto para cubrir esta demanda y, además, teme que otros colectivos, como jueces y funcionarios, puedan iniciar un proceso similar al de los letrados.
Guerra mediática
"Este cuerpo ha vuelto a demostrar su unidad y que está muy vivo, no arredrándose ante los embates que nos llegan desde el ministerio y de alguna de sus terminales mediáticas". Esta insinuación se refiere a un supuesto dosier que habría circulado desde el ministerio para demostrar que los acuerdos con el colectivo se estaban cumpliendo. En su nota, el colectivo habla de este documento y señala que el papel viene a reconocer de "manera palmaria" los pactos a los que llegó el ministerio en abril de 2022 con las asociaciones de letrados.
